Posible "secuestro de la función pública" y lo "grave de conducta", entre argumentos para dejar en prisión preventiva a Lavín

"De ser cierta la descripción de las conductas de los imputados, se está frente a una red de corrupción". La frase es parte de la resolución que, con calma, leyó ayer el juez de garantía Daniel Urrutia, durante cerca de 40 minutos. Poco después de las 12:00 horas, el magistrado dio inicio a la última de las cinco jornadas de formalización, que terminó con la prisión preventiva de Joaquín Lavín León, quien fue diputado por tres períodos, entre 2014 y 2026. El excongresista cumplirá la medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Yáber, que suele ser el penal donde ingresan los imputados por delitos económicos.
Fue justamente en ese tiempo que el exlegislador habría cometido al menos tres delitos en carácter de reiterados, según le imputó la fiscalía. Fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil, relacionados con la emisión de boletas a la Imprenta MMG, por servicios que no se habrían prestado y que habrían sido financiados con asignaciones parlamentarias. Y los mismos delitos por financiar el desarrollo de SocialTazk para el envío de mensajería masiva, que implicó abocar a su equipo de asesores en la tarea de verificación de bases de datos. Ello implicaría que se montó un call center electoral en la sede de la UDI, el partido de Lavín hasta su renuncia posallanamientos a su oficina del Congreso, en octubre de 2024.
También, un eventual tráfico de influencias, durante la administración de su esposa como alcaldesa de Maipú (2016-2020), donde Lavín habría instruido desvinculaciones, reincorporaciones, contrataciones, movimientos y enroque de funcionarios. Así como también haber utilizado sus contactos para recibir bases de datos a utilizarse en SocialTazk.
Alegaciones de defensa no fueron suficientes, según el tribunal
Así, el juez Urrutia citó a diversos autores, como Mauricio Merino, "sobre el estado capturado", quien plantea que "la corrupción no debe entenderse como un conjunto de actos ilícitos predefinidos, sino como un fenómeno sistémico donde la función pública es secuestrada por intereses particulares".
Hizo mención a "el profesor mexicano Luis Daniel Vázquez Palencia en su libro Corrupción y Derechos Humanos". Y desarrolló que "la gravedad y carácter de las conductas descritas constituyen macrocriminalidad. En palabras del profesor Vázquez, en contexto de corrupción sistémica, ya no hablamos de delitos comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el Estado y el crimen organizado".
Respecto de los alegatos, sostuvo que "todos los antecedentes y supuestos permiten al tribunal presumir de manera fundada que los imputados señalados han tenido participación en los delitos formalizados (...), además, las alegaciones de las defensas en este estado y procesal, no han alcanzado, por falta de prueba respecto a los hechos formalizados, a controvertir suficientemente los antecedentes del Ministerio Público". Así, el juez terminó por decretar la prisión preventiva de Lavín y de su asesor Arnaldo Domínguez. Durante la semana se dictaminó arresto domiciliario a Juan Silva, representante de la imprenta, mientas que Felipe Vázquez, desarrollador de SocialTazk enfrentará un proceso de extradición por encontrarse en España.
Más de $200 millones en fraude, insiste fiscalía
La fiscal Constanza Encina expresó, tras la resolución de Urrutia, "son cerca de $220 millones en lo que tiene relación con las facturas falsas y también la utilización del personal de apoyo de la Cámara de Diputados para fines electorales y de campaña".
En la audiencia dijo que Lavín habría facilitado la herramienta SocialTazk a cerca de 70 candidatos UDI, además de a otros parlamentarios de la tienda política. Consultada sobre la posibilidad de nuevos imputados, Encina sostuvo que "aún queda investigación, aún queda mucho por resolver respecto de cuál es la extensión final que tiene el uso de esta aplicación".
Ahora, entre las dudas que debiera despejar la fiscalía es si el padre del exdiputado, Joaquín Lavín Infante, ex candidato presidencial y dirigente UDI, tiene alguna implicancia en el caso. Ello, porque durante la exposición del Ministerio Público en la formalización, se expuso que el call center habría operado durante la campaña presidencial de Lavín Infante y que se habrían enviado mensajes en favor de este. No obstante, la fiscal regional Lorena Parra dijo, sobre una posible participación de Lavín padre, que "no hay antecedentes concretos por ahora. La investigación continúa con la misma rigurosidad. De existir algún antecedente, indiscutiblemente esa arista se va a investigar, pero el día de hoy no los hay".
Cathy Barriga cuestiona decisión del magistrado
Ayer, Lavín fue acompañado por su esposa, Cathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario en el marco de una causa por un eventual fraude de $32 mil millones en Maipú. Tras la resolución, comentó que "todo este proceso y el tiempo que se ha llevado, a nosotros nadie nos los devuelve. ¿Cómo voy a recuperar todo el daño que se ha hecho?".
En tanto, el abogado defensor de Lavín, Cristóbal Bonacic, aseguró tras la resolución que apelarán, y aunque evitó referirse a que lo establecido por el juez Urrutia es una resolución política, indicó que "no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que presentamos. Un fallo que no responde a lo que se ventiló durante cinco días. Así que, por lo tanto, esto es un tema que no está cerrado, nos queda una serie de recursos que se van a presentar (...). Y honestamente, por el tenor de resolución, no me cabe ninguna duda que este es un tema que el tribunal lo tenía resuelto desde el inicio de la audiencia".
DesafueroLa fiscal Constanza Encina afirmó que buscará ampliar el desafuero para sumar delitos electorales a Lavín.
''Honestamente, por el tenor de resolución, no me cabe ninguna duda que este es un tema que el tribunal lo tenía resuelto desde el inicio de la audiencia".
CRISTÓBAL BONACIC ABOGADO DE JOAQUÍN LAVÍN
''Todos los antecedentes y supuestos permiten al tribunal presumir de manera fundada que los imputados señalados han tenido participación en los delitos formalizados".
DANIEL URRUTIA JUEZ DEL 7° JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO
''(Sobre posible participación de Lavín padre) No hay antecedentes concretos por ahora. (...) De existir algún antecedente, indiscutiblemente esa arista se va a investigar".
LORENA PARRA FISCAL REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE