Demanda en Estados Unidos de editoriales contra empresa de IA busca defender la propiedad intelectual

Aunque ocurre en otra latitud, los hechos podrían extenderse a Chile. El martes en la mañana, las grandes editoriales Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier y Cengage, más el autor superventas Scott Turow (de novelas como "Se presume inocente" y "El peso de la prueba", entre otras), demandaron a la empresa Meta -que agrupa a Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger y Threads- y su fundador y controlador, Mark Zuckerberg, por piratear millones de textos y libros protegidos por derechos de autor para entrenar su modelo de inteligencia artificial, IA Llama.
Presentada en una corte del distrito sur de Nueva York, la bien documentada demanda (68 páginas) alega que los ingenieros de Meta utilizaron libros y artículos de revistas pirateados para entrenar el programa, descargando copias sin licencia, y que "el propio Zuckerberg autorizó personalmente y fomentó activamente la infracción".
El texto hace varias precisiones sobre por qué es un delito utilizar textos protegidos por el derecho de autor sin pagar por ellos. Señala que un principio fundamental del ecosistema literario "es que la editorial es la guardiana de los derechos del autor y asume derechos exclusivos" sobre la obra; que el sistema comercial creado por los demandados "se apropia del valor económico de las obras, elimina un mercado legítimo de licencias y permite que los demandados se beneficien indebidamente de inversiones que no realizaron. Este es precisamente el tipo de daño que los derechos de autor pretenden prevenir".
En un comunicado de la Asociación de Editores de América, David Shelley, director general de Hachette Book Group, señaló que "permitir un robo tan generalizado sería devastador para todos los autores y para toda la industria editorial" y su par de McGraw Hill, Philip Moyer, afirmó que "está demostrado que se pueden crear modelos de IA y que la innovación puede prosperar sin infringir estos derechos".
En Chile, la demanda estadounidense ha hecho ruido, sobre todo porque ha coincidido con el artículo 8 del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional que presentó el Gobierno hace dos semanas y que busca modificar la Ley de Propiedad Intelectual. Se trata de agregar una excepción en dicha normativa que permita no pagar ni pedir autorización cuando se utilice el material protegido por derecho de autor "para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos". La polémica que levantó el tema obligó al Gobierno a señalar que presentaría una indicación para compensar la utilización de datos.
La discusión nacional
"Debemos estar atentos al fallo de este caso y analizar cómo traer o adaptar resoluciones a nuestro marco regulatorio", comenta Francisca Muñoz, directora ejecutiva de Editoriales de Chile, asociación gremial que reúne a más de 90 sellos. Sobre el proyecto de ley del Gobierno, afirma que está reponiendo un artículo ya rechazado en 2024. "En caso de aprobarse, será un gran golpe a la propiedad intelectual, ya que el artículo beneficia casi exclusivamente a las grandes empresas tecnológicas en desmedro de creadores y creadoras, de todos los rubros, no solo del ecosistema del libro", explica.
La abogada experta en propiedad intelectual, industrial y nuevas tecnologías Bernardita Dittus, socia del estudio Epic Legal, recuerda otras demandas parecidas a la actual y considera que el argumento esgrimido por empresas como Meta sobre el fair use, o uso justo, "supone una expansión extremadamente agresiva de la doctrina, llevándola mucho más allá de su lógica histórica". Señala que se ha hecho necesario "construir mecanismos regulatorios específicos" que demuestran "que el uso masivo de obras protegidas afecta intereses jurídicamente tutelados y requiere intervención normativa".
Sobre la situación chilena, afirma que el polémico artículo "no logra de ninguna manera sostener el equilibrio necesario entre derechos de autor y desarrollo tecnológico" y sugiere que el trabajo legislativo debe apuntar a establecer obligaciones de transparencia. "El verdadero debate ya no consiste en determinar si existe afectación, sino en decidir qué nivel de protección efectiva conservarán los autores frente a tecnologías capaces de absorber, procesar y reutilizar industrialmente el patrimonio creativo".
Esa sensación de que el debate ya superó la etapa de aceptar o no el uso de IA la subraya el escritor Francisco Ortega: "Creo que la demanda llegó muy tarde. ¿Cómo vas a parar esto?, ¿la van a desconectar? Si ya no se puede". Sobre la propuesta de cambio normativo del gobierno chileno, por su parte, Ortega pone el acento en cómo se podrán proteger las editoriales pequeñas frente a un caso de uso indebido de material.
Y aunque está en Londres justo en un congreso sobre propiedad intelectual, y cuenta que es el tema del momento, el abogado Rodrigo Velasco, socio del Estudio Alessandri Abogados, comenta que el caso estadounidense es solo "una demanda más de miles que vamos a ver hasta que se sienten todos los involucrados y se pongan de acuerdo en cómo compartir las ganancias de la IA".