La Nación, Costa Rica
21 de mayo de 2026
Si bien el gobierno de Laura Fernández convocó la iniciativa, las bancadas de opsoción advierten que el texto requiere ajustes para corregir falencias.
El proyecto de ley para reformar el sistema eléctrico nacional fue convocado por la presidenta Laura Fernández, durante el periodo de sesiones extraordinarias. Si bien este acto supone un espaldarazo para que el expediente 23.414 avance, las fracciones de oposición reaccionan con cautela y críticas a la inciativa.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, señaló que su bancada se encuentra estudiando el texto presentado por la administración Chaves Robles, "a fondo".
"Estamos de acuerdo en que tenemos que avanzar", afirmó. Según explicó, el proyecto difícilmente sufrirá modificaciones sustanciales en la legislación actual, pero podría complementarse con otras iniciativas paralelas.
"Se necesitan algunas acciones complementarias (…) eventualmente abrir la posibilidad de una agenda complementaria", indicó. Para el liberacionista, el desafío de fondo es estructural: Costa Rica necesita "más energía, energía verde y barata", así como diseñar el mecanismo adecuado para lograrlo.
Desde la fracción unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la diputada Abril Gordienko expresó una posición similar de apoyo en principio, pero con reservas importantes sobre el contenido del proyecto.
"Yo estoy en principio de acuerdo", afirmó, aunque advirtió que el texto presenta "varios defectos importantes" que deben ser corregidos antes de su entrada en vigencia. Planteó la necesidad de replicar esquemas utilizados en otras discusiones legislativas, como el de alianzas público-privadas, para introducir ajustes que permitan mejorar la propuesta sin frenar su avance.
Una postura más matizada es la de Claudia Dobles, diputada de la fracción unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien subrayó la complejidad técnica del proyecto y la necesidad de un análisis cuidadoso. "Es un proyecto complejo", señaló, al tiempo que reconoció que contiene elementos "interesantes", pero también "grandes oportunidades de mejorar".
Dobles enmarcó el debate en un reto país: cómo garantizar el suministro energético ante una demanda creciente sin sacrificar la asequibilidad. "Lo que sí tenemos clarísimo es que Costa Rica tiene grandes retos de cómo vamos a poder suministrar energía (…) y al mismo tiempo garantizar que esa energía sea a un costo accesible", afirmó, enfatizando tanto el impacto en los hogares como en la competitividad del sector productivo.
En contraste, el rechazo más contundente proviene del Frente Amplio (FA). Su jefe de fracción, José María Villalta, advirtió que el proyecto, tal como está planteado, no solo no resuelve los problemas actuales, sino que podría agravarlos.
A su juicio, la iniciativa "va a hacer mucho más grandes los problemas que tenemos hoy" y pone en riesgo la seguridad energética del país. Villalta alertó que la propuesta rompe con el modelo de planificación centralizada que, según sostuvo, ha evitado apagones en Costa Rica, y abre la puerta a escenarios como los de "otros países hermanos" donde sí se registran fallas en el suministro.
Además, cuestionó el impacto económico de la reforma, al asegurar que "inevitablemente encarecería las tarifas" y derivaría en "tarifazos" que se traducirían en un aumento de los recibos eléctricos residenciales. "Así como está no debe aprobarse", concluyó.
Así operaría el nuevo mercado eléctrico
El proyecto plantea una transformación estructural del modelo actual, al crear un mercado eléctrico nacional donde múltiples actores —públicos y privados— podrán comprar y vender energía bajo reglas de competencia regulada.
La iniciativa introduce nuevos entes, redefine el rol del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y establece un sistema donde la planificación estatal convive con decisiones de mercado.
Un mercado eléctrico con múltiples actores
El corazón de la reforma es la creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN), concebido como un espacio donde distintos agentes podrán transar energía, potencia y servicios asociados.
En este mercado participarían:
El sistema operaría en varios niveles:
La lógica es que la energía se asigne mediante un despacho económico, es decir, priorizando las fuentes más eficientes en costo para abastecer la demanda.
Nuevo actor: el Ecosen
El proyecto crea una de sus principales figuras institucionales: el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen).
Se trata de una institución autónoma con independencia técnica, que asumiría funciones clave:
A diferencia del esquema actual —donde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) concentra funciones operativas clave—, el Ecosen se configura como un órgano independiente, encargado de garantizar que el sistema funcione de manera coordinada, eficiente y competitiva.
¿Para qué sirve el Ecosen?
Será el operador del sistema eléctrico nacional y del mercado eléctrico. Esto implica que su rol es principalmente técnico, no político ni comercial.
Sus funciones centrales incluyen:
En términos simples: decide cómo se produce y se mueve la electricidad en el país, asegurando que la oferta y la demanda estén equilibradas al menor costo posible.
¿Cómo funcionaría el Ecosen?
Su funcionamiento se basa en un principio clave: despacho económico centralizado.
Esto significa que:
Además, el ente:
La Junta Directiva de Ecosen
El proyecto establece que Ecosen contará con una junta directiva con la siguiente integración:
¿Qué hace la Junta Directiva?
La junta no opera el sistema directamente (eso lo hace el equipo técnico), pero sí:
Relación con el mercado eléctrico
Ecosen está íntimamente ligado al nuevo mercado eléctrico mayorista, ya que:
Esto significa que:
¿Cómo se diferencia del ICE?
Con la creación de ECOSEN, el ICE pierde el control exclusivo de la operación del sistema.
Antes:
Ahora:
Supervisión y control del Ecosen
Aunque Ecosen es independiente, no opera sin control.
La propuesta establece que:
Rectoría, regulación y fiscalización
El sistema propuesto distribuye funciones entre tres actores principales:
La supervisión, en este esquema, recae principalmente en la Aresep, que vigila el cumplimiento de normas y condiciones del mercado, mientras el Minae define el rumbo estratégico.
Planificación estatal, pero inversión abierta
El sistema funcionaría con dos niveles:
Sin embargo, los proyectos específicos no los define el Estado, sino que los agentes compiten para desarrollarlos, principalmente mediante:
¿Qué pasa con el ICE?
El ICE no desaparece, pero su rol cambia.
Seguiría siendo un actor clave, especialmente en:
Además, en casos excepcionales —como la necesidad de plantas con fuentes no renovables— el ICE tendría prioridad para desarrollarlas, aunque podría delegarse si no puede ejecutarlas.
En la práctica, el ICE pasaría de ser el eje dominante del sistema a un competidor más dentro del mercado, aunque con funciones estratégicas.
