La situación será estudiada por juristas, pero los blancos entienden que ya hay figuras constatadas, como el abuso innominado de funciones; "hay fundamentos suficiente" como para recurrir a la Fiscalía, dijo Abdala.
La Junta de
Transparencia y Ética Pública está desde hace meses en la mira del
Partido Nacional, que se
ha enfrentado al oficialismo a a través de Luis Calabria, su representante en el directorio institucional. El dirigente nacionalista ha confrontado internamente con la presidenta de la junta anticorrupción,
Ana Ferraris, y el vocal
Alfredo Asti ambos frenteamplistas, disconforme con varias resoluciones adoptadas por mayoría que a su criterio, en algún caso, llegan a revestir "
gravedad institucional mayor", como estableció en un reporte que elevó a su fuerza política semanas atrás. Pero ahora los blancos dieron un paso más: anunciaron que prevén denunciar varias situaciones ante la
Fiscalía.
A esta definición se llegó este martes, en la reunión de la Agrupación Parlamentaria de los blancos, en la que, entre otros temas, se trató la situación de la Jutep, previamente abordada en el Directorio conducido por Álvaro Delgado, días antes. Los nacionalistas organizaron luego una conferencia de prensa en la que se adelantó que esta fuerza política comenzará a hacer "consultas jurídicas", puesto que se encontraron "hechos con apariencia delictiva" y "contra la administración pública", detalló el diputado
Pablo Abala.
Es que puertas adentro, dijeron a El País fuentes de la bancada nacionalista, algunos legisladores repararon en algunas circunstancias puntuales, de las relatadas por Calabria, que entendieron que podían configurar, por ejemplo, el delito de "
abuso innominado de funciones". Pero otros fueron todavía más allá, e indicaron en la reunión que veían que podía haber "otras figuras concretas, como la
alteración de documentos públicos".
Ahora bien, ¿por qué se denuncian esos eventuales delitos?
En las últimas sesiones de la junta, y
como consignó El País días atrás, Ferraris y Asti llevaron adelante algunas modificaciones sobre cómo registrar lo que ocurre en las sesiones, y qué procedimiento deben seguir las denuncias que llegan al organismo. En efecto, y respecto a esto último, desde mediados de 2025 hubo una alteración en el "circuito de las denuncias", de manera tal que estas se dirigen directamente a Secretaría, sin pasar antes por la Asesoría Letrada para que informe a la conducción política.
No significa esto que la Secretaría Letrada no intervenga luego y haga su informe, pero sí que las preguntas iniciales, y los oficios que se envían a los organismos de donde provienen esas denuncias, las haga la presidencia, explicitó Calabria en su informe, lo que a su entender permite que se incida "en los expedientes".
En este sentido, fundamentó ahora Abdala en conversación con El País, "en más de un caso, cuando a la mayoría del directorio le convenía o importaba, antes de derivar a la Asesoría Letrada se disponían actuaciones o diligencias", lo que a criterio de los nacionalistas esto es parte de un proceso de debilitamiento del departamento jurídico
(ver recuadro).
"Pero además se han dado
intervenciones absolutamente ilegítimas, ilícitas e irregulares,
en declaraciones juradas, como hizo Asti en más de una oportunidad", agregó el diputado blanco, en referencia a casos en los que el director de la oposición "accedió a datos que están vedados para los directores, salvo resoluciones fundadas del directorio". Esto, dijo, ocurrió cuando se investigó la situación del senador colorado
Andrés Ojeda por presunto aumento patrimonial, y en la investigación sobre
Rodrigo Arim, director de la OPP, por presunta omisión en su declaración patrimonial.
Sobre el cambio en el registro de las resoluciones que adoptó la Jutep, se apunta a que por decisión de la mayoría, se dejaron de incluir "los fundamentos de votos discorde", modificación que se hizo incluso en forma retroactiva: se cambiaron "actas y resoluciones de la web de la Jutep para ser re-publicadas una vez que sean reelaboradas en base al nuevo criterio", precisó Calabria en su informe. Y esto, dijo Abdala, "es de una gravedad inusitada".
"Lo que planteamos en la agrupación parlamentaria precisó el diputado es que todo esto para nosotros son irregularidades probadas, así que encargamos a juristas especializados en derecho penal y administrativo el estudio de estas situaciones, porque
hay fundamentos suficientes para realizar una denuncia penal".
El País, Uruguay
22 de mayo de 2026
