Odontólogos y usuarios del Programa de Salud Bucal que fundó esposa de Vázquez alertan por desmantelamiento

El Programa de Salud Bucal Escolar fue una de las políticas sociales de mayor visibilidad durante los primeros gobiernos del Frente Amplio, encabezado por su creadora, María Auxiliadora Delgado, esposa del dos veces presidente Tabaré Vázquez. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y la herramienta hoy está marcada por la polémica, con denuncias sobre su posible desmantelamiento.

Primero fue la salida de Laura Miller, que fuera mano derecha de la ex primera dama -hace ocho meses presentó su renuncia, que aún no fue aceptada formalmente-, tras denunciar a un jerarca directo por acoso laboral y por querer debilitar el sistema. Luego fueron los propios odontólogos que forman parte del plan, respaldando las palabras de Miller. Y ahora, son los mismos usuarios los que alertan, en una carta pública conjunta con los trabajadores, a la que accedió El País, sobre el peligro de que el programa desaparezca.

Mientras el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) señalan públicamente que el programa se ha visto "fortalecido y potenciado", lo que hoy perciben los equipos y las familias es que se está ante una realidad muy distinta, marcada por "incertidumbre, debilitamiento operativo, dificultades crecientes y ausencia de respuestas claras sobre el futuro del programa".

Durante décadas, el programa permitió llegar a escuelas urbanas y rurales de todo el territorio, acercando prevención y asistencia a niños que "muchas veces no tenían otra posibilidad real de acceso", dice la misiva. Y añade que este no consistía tan solo en un servicio odontológico, sino que era una garantía de la "presencia del Estado en territorio", capaz de disminuir inequidades. Por eso, sostiene, la "preocupación es social", pero también "sanitaria y territorial".

"¿Si no se protege el Programa de Salud Bucal Escolar, de qué protección integral de la infancia estamos hablando?", preguntan los firmantes, aludiendo a las promesas que se vienen llevando a cabo desde el gobierno en cuanto a una mayor coordinación entre organismos para la atención de los niños.

"Fortalecer la infancia no puede quedar reducido únicamente a discursos", sino que "debe expresarse en políticas públicas reales", insisten. Y alertan que se está yendo hacia un plan que traslada la atención que se daba siempre en las escuelas a las policlínicas, y que estas suelen estar saturadas. En algunas comunidades, llevar a los odontólogos directamente a los centros educativos es "la única posibilidad concreta de atención", dicen. E insisten en que "retirar o debilitar el trabajo territorial no significa trasladar la atención", sino que "puede significar directamente perderla".

En lo que respecta al Plan de Ortopedia Funcional de los Maxilares, la incertidumbre aumenta al tratarse de una intervención de alto impacto preventivo. Este plan intervenía precozmente para mejorar "calidad de vida, autoestima, alimentación, respiración y desarrollo integral". La preocupación aquí radica en la falta de transparencia sobre el futuro de los niños que ya estaban bajo tratamiento y el supuesto abandono de una política preventiva.

Para rematar, familiares y trabajadores denuncian la "desconfianza fundada en la realidad de un sistema que ya presenta signos de saturación".

Otra carta

Una misiva previa, firmada por 69 de los 72 profesionales que integraban el plan, dada a conocer por El País en noviembre pasado, advertía también sobre un posible desmantelamiento, al tiempo que daba su apoyo a la excoordinadora, Miller, cuya salida se dio en el marco de fuertes tensiones y denuncias contra la actual Dirección de Salud Bucal del organismo -de la que depende el programa, luego de que este fuera retirado de la órbita de Presidencia. Aquel texto, al que también había tenido acceso El País, destacaba el trabajo "sostenido y comprometido" de Miller "desde el inicio del programa hasta el año 2025", cuando dejó el cargo. Los profesionales destacaron su "capacidad organizativa, liderazgo, responsabilidad institucional" y una "profunda vocación de servicio público". Sostuvieron, además, que Miller posee una "amplia experiencia en logística, planificación operativa, manejo de insumos, coordinación de pedidos y procesos de licitación, desempeñándose con profesionalismo, transparencia y claridad". Además, la definieron como una "gran articuladora entre las partes, favoreciendo la comunicación, la cooperación y el buen clima laboral".

La reacción mayoritaria del equipo se produjo luego de que El País publicara la denuncia realizada por Miller ante la Unidad de Acoso Laboral de ASSE, dirigida contra el doctor Agustín Dean, a cargo de la Dirección de Salud Bucal. Lo acusó de "acoso moral", "hostigamiento reiterado y sistemático", desautorización constante de sus decisiones y ser víctima de "comentarios agraviantes y amenazas".



Miller sostuvo que Dean llegó a decirle: "¿Quién te va a defender si son personas que están muertas?", en referencia a los impulsores originales del programa, Vázquez y Delgado, quien fuera también su amiga.

La excoordinadora también señaló que su falta de un título profesional fue utilizada recurrentemente por el director para desacreditar su experiencia acumulada en gestión.

Miller advirtió, además, que los problemas empezaron cuando ella comenzó a denunciar el redireccionamiento de los recursos que estaban destinados a la atención de niños de escuelas públicas, contraviniendo la ley que obliga a mantener ese foco. Esta situación, sumada al "maltrato y desconsideración" hacia miembros del equipo, fue lo que la motivó a poner su cargo a disposición, y su salida fue aceptada por las actuales autoridades.

La inestabilidad en el programa fue confirmada también por la coordinadora del Plan de Ortopedia, Lucía Bolasco, quien igualmente puso su cargo a disposición. Bolasco denunció no encontrar "incentivos ni respaldo efectivo a la niñez" y constató una "carencia de recursos y de un compromiso real" por parte de la nueva dirección.

Y sumó detalles sobre el hostigamiento, relatando que Dean se refirió a ella diciendo que tenía "los pies en el cajón y la mano tocando el arpa", un comentario que consideró "profundamente ofensivo".

Pero el punto más crítico fue la directriz, que sostiene se dio, de no tomar más pacientes niños y no iniciar tratamientos de ortopedia funcional hasta este 2026, lo que implicaba una "desprotección de la infancia" al utilizar el mismo presupuesto para atender a otras poblaciones.

Bolasco -a quien no se le aceptó salir del cargo, pese a haber puesto este a disposición como Miller- dejó constancia de que estas directrices afectaban ya a un programa en el que siempre existe lista de espera.