Piden a Arrau un plan para el sur e indagar infiltración de violentistas en servicios del Estado

Un plan de seguridad que incluya un trabajo de inteligencia para detectar la eventual infiltración de miembros de organizaciones violentistas en el aparato público solicitan los sectores productivos de la macrozona sur al recién asumido ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
"Esperamos que el secretario de Estado (Arrau), que ya ha estado en la zona por temas de Obras Públicas, haga un buen despliegue y presente un plan de seguridad para la macrozona sur, luego de que la ministra anterior (Trinidad Steinert) nunca lo expuso, porque, a lo mejor, nunca lo tuvo", sostuvo el exintegrante de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán.
Junto con asegurar que hay expectativas favorables sobre la gestión de Arrau, dijo que todo plan "debe ser conversado con las víctimas y los gremios afectados por la violencia, porque somos los que vivimos acá, conocemos la realidad y somos los primeros en invertir cada año en nuestra región, pese a la inseguridad que hemos vivido por años".
Respecto del trabajo de Inteligencia en la zona, Naveillán hizo hincapié en el caso de Álvaro Quinchanao Hueche, psicólogo y encargado del plan de salud mental del Hospital Intercultural de Maquehue, muerto el martes en un intento por emboscar un camión forestal cerca de Nueva Imperial. El jueves, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) reivindicó a Quinchanao como uno de sus "mejores combatientes" y reconoció que participaba en un sabotaje a camiones forestales.
"No se nos puede pasar que una persona de día trabaje en un lugar público y en la noche participe en atentados como miembro de la CAM. Es urgente un plan para erradicar la violencia y desarticular el terrorismo", dice Naveillán.
El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, coincide en la necesidad de que el Gobierno exponga sus lineamientos para desbaratar a los grupos violentistas. "Llevamos más de dos meses esperando información respecto de algún plan, que tenga medidas distintas de lo que ya conocemos", asegura. "Constatar lo ocurrido con la persona que trabajaba en el Hospital de Maquehue y que era miembro activo de la CAM demuestra el peligroso avance de estos grupos. Esas dobles funciones hay que detectarlas de alguna manera, a través de una labor de Inteligencia", enfatiza Muñoz.
"Caso debe ser investigado a fondo"
Neftalí Carabantes, exsubsecretario de Carabineros durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y actual director del Centro de Estudios en Seguridad de la U. Central, considera que "estamos frente a un hecho de la mayor gravedad que debe ser investigado a fondo por el Ministerio Público".
Carabantes advierte que "la presencia de profesionales, vinculados a grupos que ejercen la violencia, en servicios del Estado, en ONGs o en instituciones privadas, a través de centros de salud o establecimientos educacionales, puede obedecer a una estrategia de infiltración para permearlos".
De igual modo, plantea que "la utilización de estos cargos, de sueldos y validación social e institucional también puede ser un soporte para financiar, dar apoyo logístico o encubrir actividades que se realizan de manera clandestina y que lleva adelante la organización a la que pertenecía".
"Sienten que no habría una contraposición"
La exautoridad considera que "es muy probable que ciertos profesionales de origen mapuche sientan que no habría una contraposición entre tener un trabajo en un servicio público, como lo es un hospital intercultural, que sería una vía de desarrollo personal, y ser parte de la CAM, ya que compartirían tanto sus reivindicaciones como su diagnóstico político". En esa dirección, Carabantes recalca que "para un miembro de la CAM, los conflictos y demandas no se resuelven con políticas públicas sino que mediante la autonomía y la vía armada".