El Comercio, Perú
7 de mayo de 2026
Tras consultas de El Comercio, se pudo conocer que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones (APP), recién daría cuenta del caso la próxima semana.
En el Congreso permanece congelada ?desde el 22 de enero del 2025? una denuncia constitucional del Ministerio Público contra el congresista y hoy candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por la presunta designación irregular de un alto funcionario cuando era ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno del vacado expresidente Pedro Castillo. La documentación llegó a la Oficialía Mayor del Parlamento cuando María Acuña (APP) presidía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), órgano encargado de tramitarla, y continuó sin evaluarse durante la gestión de Lady Camones, designada titular del grupo en agosto del 2025 e integrante de la misma bancada.Sin embargo, luego de 470 días sin trámite, la subcomisión recién daría cuenta de la denuncia entre el martes y el jueves de la próxima semana para iniciar con el procedimiento parlamentario. Así lo indicaron fuentes de El Comercio tras consultas realizadas sobre el estado del caso.Tras la dación de cuenta, se deberá calificar la denuncia en un plazo de 10 días hábiles para determinar si pasa a una etapa de investigación congresal o simplemente se envía al archivo. De ser procedente y tener la venia de la Comisión Permanente, el caso podría terminar en una acusación constitucional contra Sánchez.El Comercio se comunicó con la presidenta de la SAC, Lady Camones, pero tras ser consultada sobre las razones por las que no revisó este caso durante su gestión, respondió que no daría declaraciones. Consultadas por este Diario, las fuentes aseguraron que la presidenta de la SAC no dio cuenta de la denuncia al priorizar casos antiguos y otros coyunturales durante los meses que lleva al frente de la subcomisión. ?El caso?A Sánchez se le atribuye ser autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado por el presunto direccionamiento de la contratación del ciudadano Daniel Abarca Soto como asesor 1 del Gabinete de Asesores del Mincetur.La denuncia sostiene que la actuación del exministro no respondió al interés de beneficiar a la administración pública, sino al propósito de atender un requerimiento expreso del entonces primer ministro Guido Bellido.
