En el oficialismo, que puede aprobar un proyecto haciendo uso de su mayoría en la Comisión Administrativa, prima de todas formas la idea de que debe existir acuerdo partidario para llevarlo adelante.
El diputado Juan Martín Rodríguez compareció junto al senador Carlos Moreira, ambos integrantes de la
Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, para informar a las bancadas del Partido Nacional sobre lo expuesto por la vicepresidenta de la República,
Carolina Cosse, respecto de las intenciones de la jerarca de realizar una importante
intervención no solo en el
histórico edificio, sino también en su entorno.
Con relación a las obras proyectadas, las conclusiones de los blancos en línea con lo planteado desde un principio fue decir que "no" al anteproyecto original de la
vicepresidenta por entenderlo "inoportuno".
A su vez, se transmitió lo resuelto al
Frente Amplio (FA) y también al
Partido Colorado, que no acompañará el proyecto presentado por Cosse asistida por la ingeniera civil Natalia Castro y el arquitecto
Salvador Schelotto al entender que no corresponde realizar este tipo de inversiones en un momento de "restricciones
presupuestales y de necesidades más prioritarias".
De parte de los colorados, ya se había cuestionado que lo propuesto originalmente tendría un costo bastante superior a los
US$ 10 millones con los que cuenta el Parlamento para recuperar los espacios del
Palacio Legislativo, recursos asignados en el marco de los 100 años del
icónico inmueble.
En una reunión que tuvo lugar el pasado 14 de mayo, en la que Cosse informó oficialmente sobre el anteproyecto, el senador colorado
Tabaré Viera planteó que, según cálculos realizados por su partido, y dadas las características de lo presentado originalmente, el costo no bajaría de los US$ 15 millones, es decir, un 50% más que los recursos disponibles para recuperar espacios del
Palacio Legislativo.
Por su parte, otro integrante de la
Comisión Administrativa estimó que así como está proyectado el plan original, solo la construcción de un nuevo
anexo rondaría en un gasto cercano a los US$ 8 millones.
En esta línea, desde el
Partido Nacional se transmitió al FA que los blancos van a "quedar a la espera de lo que defina la
bancada de gobierno, en relación a que aspectos del proyecto original hacen suyos, para analizarlos oportunamente".
Tras comunicarle al oficialismo su postura, Rodríguez dijo a El País que ahora "la pelota está en la cancha del FA".
Además, reclamaron que se suscriba un convenio de cooperación técnica con la
Intendencia de Montevideo para actualizar los estudios vinculados a una 'intervención urbana integral', que no solo involucra al edificio y su explanada, sino que también contempla la construcción de un nuevo anexo, un CAIF, un hogar estudiantil y la semipeatonalización de un tramo de la
avenida General Flores, según el borrador original.
La Comisión Administrativa está integrada actualmente por cuatro
legisladores del oficialismo (Cosse, Daniel Caggiani, Carlos Reutor y María Inés Obaldía) y tres de la oposición: Rodríguez y Moreira, por el
Partido Nacional, y Viera, por el
Partido Colorado.
Para que un proyecto final sea aprobado que, en el caso de lo trascendido y según aclaró Cosse, se trata de una idea "disparadora" con posibilidad de cambios se requiere la mayoría de votos en la Comisión Administrativa, sin necesidad de que pase al pleno ni por la
Asamblea General.
No obstante, aunque el FA aún no definió una
postura oficial, a la interna existen diversos reparos respecto al financiamiento del anteproyecto original y se entiende que, para llevar adelante obras de
infraestructura como la planteada sobre cuya necesidad de restaurar distintos espacios del
Palacio Legislativo existe coincidencia entre todos los partidos, se requiere consenso y un acuerdo
multipartidario.
Por lo pronto, desde el oficialismo se ha optado por mantener silencio y predomina la posición de que se siga analizando la posibilidad de hacer una
intervención más acotada a la originalmente planteada. Por tanto, dada la negativa de blancos y
colorados, es poco probable que el
FA haga valer su mayoría para aprobar el anteproyecto original, que seguramente será
reformulado en el correr del año.
Valor patrimonial
Durante la sesión de la Comisión Administrativa del pasado jueves 14, Cosse argumentó la necesidad de hacer una intervención: "El Palacio tiene una enorme carga funcional. Es un edificio
histórico patrimonial, que tiene un valor excepcional invaluable, seguramente, pero que hoy concentra usos, archivos, circulaciones, oficinas y actividades que no siempre son compatibles con su preservación, con la seguridad de las personas que trabajan acá y en general con las exigencias actuales de funcionamiento. Entendemos que cuidar el
Palacio no es solamente restaurarlo, que es muy importante, ni es solamente iluminarlo. Es un proceso que también debe incorporar a su entorno. La idea, entonces, es descomprimirlo, descongestionarlo, protegerlo, ordenar sus usos, generar condiciones para que pueda seguir cumpliendo su función institucional sin deteriorar su
valor patrimonial".