El Comercio, Perú
26 de mayo de 2026
CONTRALORÍA. Un informe de control específico identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en Piero Corvetto, exjefe del organismo electoral, y otras nueve personas por las irregularidades en los comicios de abril. Se advierte favorecimiento a empresa Galaga.
La Contraloría General de la República identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y otros nueve funcionarios y exservidores de esa entidad por las fallas logísticas de la primera vuelta de las elecciones 2026.En un informe de control específico, la contraloría concluyó que las deficiencias en la distribución del material electoral afectaron el derecho al voto de 55.261 ciudadanos.Según el documento difundido ayer, entre las irregularidades están el presunto favorecimiento a la empresa Galaga y la aprobación de pagos sin sustento técnico.El informe se titula ?Proceso de contratación del servicio de transporte y distribución del material y equipos informáticos electorales en Lima Metropolitana y Callao en el marco de las elecciones generales 2026?, con un período de análisis del 6 de febrero al 13 de abril.?Señalamientos?De acuerdo con la contraloría, Corvetto tendría presunta responsabilidad penal y administrativa por no ejecutar acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del Plan Operativo Electoral. El informe sostiene que hubo inacción frente a la distribución inoportuna del material electoral y de equipos informáticos, situación que causó que 187 mesas de sufragio no pudieran instalarse en Lima durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.La contraloría precisa que la demora en la distribución afectó a 3.605 mesas de votación.El caso también alcanza a José Edilberto Samamé Blas, ex gerente de Gestión Electoral, y a Juan Antonio Phang Sánchez, ex subgerente de Producción Electoral, quienes tendrían presuntas responsabilidades penales.Según el informe, ambos funcionarios elaboraron términos de referencia sin cuantificar adecuadamente la necesidad real de vehículos para el transporte de material electoral, favoreciendo presuntamente a la empresa Galaga.La contraloría advierte que la compañía terminó ejecutando el servicio con 437 vehículos de terceros, pese a que inicialmente se exigía una flota propia mínima para garantizar la operatividad.También se identificaron presuntas responsabilidades en Lilia Flores Bancho, Juan Pestana Uribe, William García Velásquez, Edward Alarcón González, Roberto Montenegro Vega, Yuvitza Aguilar y Jesús Félix Atuncar. ?Recomendaciones?El informe recomienda el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios en la ONPE a los funcionarios involucrados.Además, solicita que la Procuraduría Anticorrupción inicie las acciones legales correspondientes y que la Junta Nacional de Justicia tome conocimiento de los hallazgos respecto a la actuación del entonces jefe del organismo electoral.Julio Arbizu, defensor legal de Corvetto, dijo a El Comercio que no se pronunciará. Por este mismo caso, la Fiscalía Anticorrupción también investiga a Corvetto.La ONPE indicó que recibió el informe de la contraloría y precisó que consta de 6.578 folios en 14 tomos.?La gerencia general de la ONPE ha encargado a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que, de acuerdo a sus competencias y a las normas que regulan la materia, solicite a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el informe de control el deslinde de sus responsabilidades”, refirió.
