Legisladores del oficialismo cuestionaron la decisión de Ferrero, que encontró, a su vez, respaldo en la oposición, sobre todo en el Partido Colorado; en Cabildo Abierto, mientras tanto, entienden que debería encontrarse un nombre de consenso que evite estas tensiones.
Desde fines de 2017, cuando comenzó a funcionar el vigente
Código del Proceso Penal, las decisiones de la Fiscalía General de la Nación dejaron de ser indiferentes para el sistema político. Pero en los últimos años, luego de que su conducción dejara de estar a cargo de
Jorge Díaz el actual prosecretario de Presidencia renunció al cargo de fiscal de Corte en octubre de 2021, el organismo se ha acostumbrado a navegar en un mar de polémicas que se ha embravecido a partir de la asunción del presidente
Yamandú Orsi en marzo de 2025, y del
respaldo inflexible de la actual oposición, algunas semanas atrás, a la titular del Ministerio Público,
Mónica Ferrero.
Los preparativos para la puesta en funcionamiento de la nueva
Fiscalía de Cibercrimen, y una definición tomada al respecto por parte de Ferrero en las últimas horas, fue el desencadenante de un nuevo momento de tensión que tiene a esta institución nuevamente en la mira del
Poder Ejecutivo, y de varios de los principales actores del
Frente Amplio.
Ferrero nunca fue un nombre que generara confianza en la Torre Ejecutiva de esta administración. De hecho, un objetivo específico planteado por la gestión de Orsi para este período que hoy parece lejano, si no imposible, de alcanzar era encontrar un nombre de consenso capaz de que fuera votado por la mayoría de tres quintos del Senado que obliga la Constitución que relevara del cargo a Ferrero, a quien más allá del respaldo institucional que ha dado siempre el presidente de la República, en el gobierno no ven como la persona idónea para encabezar un organismo cuya gestión, a ojos del Ejecutivo, es "caótica", por decir lo mínimo.
La decisión que tomó en las últimas horas no hizo más que profundizar la distancia política que tienen integrantes del gobierno con la jerarca. Es una definición que se encuentra en trámite: el funcionario a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno,
Alejandro Machado, pasará a desempeñarse en la nueva Fiscalía de Cibercrimen, creada en la Ley de Presupuesto Nacional del año pasado, y en su lugar asumirá el fiscal de Flagrancia
Diego Pérez.
Este cambio, que como se verá fue fustigado por líderes de la coalición de izquierda que el año pasado reaccionaron
convocando al Parlamento la jerarca ante traslados relevantes se debió a que Machado había comunicado a la jerarca que tenía intenciones de abandonar la Fiscalía en la que se encontraba. En paralelo, Ferrero tenía en cuenta que quien asumiera en la Fiscalía de Cibercrimen debía tener conocimiento y experiencia sobre "estafas y fraudes". Machado, por su parte y por disposición de la propia Ferrero, ya venía capacitándose en cibercrimen: había viajado a Washington para asistir a un curso sobre esta materia, junto con otros dos fiscales, dijo a El País una fuente del Ministerio Público. "Machado se ha ido preparando en este tema", precisó el informante.
El traslado se efectivizará el 19 de mayo, y desde entonces, y hasta que Pérez asuma su nuevo destino, el fiscal que subrogará ante la ausencia de Machado será
Gilberto Rodríguez.
El oficialismo de punta, el respaldo colorado y la advertencia de Cabildo
Machado tiene a su cargo en este momento dos causas de gran interés para el oficialismo: aquella en la que se investiga
presuntas ilegalidades en el proceso de adjudicación al astillero Cardama para la construcción y entrega de dos patrulleras oceánicas de tipo OPV, en un contrato que la actual administración rescindió por presuntos incumplimientos e irregularidades graves de la empresa gallega; y la que tiene en el centro al exasesor presidencial
Roberto Lafluf y la presunta
destrucción de documentos públicos en el piso 11 de la Torre Ejecutiva durante la anterior gestión, un caso vinculado a la
entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, hoy preso en Nueva York.
Que ahora se haga un movimiento que afecte indagatorias de esa sensibilidad, y que al frente de estas pase a estar el fiscal Pérez, es algo que no cayó en gracia en la Torre Ejecutiva, dijeron a El País fuentes oficiales.
Y los pronunciamientos del Frente Amplio fueron en esa misma línea.
"Es raro que se cambie, sin justificación alguna, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de los principales casos sobre irregularidades e ilicitudes del gobierno anterior dijo, por ejemplo, el senador del MPP
Daniel Caggiani, en su cuenta de X. Es muy raro. Vamos a estar atentos para ver a quién designan en su lugar".
El exsenador
Charles Carrera quien esta semana recibió
la acusación fiscal por una condena a cuatro años de prisión por delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada también cargó contra Ferrero por anunciarse, "el mismo día" en que él conoce la condena requerida por Sandra Fleitas, la decisión de la jerarca, la que según opinó tiene por objeto "blindar a Lacalle Pou en los casos Cardama y Marset".
"La fiscal interina tomó la decisión de trasladarlo justo ahora", escribió en un tono similar, también en X, el senador
Aníbal Pereyra. "Las cosas están muy claras y la gente no es tonta. Es un lawfare a cielo abierto".
Por el lado de la oposición, sobre todo en filas de los partidos tradicionales, hubo mensajes de respaldo, en particular de parte de las dos principales figuras del
Partido Colorado. Su secretario general, el senador
Andrés Ojeda, restó importancia en entrevista con Canal 5 a la decisión institucional de Ferrero, en parte porque "las tres (fiscalías de Delitos Económicos) siempre van a tener causas polémicas de alto perfil político, inevitablemente", con lo que si la jerarca espera a que "no tengan ninguna" para definir los traslados, no se harían "nunca". "Machado pujó para ser fiscal de Cibercrimen; no quería estar ahí", agregó Ojeda, quien negó que hubiera "mano negra de ningún tipo".
El
senador
Pedro Bordaberry, en declaraciones a El País, opinó algo muy parecido. "La fiscal de Corte es quien tiene potestad para dirigir la Fiscalía. Entenderá que son los que corresponde, por lo que creo que, desde el Poder legislativo, no deberíamos opinar sobre estas cosas".
El que marcó una postura distinta fue
Álvaro Perrone, uno de los dos diputados de
Cabildo Abierto. Si bien recordó su participación en la conferencia de prensa del
17 de marzo en la que la coalición republicana, íntegramente representada, se mostró unida en el respaldo a Ferrero, el cabildante entiende que situaciones como estas, en la que la Fiscalía queda en medio del fuego cruzado "de los dos grandes bloques políticos", deberían evitarse. Y esto solo puede lograrse con la designación de una figura que reúna unanimidades.
"Está claro que la conducción de la Fiscalía sigue sin solucionarse dijo Perrone a El País. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, porque con Ferrero, aparentemente, no está la solución, sino ya se la hubiera votado".
El País, Uruguay
16 de mayo de 2026
