El Estado que podemos

Anoche el CED presentó una investigación sobre "El peso del Estado en Uruguay: diagnóstico y consecuencias". Es un trabajo que mide al Estado en sus dimensiones fiscal, empresarial, laboral y regulatoria, con metodología comparable internacionalmente y datos que en algunos casos cubren 5 décadas. El diagnóstico que arroja no es ideológico ni novedoso en su intuición, pero sí tiene conclusiones contundentes. Tenemos un problema con el tamaño del Estado, que creció más rápido que la capacidad de la economía para sostenerlo.

Los números ordenan la discusión. Entre 2005 y 2025 la presión fiscal subió 3,3 puntos del PIB, eso es casi USD 3.000 millones adicionales, pero el gasto primario lo hizo a más del doble: 7,6 puntos. El superávit primario de 2,5% del PIB se convirtió en déficit de 1,8%. Pero lo que resulta evidente es que la brecha no se cierra con más impuestos, porque la presión fiscal también creció mucho en este período. Es el gasto el que no encuentra límites, con problemas nítidos de composición: el 83% del gasto primario está comprometido en rubros prácticamente inmodificables.

El empleo público, por ejemplo, creció 30,5% entre 2005 y 2024, mientras la población lo hacía solo 6%. El salario público en ese período creció casi 50% en términos reales, lo que determinó un "sobrecosto salarial" comparado con el sector privado de USD 364 millones. Este sobrecosto se concentra en las categorías de menor calificación.

También aparece evidencia de problemas de calidad del gasto en algunos rubros. Uruguay destina el 18,6% del gasto público a educación, una proporción alta que está por encima de la OCDE y de Chile, pero tenemos peores resultados en PISA que todos esos países. En seguridad sucede algo similar: gastamos 7,1% del presupuesto frente al 4,1% de la OCDE, pero tenemos muchos más homicidios en proporción a la población que esos países. Claro que algunas verticales de la seguridad y la educación pueden requerir más recursos, pero sin dudas mucho del gasto en estas áreas está siendo tremendamente ineficaz.

A esto se suma una particularidad uruguaya: el Estado empresario cobrando impuestos encubiertos en tarifas públicas. Desde 2008 hasta 2026, el gasoil y la nafta fueron más caros en Uruguay que en el promedio de Brasil y Chile (olvidemos la comparación con Argentina, que es peor aún, pero está muy distorsionada).

El dato que mejor resume el período es el del índice del Fraser Institute: en el subíndice de tamaño de gobierno, Uruguay pasó del puesto 15 en 1990 al 98 en 2023. Ninguna otra dimensión retrocedió tanto.

Tal como mencionó ayer Ramiro Correa, el tema no es cuánto Estado debe haber, sino cuánto Estado puede pagar Uruguay y qué recibe a cambio. La rigidez actual deja a cualquier gobierno sin margen para responder a una crisis. Cuestionar muchos rubros del gasto público que no generan un impacto razonable es un acto de responsabilidad para con los miles de uruguayos que trabajan, producen o tienen necesidades realmente urgentes de cubrir. Racionalizarlo no es una bandera ideológica: es la condición para que el país pueda seguir creciendo. Ese debate debe estar basado en evidencia y no en consignas, y es impostergable.