Pistas clandestinas, contenedores "premiados" y cocaína por US$ 433 millones: cómo era la operativa de Marset

La acusación presentada por la Fiscalía de Paraguay contra Gianina García Troche, expareja de Sebastián Marset, no solo apunta contra ella. En sus primeras páginas, el documento reconstruye la operativa de la organización criminal que fue liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, para enviar cocaína desde Paraguay hacia Europa y África.

La estructura combinaba proveedores bolivianos, pistas clandestinas en el Chaco paraguayo, estancias usadas como centros de acopio, camiones de gran porte y empresas exportadoras. Cargas descubiertas en Bélgica y Países Bajos totalizaron 17.340 kilos de cocaína, valuados en hasta US$ 433,5 millones para el mercado europeo.

Se trataba de una alianza con tres patas fundamentales. Por un lado, los contactos que ya había forjado Sebastián Marset en su pasado delictivo. Por otro, el núcleo de Miguel Ángel Insfrán y sus personas de su confianza, mientras que en tercer lugar se encontraba una facción boliviana que se encargaba de proveer la cocaína. En ese esquema, Marset coordinaba con proveedores y compradores internacionales, mientras que Insfrán activaba la logística dentro de Paraguay.

El documento, al que accedió El País, también reconstruye la llegada de Marset a Paraguay. Según Fiscalía, el narco comenzó a frecuentar el país en 2018 y luego utilizó documentos falsos, brasileños y bolivianos, bajo la identidad de Gabriel de Souza Beumer. Ya instalado en Paraguay, se presentó como empresario de espectáculos a través de Mastian Productions, una fachada que le servía para justificar su patrimonio y actividad en el país.

La ruta de la droga comenzaba en Bolivia. Según la acusación, era trasladada en aeronaves con matrícula boliviana y descargada en un establecimiento rural ubicado dentro de la Reserva Natural Cabrera-Timane, en Alto Paraguay, cerca de la frontera con Bolivia. En ese lugar, funcionaban una pista y un aeródromo no autorizados por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

Una vez que la droga era descargada, la organización paraguaya activaba el segundo tramo. Otra vez era transportada en aeronaves, aunque ahora con matrícula local para moverla de forma interna. El principal piloto señalado por Fiscalía es Gilberto Sandoval, imputado en rebeldía, a quien atribuye el traslado hacia estancias utilizadas como puntos de acopio. En total, se registraron casi 1.000 vuelos.
Uno de los puntos centrales para la operativa del grupo criminal era la estancia San Agustín. Allí había hangares, pistas no autorizadas, viviendas para integrantes del grupo, radios tierra-aire, reflectores para guiar aterrizajes nocturnos, reservorios de combustible y piezas vinculadas a aeronaves. El lugar también se utilizaba para el acopio de droga.

Un rol similar tuvo la estancia Nuevo Horizonte, vinculada a Tío Rico. En ese lugar también había infraestructura aérea. Si bien había una pista no autorizada, había otra que sí lo estaba, un hangar y viviendas.

Desde las estancias, la cocaína pasaba a la fase terrestre. Según Fiscalía, Miguel Ángel Insfrán proveía camiones de gran porte mediante sus empresas, El Porvenir S.A. y Barakah S.R.L. Esos vehículos llevaban la droga hacia depósitos del Departamento Central, donde era escondida dentro de mercaderías lícitas (como harina de soja) antes de ser cargada en contenedores.

En la jerga interna, los contenedores con cocaína eran etiquetados como "premio" o "premiados". La acusación sostiene los productos escogidos para camuflar la droga tenían un "perfil de bajo riesgo o menor control". Luego era trasladada al Puerto Seguro Fluvial de Villeta, desde donde partían hacia los destinos finales, principalmente en Europa y África.

Entre 2020 y 2021 fueron interceptados cuatro envíos de cocaína en Europa: tres en Amberes (uno de casi 11 toneladas) y otro en Rotterdam. En total, los cargamentos descubiertos sumaron 17.340 kilos.

Funcionamiento del grupo

La estructura criminal no se limitaba a mover droga. También necesitaba aparentar comercio exterior real para pasar desapercibida ante los controles internacionales. Para eso, integrantes vinculados a empresas exportadoras realizaban trámites ante Aduanas, organismos estatales, compañías marítimas y puertos. Luis Fernando Sebriano González aparece como uno de los nombres centrales de esa pata comercial.

Representantes de empresas paraguayas intercambiaban correos con supuestas importadoras extranjeras que usualmente eran compañías clonadas. Esto significa que usaban la razón social de empresas existentes en Europa. Esa actuación permitía generar facturas preliminares, justificar exportaciones y dejar registros financieros mediante transferencias internacionales.

Pero este no era el único rastro que el grupo criminal intentaba ocultar. La coordinación de la compra-venta de cocaína se realizaba mediante aplicaciones encriptadas, principalmente SKY ECC. Los integrantes tenían pines y alias, ya que una regla básica era no mencionar nombres reales. Esto es frecuente en las bandas de narcotráfico a gran escala y tiene como objetivo evitar que miembros que no se conocen puedan identificarse ante una posible captura, así como evitar que la Justicia haga vinculaciones.

Por ejemplo, Marset aparecía con distintos alias, entre ellos "Omelette", "Dor" o "Favo", mientras que su socio Tío Rico era mencionado como "Macron", "Rally" o "Skoda".
Las cargas también llevaban marcas para identificar su pertenencia dentro de la organización. La acusación menciona paquetes con nombres como Bugatti, Fendi, Louis Vuitton, Maradona, Pablo Escobar o Rolex. En Uruguay se incautaron ladrillos de cocaína con la estampa de "PCU" (Primer Cartel Uruguayo), que fueron atribuidos a la banda de Marset.

El cobro de la droga también tenía su propio sistema. El dinero circulaba en dólares y euros, pasaba por varios países y podía ingresar a Paraguay incluso en avionetas desde Bolivia. La organización usaba tokens (códigos de seguridad asociados a montos de dinero con inscripciones en billetes). También recurría a casas de cambio para depósitos, transferencias y retiros de efectivo.

La Fiscalía paraguaya estimó que, en el mercado europeo, la cocaína podía venderse entre US$ 20.000 y US$ 25.000 por kilo. Bajo ese cálculo, los cargamentos descubiertos en Amberes y Rotterdam podían alcanzar un valor de US$ 433,5 millones. El documento agrega que la distribución de las ganancias y los pagos internos requerían autorización de Marset, quien junto a Insfrán llevaba registro de las cantidades enviadas y los montos a cobrar.

Marset e Insfrán tenían personas encargadas de hacer circular las ganancias obtenidas. Para eso usaban empresas, inmuebles, vehículos, ganado y otros bienes, una trama que conecta con la acusación contra García Troche por lavado de activos.

Actualmente, la defensa de Marset se encuentra analizando la prueba en su contra, mientras que el delincuente está recluido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.