La evidencia no muestra mejoras macro concluyentes por ingresar a la OCDE, pero sí beneficios cualitativos clave. Para Uruguay, el proceso puede elevar estándares, credibilidad y gobernanza, con costos políticos.
En grandes líneas, ¿qué resultados arrojó la investigación que hizo sobre los países que ingresan a la OCDE?
El objetivo general de la investigación fue explicar los efectos de seguir el proceso para ser miembro de la OCDE para un país periférico como Uruguay, tomando como casos de estudio algunos países de Latinoamérica que iniciaron y completaron ese proceso (Colombia, Costa Rica) y otros comparables que no lo hicieron (Perú, Uruguay), durante el período que va de 2009 a 2019. Para ello, se acudió en primer lugar a una metodología cuantitativa, estimando la evolución de determinadas variables macroeconómicas técnicamente relevantes para medir el desarrollo en los países escogidos, durante el período mencionado (calificación de deuda, inflación, resultado fiscal y desempleo), así como la evolución de las llamadas barreras operativas e institucionales, de acuerdo con una metodología y fuentes aceptadas a nivel académico internacional, en esos mismos países y durante el período mencionado (barreras operativas como regulación laboral, efectividad del gobierno, peso del Estado, inserción internacional, capital humano, infraestructura física, infraestructura tecnológica, tratamiento de la inversión; así como barreras institucionales, como estabilidad política, corrupción y seguridad jurídica). Lo primero que debe destacarse respecto de los resultados es que la evidencia empírica no permite aseverar de manera concluyente que seguir un proceso de acceso a la membresía plena de la OCDE por un país periférico conlleva mejoras en las variables escogidas. Sí podría sostenerse en cambio que el proceso de acceso a la membresía de la OCDE no trae consigo perjuicios materiales para el desarrollo, lo que resulta un hallazgo valioso a la hora de tomar decisiones estratégicas considerando otros factores, y llevó además a que la investigación se enfocara en segundo lugar en una metodología cualitativa que permitiera una comprensión más completa de la relación entre el proceso de ingreso a la OCDE y el desarrollo de un país periférico. Con tal objeto, se realizaron entrevistas a diversas figuras clave en el ámbito de la OCDE y su relación con Latinoamérica, que revelaron un consenso generalizado entre referentes informados en que, más allá de la dificultad para demostrar empíricamente mejoras macroeconómicas directas e inmediatas, el proceso de adhesión a la OCDE sí trae consigo mejoras cualitativas de enorme valor para los países periféricos que lo llevan adelante y completan. Estos beneficios cualitativos incluyen, entre otros, la contribución decisiva de la organización para la modernización de las regulaciones, el aumento de la transparencia en la política regulatoria, la mejora en la gobernanza de las empresas públicas y el fortalecimiento de la calidad y efectividad de los servicios públicos, entre otros muchos procesos en los que la OCDE actúa como un catalizador para reformas internas y como impulsor de la mejora continua de las políticas públicas para llevarlas al más alto estándar a nivel internacional.
¿Qué implica actualmente ser miembro de la OCDE en un mundo donde los organismos están cuestionados por Estados Unidos?
A mi entender, la OCDE desempeña un papel fundamental en la definición de estándares mundiales y ofrece un foro único para el aprendizaje entre pares, con una metodología que ha demostrado enforceability o capacidad de hacer que las reformas sucedan (de eso dan cuenta con ejemplos concretos varios de los entrevistados, y el propio Uruguay en materia tributaria, aunque ello no haya sido bueno para la percepción que tiene la organización en el país). Aunque lo más importante a mis ojos es que es una organización que permite influir en la definición de esos estándares que terminan imponiéndose a un país periférico como Uruguay, o al menos evita o amortigua efectos secundarios nocivos, derivados de las decisiones de los países centrales que forman parte de la organización. El caso de Chile o Costa Rica en materia tributaria son ostensibles, pues siendo miembros han corrido mejor suerte en sus procesos de reforma que la que tuvo Uruguay, o al menos pudieron encauzar las presiones de otra manera. Para terminar, más allá de la acutal postura más reticente o transaccional del gobierno de Estados Unidos ante este organismo y los organismos internacionales en general, que tiene en parte buenos fundamentos, no debe olvidarse que la OCDE nace por el impulso de Estados Unidos, al crear el Plan Marshall, y que ha sido y es su principal contribuyente.
Uruguay, ¿debería iniciar el proceso para ser miembro de la OCDE? ¿Cuáles serían los beneficios y perjuicios?
Sí, creo que Uruguay debería considerar seriamente iniciar el proceso. Tengo esta intuición desde 2009, cuando Uruguay conoció traumáticamente esta organización, por su presión en materia fiscal, y sostuve en una serie de columnas en prensa que debíamos medirnos con los mejores sin complejos, y no demonizar a la organización o sus miembros, sino que, por el contrario, dejar de lado prejuicios y valoraciones ideológicas y aprovechar la fórmula efectiva que ofrecía y ofrece para emprender grandes reformas que nuestro país necesita. Porque al final, al decir de Catalina Crane, una de las entrevistadas y quien lideró el proceso de acceso de Colombia, la OCDE permite lograr reformas que son urgentes pero políticamente complejas. Esto lo viví colaborando con la organización mientras trabajaba profesionalmente en España y más tarde, y también de cerca viviendo en Chile cuando culminó su proceso en 2010. Aunque esa intuición fue robusteciéndose a través de diferentes proyectos de investigación, como fue el que desarrollamos en 2016 junto a Ignacio Munyo con el impulso de Pharos, el think tank de la Academia Nacional de Economía, y terminó de confirmarse con mi investigación doctoral. En esta investigación, se identificaron una serie de beneficios concretos que trae el proceso para un país periférico que lo culmina, sin dejar de lado otros potenciales de largo plazo si es miembro y entra en un ecosistema de desarrollo por décadas, como puede decirse de Corea del Sur, por ejemplo. Entre otros, mayor credibilidad internacional: la adhesión es una señal de compromiso con estándares de gobernanza y transparencia que mejora la percepción de riesgo y puede atraer inversión extranjera.
Modernización regulatoria: el proceso empuja a actualizar marcos legales y prácticas regulatorias, reduciendo barreras operativas que limitan la productividad.
Mejor gobernanza y transparencia: las revisiones por pares y la exigencia de datos fortalecen la rendición de cuentas, especialmente en empresas públicas y contratación pública.
Acceso a redes y conocimiento: participar en comités y foros técnicos facilita el aprendizaje entre pares y la adopción de buenas prácticas, amén de acceder antes a información relevante que puede tener impacto, porque al final, como suelo repetir, "si no se está en la mesa, se termina siendo parte del menú".
Esto no supone negar los costos y potenciales perjuicios, que son reales y deben gestionarse, en especial el coste político, pues algunas reformas exigidas pueden ser impopulares (ajustes fiscales, mayor transparencia en contratos, cambios regulatorios); la carga administrativa y técnica que supone preparar la documentación, sostener revisiones y cumplir con reportes periódicos demanda recursos humanos y técnicos; la percepción de pérdida de autonomía, pues hay sectores políticos o sociales pueden interpretar la convergencia a estándares externos como una limitación de la soberanía normativa, lesionando la imagen del gobierno que la lleva adelante; y la inversión económica que supone este tipo de procesos, que suele ser significativa, aunque existan organismos multilaterales que puedan financiarla en determinadas condiciones.
¿Cómo ve el camino que eligió Uruguay de pedirle a la OCDE que haga un estudio para ver qué tanto tendría que hacer para ser miembro?
Lo veo como una decisión prudente y consistente con la solidez institucional y tradición democrática de nuestro país. Es cierto que el mundo de hoy es muy dinámico y se tiende a pensar que si no se actúa rápido, se pierden oportunidades. Pero creo que no hay que dejarse llevar tampoco por ansiedades cuando se trata de pasos tan importantes como éste. El proceso habrá valido de todas formas la pena, y podrá dar lugar a un propósito o proyecto nacional. Y como sostenía Nietzsche, "quien tiene un por qué, puede soportar cualquier cómo".
El País, Uruguay
3 de mayo de 2026
