Norma no cambia el destino de los recursos sanitarios

El Ministerio de Salud y Protección Social salió al paso de las críticas y publicaciones surgidas alrededor de la Resolución 900 de 2026 para aclarar que la norma no modifica la destinación de los recursos públicos transferidos al sector salud ni impone nuevas restricciones sobre su ejecución. La cartera aseguró que la medida busca fortalecer el control, seguimiento y trazabilidad de esos dineros, en un contexto de mayor atención sobre la vigilancia al gasto sanitario. Explicó que la resolución expedida el 7 de mayo actualiza herramientas técnicas y documentales que ya existían para supervisar los recursos entregados a entidades territoriales, Empresas Sociales del Estado (ESE) y otros beneficiarios. En el comunicado oficial, la entidad insistió en que el objetivo no es limitar el uso de los fondos, sino robustecer los mecanismos de validación de la información. "La medida fortalece y actualiza los mecanismos de seguimiento, verificación y cierre de la ejecución de recursos públicos transferidos por este Ministerio", señaló la cartera. La Resolución 0900 de 2026 modifica apartados de las resoluciones 2361 de 2016 y 737 de 2024, dentro de las facultades legales del Ministerio para dirigir, coordinar, vigilar y hacer seguimiento a la adecuada destinación de los recursos públicos del sector salud. El énfasis, según el documento, está puesto en elevar la transparencia y mejorar la consistencia de los datos. Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la plataforma Pisis, el sistema a través del cual las entidades deben reportar información sobre la ejecución de recursos. Explicó que busca fortalecer la trazabilidad, integridad y oportunidad de los datos cargados, además de optimizar los procesos de control, rendición de cuentas y cierre financiero de los proyectos financiados. La norma actualiza los soportes documentales que deberán presentar las entidades territoriales y beneficiarias. Entre los documentos requeridos figuran actos administrativos de incorporación presupuestal, contratos, informes técnicos y financieros, actas, soportes de reintegro de recursos no utilizados y certificaciones firmadas por representantes legales, contadores y revisores fiscales. Además, la norma incorpora dos anexos de certificación relacionados con la autenticidad de los documentos cargados y el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas de la ejecución de recursos.