El Comercio, Perú
3 de mayo de 2026
UNIDAD DEINVESTIGACIÓN
Conseguir un puesto de trabajo en el Estado depende mucho de los certificados que colocan los postulantes en su hoja de vida. Ante la falta de fiscalización, existe un mercado de diplomas que acreditan horas de estudio que jamás se cursaron, expedidos por escuelas privadas que operan con total normalidad en el mundo virtual y cuyos documentos son aceptados sin cuestionamiento por las entidades del Estado. Escuelas como la ENPP (Escuela Nacional de Políticas Públicas), ESAC (Escuela Académica Profesional Villagaray) y Udeapolis son tres ejemplos que detectamos en redes sociales, con cursos y diplomados de hasta 384 horas académicas que, en la práctica, se obtienen en minutos. El método es siempre el mismo: se paga, se rinde un examen breve ?que cualquier programa de inteligencia artificial (IA) gratuito responde sin dificultad? y el certificado llega de forma digital. El acceso a la plataforma de ENPP nos costó S/299 y nos habilitó casi cien cursos y diplomados. Elegimos el de Analista de Datos con Power BI con seis clases de menos de dos horas cada una, que no son necesarias de ver. Diez preguntas de opción múltiple respondidas por ChatGPT nos dieron 16 de nota, por encima del mínimo de 14. También realizamos el diplomado del Sistema Nacional de Presupuesto Público y un curso de inglés. En 15 minutos, sin reproducir un segundo de clase, teníamos dos diplomados de 384 horas y un curso de 12 horas. Con ESAC fue similar. Por S/60 compramos tres diplomados. Nos enfocamos en el de Gestión Pública y realizamos dos exámenes con la IA. En hora y media, obtuvimos el certificado. Al preguntar por la validez de sus certificados, representantes de la escuela citaron una normativa que fue derogada en diciembre del 2025.? No solo son diplomados ?Udeapolis suma otra capa al problema. Esta plataforma ofrece cursos certificados a nombre del Colegio de Abogados de Cañete, con figuras del perfil público como el suspendido fiscal José Domingo Pérez o la abogada Giulliana Loza. Solicitamos el curso de Loza, el que contenía cinco preguntas, las cuales contestamos con ayuda de la IA. Diez minutos después de contactar con la institución por WhatsApp, el certificado llegó a nuestro correo. El documento tenía detalles incongruentes. Indicaba que el curso se realizó entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre del 2025, cuando lo obtuvimos en abril del 2026. Además, para justificar las 24 horas académicas, la institución desglosa: tres horas de clases, diez de materiales de lectura, seis de videos, tres de lectura de diapositivas, una de examen, una de preguntas y respuestas.Roxana Noli, gerenta de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades de Servir, fue tajante respecto a la justificación de las escuelas: la norma que citan ?141-2016-Servir-PE? fue derogada. ?La norma actualizada tampoco valida diplomados ni establece horas?, remarcó la funcionaria.Mientras que, al ser consultada, la abogada Loza respondió que era una clase ?antigua? y que desconocía que Udeapolis la comercializaba como un curso. De José Domingo Pérez no obtuvimos respuesta.El Colegio de Abogados de Cañete nos confirmó que sí tienen convenio con Udeapolis, pero no volvieron a contestar cuando nos presentamos como periodistas.?Un mercado sin control?Estas escuelas no actúan en la clandestinidad: se publicitan en redes sociales, cobran por canales formales y emiten certificados con firma. El ciudadano que adquiere estos cartones necesita acreditar 240 horas o 384 horas porque las convocatorias del Estado lo exigen y estas plataformas ofrecen la solución más rápida y barata del mercado: el jirón Azángaro quedó atrás.Noli confirmó que no existe ninguna entidad encargada de supervisar o fiscalizar a las personas jurídicas que ofrecen estos servicios. Mientras que el exministro de Educación Idel Vexler consideró que se debe sancionar tanto a las instituciones que ofrecen los diplomados ?como a los que los validan?.
