El Comercio, Perú
20 de mayo de 2026
Según la entidad, la contratación directa por S/110,9 mlls. para habilitar un sistema de videovigilancia se realizó en el contexto de la emergencia por la inseguridad ciudadana.
La compra directa de S/110,9 millones para instalar 40.000 cámaras de videovigilancia en 8.000 buses de transporte público, impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), no solo enfrenta cuestionamientos administrativos y técnicos, sino que también ha escalado al terreno judicial. Una denuncia penal interpuesta por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, acompañada por un recurso de nulidad, apunta a los funcionarios que otorgaron la buena pro al Consorcio Perú-Bolivia.Un documento clave para entender la denuncia es el Informe N.° D-000630-2026-ATU/GG-OA-UA, emitido del 18 de marzo del 2026 por la Unidad de Abastecimiento de la ATU. El área advirtió que el requerimiento presentaba deficiencias que podían dificultar que el mercado cumpliera con las exigencias planteadas y generar ?información incongruente? ante los órganos de control. Tras ello, la ATU formuló una quinta versión del requerimiento y, 20 días después, adjudicó el contrato por S/110?998.473,60.Antes de esta contratación directa, la ATU había impulsado un concurso público superior a S/55 mlls. para instalar más de 16.000 cámaras en buses y taxis, proceso que terminó anulado en el 2025, tras más de 581 consultas y observaciones. Luego, bajo el argumento de la emergencia por inseguridad ciudadana, la entidad reformuló el proyecto, duplicó el costo y amplió el sistema a 5 cámaras por bus, monitoreo centralizado, conectividad y almacenamiento por tres años.?La denuncia?La denuncia presentada por el consorcio SEBHEC-IDELCOMV sostiene que las observaciones persistieron incluso después de la reformulación del expediente. Entre los cuestionamientos figura una presunta contradicción entre anexos respecto de las especificaciones de los lentes de las cámaras.También se cuestionan las especificaciones del sistema UPS exigido para proteger los equipos frente a variaciones eléctricas en los buses. Además, se advierte que el hardware seleccionado no demostraría certificaciones internacionales para soportar vibraciones constantes y condiciones propias del transporte vehicular.Rodrigo Linares, especialista en contrataciones públicas, señaló que las inconsistencias en los términos de referencia (TDR) podrían haber generado dificultades para los postores al formular sus ofertas. ?Defiende proceso de compra?La ATU defendió la legalidad y transparencia del proceso. A través de su vocero Pavel Flores, sostuvo que las observaciones detectadas en los TDR formaron parte de una ?retroalimentación con el mercado? y aseguró que la contraloría y el Ministerio Público ya cuentan con toda la documentación relacionada con la contratación.Sobre la apelación presentada por el consorcio, que solicita la nulidad del proceso, Flores confirmó que el recurso se encuentra en trámite. ?La apelación consiste en la impugnación de cualquiera de los postores cotizantes?, señaló, y precisó que la decisión final se adoptará sobre la base de la verdad material.Respecto de las observaciones internas sobre los TDR, el funcionario negó inicialmente que existiera una quinta versión del expediente, aunque luego reconoció que internamente pudieron existir múltiples ajustes técnicos. Sobre las presuntas contradicciones entre anexos y especificaciones técnicas de las cámaras, la ATU aseguró que las diferencias no alteraban el funcionamiento requerido.
