Comisión de Verdad y Niñez asiste a la Cámara de Diputados para abordar renuncia de cuatro integrantes

Una escucha por profesional al mes. Ese es el saldo con el que se encontró la administración entrante, comentan entre conocedores, respecto del trabajo de los 30 profesionales de escucha de la Comisión Verdad y Niñez, que en siete meses de trabajo recopilaron 233 testimonios. El objetivo de la comisión es esclarecer las violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes bajo custodia del Estado desde 1979.
Fue en el marco de esos hallazgos que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, determinó reducir gastos asociados a la instancia, lo que generó la renuncia de cuatro de los siete comisionados: Soledad Larraín, presidenta; Matías Marchant; María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner, cercanos a la izquierda y centroizquierda. Algunos conocedores también comentan que la propuesta del ministerio sobre condiciones laborales, como el trabajo ad honorem -que hasta ahora solo realiza el comisionado Miguel Cillero- habría impulsado las renuncias.
Con todo, los renunciados seguirán en su cargo hasta el 15 de mato y mañana tendrán que presentarse en la comisión de Familia de la Cámara, junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
En específico son seis los puntos a abordarse en la cita, en los que destaca informar sobre "las medidas adoptadas para garantizar su adecuado funcionamiento, su continuidad e independencia, y los fundamentos de las decisiones recientes en su conducción, considerando la relevancia de dicha instancia para el esclarecimiento de vulneraciones a los derechos de niños".
Además, "cómo afectaría el eventual recorte presupuestario del 3% en esta entidad" y un "balance detallado del uso de los recursos administrativos asignados, especificando su ejecución hasta antes de la renuncia de los comisionados y las medidas adoptadas para subsanar las dificultades presupuestarias y de gestión previamente advertidas por la propia comisión en su presentación ante esa instancia".
Al comunicar su decisión, los renunciados señalaron que "la escucha de testimonios no puede reducirse a un trámite. Exige confianza, continuidad, especialización y resguardo ético. Las personas afectadas no son fácilmente identificables ni accesibles sin trabajo territorial sostenido, sin acceso a registros históricos -aún negado- y sin equipos que hayan construido vínculos en contextos de alta desconfianza hacia el Estado".
Ad honorem
Algunos conocedores del conflicto plantean que la renuncia se gatilló, en parte, por el cambio de contrato a ad honorem .