Pesado, caro e ineficiente
El informe publicado por el CED la semana pasada sobre el peso del Estado en Uruguay ofrece un diagnóstico cuantitativo que debería informar claramente sobre nuestro verdadero estado de situación en la materia.
El informe publicado por el CED la semana pasada sobre el peso del Estado en Uruguay ofrece un diagnóstico cuantitativo que debería informar claramente sobre nuestro verdadero estado de situación en la materia. La conclusión es clara: Uruguay no tiene un problema de recaudación insuficiente ni de instituciones débiles, tiene un problema de un Estado que creció más rápido que la capacidad de la economía para sostenerlo, por eso los ingresos terminan corriendo de atrás al gasto, generando un incremento de la presión fiscal y un deterioro de las cuentas públicas al mismo tiempo.
Los números son elocuentes. Entre 2005 y 2025 la presión fiscal pasó de 23,8% a 27,1% del PIB, mientras los egresos primarios del Gobierno Central y el BPS treparon de 21,3% a 28,9% del producto. El gasto se expandió más del doble de rápido que los ingresos y la brecha. Le mentalidad habitual, típica de los debates presupuestales, de que sólo con mayor gasto estatal pueden abordarse los problemas que enfrentamos pasa inexorablemente su factura.
Nuestra presión fiscal supera en casi seis puntos el promedio de América Latina y se acerca al de la OCDE, pero los resultados que obtenemos son sensiblemente peores. En educación destinamos el 18,6% del gasto público, la proporción más alta de toda la muestra internacional, y sólo el 42% de los estudiantes termina secundaria frente al 85% chileno. En seguridad gastamos el 7,1% del presupuesto (la OCDE 4,1%) y la tasa de homicidios es entre tres y cuatro veces la de Chile. Tenemos costos estales de país rico con resultados de país subdesarrollado, lo que lleva a que el costo del Estado esté subvaluado dado que muchos uruguayos también pagan por su cuenta servicios educativos, de salud o de seguridad.
El 83% del gasto primario está comprometido en pasividades, transferencias y remuneraciones, prácticamente inmodificable en el corto plazo. Esa rigidez explica por qué sólo mediante una reducción genuina del tamaño y alcance del Estado puede pensarse en una reducción del gasto público. La cantidad de funcionarios públicos creció 30% entre 2005 y 2024 mientras la población aumentaba apenas 6%, y el salario real público acumuló un alza del 50%. Tanto por cantidad como por salario el empleo público genera importantes distorsiones en el mercado de trabajo, al tiempo que resulta muy difícil de justificar su incremento en tiempos de creciente uso de inteligencia artificial.
Mirando el medio vaso lleno podemos apreciar que tenemos buenas instituciones formales los derechos de propiedad mejoraron de 50 a 84,8 puntos en el índice Heritage entre 1995 y 2024 pero, mirando el medio vaso vacío observamos que en el componente Tamaño del Gobierno del índice Fraser caímos del puesto 15° entre 110 países en 1980 al puesto 98° entre 165 en 2023. Es necesario, entonces, abordar esta anomalía, ya que nuestro activo es más difícil de lograr que atacar nuestro pasivo.
La evidencia es contundente, como podrá apreciar el lector que guste leer el informe completo que está disponible en la web del CED: tenemos un Estado demasiado grande, costoso e ineficiente. Estos son datos, a partir de los cuales debe comenzar cualquier discusión seria sobre el tema. Cada uno podrá tener la opinión que prefiera sobre cuál debe ser el rol del Estado en la economía uruguaya, pero un debate honesto debe partir de aceptar la realidad.