Caso Grollmus: Víctimas denuncian una campaña para presionar a la justicia y a los testigos protegidos

En medio de la tramitación de un recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema por la defensa de dos de los 21 acusados de participar, el 29 de agosto de 2022, en el masivo ataque armado y posterior incendio contra instalaciones de la familia Grollmus en Contulmo, y de manifestaciones que exigen su libertad y los califican de "presos políticos mapuches", las víctimas del hecho denuncian una campaña para presionar al Poder Judicial y a los testigos protegidos que declararán en el juicio oral.
Si bien los hechos ocurrieron en la provincia de Arauco, al sur de la Región de Biobío, y serán ventilados en el Tribunal Oral de Cañete, durante la tarde del lunes hubo protestas -con barricadas incendiarias y enfrentamientos de encapuchados con carabineros- en el entorno de la Universidad de la Frontera, en Temuco, capital de La Araucanía.
Junto con reclamar por la excarcelación de quienes estarían vinculados, según la investigación del Ministerio Público, al grupo delictual Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), también se levantaron pancartas para pedir el fin del estado de excepción, que el 17 de mayo cumplirá cuatro años de aplicación ininterrumpida en cuatro provincias y 53 comunas de la macrozona sur.
De igual modo, a través de plataformas digitales ligadas al activismo mapuche radicalizado, entre ellos la radio Kurruf, se difundieron rayados en muros de las ciudades de Santiago, Concepción y Buenos Aires (Argentina) con proclamas en adhesión a quienes cumplen prisión preventiva como coautores del ataque a los Grollmus.
"Afán de intimidar"
Christian Grollmus, sobreviviente del ataque incendiario y juez de Policía Local, advierte que "estamos frente a una campaña orquestada dirigida en contra de nosotros como víctimas, con el afán de intimidar". Recalca que "a estas personas no se les puede dar el estatus de presos políticos, porque pertenecen a un grupo criminal que, al día siguiente de la balacera en donde cuatro personas estuvimos en riesgo de morir, se adjudicaron el ataque a través de redes sociales, lo que nunca fue desmentido".
Grollmus insiste en que "los 21 detenidos están identificados como autores, dentro de un grupo cercano a la treintena de participantes, donde todavía quedan personas por detener y que están con orden de captura" y sostiene que el actual escenario del caso que afectó a su familia "es la típica estrategia que tienen estos grupos, que buscan victimizarse e influir en la opinión pública y los tribunales para que la justicia se vea amedrentada".
Respecto de cómo puede afectar este tipo de presiones a quienes declararán como testigos protegidos en la causa, Christian Grollmus sostiene que "esperamos que no tenga efectos, aunque claramente son estrategias de ellos para influir".
A la luz de la experiencia, añade, "en juicios anteriores por acciones tan dramáticas y crueles como las que nos afectaron a nosotros, todas estas presiones no han logrado ningún efecto y esperamos que así sea también en el caso nuestro y en otros que puedan venir".
Tribunal de Cañete ordena acumular causas
Ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete ordenó acumular las dos causas con las que el Ministerio Público de Biobío investigó a los hasta ahora 21 detenidos como presuntos autores del ataque a los Grollmus.
En la primera, cuyo juicio está programado para el 23 de junio, se indagó la participación de dos personas que en la fecha del ataque eran menores de edad. En la otra -cuya preparación de juicio terminó en abril y ayer quedó calendarizada para el mismo 23 de junio-, las indagatorias se concentraron en 18 adultos y un tercer menor que también habrían sido parte del grupo. Según la fiscalía, se trata de una organización delictual que coordinó el ataque, distribuyó tareas y planificó la acción durante un año.
En su argumentación, el tribunal expuso que "desde la perspectiva de las garantías de los acusados, desarrollar un solo juicio permitirá fijar la audiencia dentro del plazo más próximo posible, que es la audiencia ya fijada para el 23 de junio".
AMPARO   La Defensoría de Biobío pide adelantar el juicio contra quienes eran menores en 2022.