Reorganizar no es quebrar

Rosmery Quintero Castro
En un entorno económico cada vez más complejo, las empresas enfrentan un deterioro sostenido en sus condiciones de operación. La inversión cayó 9,3% en el cuarto trimestre de 2025, reflejando cautela del sector productivo ante la incertidumbre. Cuando la inversión se frena, también lo hace la capacidad de crecimiento, innovación y generación de empleo. A este panorama se suma un problema estructural que se ha venido profundizando: el flujo de caja, afectado tanto por dinámicas del mercado como por relacionamientos comerciales que no siempre permiten cumplir adecuadamente. El contexto fiscal añade una presión adicional. No se trata únicamente del impuesto de renta, sino de un sistema tributario más amplio que incluye niveles nacionales, departamentales y territoriales cada vez más incierto y volátil. La aparición de nuevas cargas contribuye a un entorno que desincentiva la actividad empresarial y limita la toma de decisiones de largo plazo. Las Mipymes son las más afectadas por esta realidad. En pandemia, muchos empresarios tomaron decisiones orientadas a proteger el empleo, entendiendo que cada puesto de trabajo representa, en promedio, el sustento de cerca de cuatro personas. Fueron decisiones responsables desde lo humano, pero que en varios casos resultaron financieramente insostenibles. Una vez superada la emergencia, el crédito se convirtió en una alternativa para sostener la operación, pero bajo condiciones cada vez más costosas, en medio de una inflación elevada y tasas de interés que restringen el acceso al financiamiento. Las cifras de insolvencia evidencian la magnitud del problema. Entre 2025 y lo corrido de 2026, 2.282 sociedades iniciaron estos procesos en el país. De ellas, el 62% optó por la reorganización, mientras que el 38% entró en liquidación judicial. El dato relevante es que un número creciente de compañías está llegando a un punto crítico que exige decisiones extraordinarias. Los sectores más impactados reflejan la dimensión del fenómeno. Servicios concentra 544 casos, comercio 471 y manufactura 340. Son actividades esenciales para el funcionamiento de la economía, que sostienen relaciones comerciales, dinamizan consumo y generan valor agregado. Sin embargo, persiste una barrera cultural que dificulta una reacción oportuna. El estigma del fracaso y el orgullo empresarial han llevado a muchos a retrasar decisiones fundamentales, como acogerse a la ley de insolvencia. En algunos casos, cuando se toma la decisión, ya es tarde para aprovechar plenamente los beneficios de este mecanismo. La insolvencia no debe entenderse como el final, sino como una herramienta de reorganización. Su efectividad depende no solo de la voluntad de la gerencia, sino también de la existencia de estructuras de gobierno corporativo sólidas. Muchas Mipymes aún carecen de juntas directivas activas y de miembros externos que aporten una visión estratégica, lo que limita la calidad de las decisiones en momentos críticos. El impacto trasciende lo empresarial. Actualmente, 1.011 empleos están en riesgo, lo que afecta ingresos familiares, consumo local y estabilidad social. La recuperación de una empresa no solo implica salvar sus finanzas, sino preservar oportunidades para trabajadores, proveedores y comunidades. Reorganizar no es quebrar. Es decidir a tiempo, corregir el rumbo y asumir la transformación como parte del proceso empresarial. En un entorno exigente, la diferencia entre desaparecer o fortalecerse no siempre está en la crisis, sino en la capacidad de anticiparse y actuar con oportunidad.
Presidente del Observatorio Nacional de la Mipyme y Directora Ejecutiva ACOPI Atlántico.