Propietarios piden que autoridades expliquen por qué no reanudan el desalojo de la toma en San Antonio

"Se hace absolutamente indispensable, en pos de velar por los principios del Estado de Derecho, seguridad jurídica y cumplimento y respeto de las resoluciones judiciales, que se pida cuenta a las instituciones estatales mandatadas por el fallo, para que expongan sobre el cumplimento del plan de desalojo parcial de los ocupantes ilegales que aún se mantienen en parte de los terrenos de propiedad de mis representados".
De esta manera, el abogado de la constructora San Antonio S.A., Diego Pereira, solicitó a la Corte de Valparaíso que exija a las autoridades explicar, "bajo apercibimiento de desacato", por qué no han reanudado el lanzamiento de los usurpadores de la parte del predio que es objeto de la megatoma en la homónima ciudad portuaria, y que sigue siendo propiedad de su cliente.
Tal desalojo afecta a las 105 hectáreas en que viven unas 1.700 familias y que están fuera de las 110 hectáreas en expropiación por parte del Minvu. El procedimiento partió en enero, con una resistencia violenta de los ocupantes, y había avanzado en regresar a sus dueños 62 há, desplazando de ellas a 756 familias, cuando fue suspendido, ya que la fuerza pública regional debió abocarse a la seguridad del Festival de Viña del Mar.
Pero en el escrito ingresado a la Corte, los propietarios del terreno señalan que de acuerdo con su programación inicial, en abril debieron haber recuperado la totalidad del predio que no está siendo expropiado, pero sigue pendiente hacerlo con 29 hectáreas.
"Preocupante es la absoluta falta de comunicación por parte de las autoridades", pese a las solicitudes formuladas al delegado (Manuel) Millones, dice el escrito. Por ello, pide que los ministerios del Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, y el municipio de San Antonio, rindan cuenta a la Corte del cumplimiento del fallo dictado en junio de 2023 por la Suprema.
Ayer, el aludido delegado presidencial regional sostuvo que "hemos tenido reuniones con vecinos agrupados en comités y en cooperativas para dar información y el Minvu entregó un catastro actualizado relevante para continuar el desalojo".
1.700 familias vivían en el predio que no está siendo expropiado por el Ministerio de la Vivienda.
2.300 ocupantes ilegales han sido desalojados hasta ahora del campamento, desde que el operativo partiera en enero.