Traslado de reos de Punta Peuco y caso Grau endurecen a oposición ante Ley de Reconstrucción

Las conversaciones entre Gobierno y oposición sobre el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional están en un punto complejo. Por el contenido de la iniciativa en sí, pero también por nuevos factores -de los que la izquierda culpa al Ejecutivo- que han enrarecido aún más el ambiente.
Uno de ellos es el anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por los partidos Republicano y Nacional Libertario, luego de que el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, diera a conocer inconsistencias en las cuentas públicas heredadas de la administración anterior.
Para la oposición, y en particular para la colectividad a la que pertenece Grau, el Frente Amplio, se trata de una ofensiva que el Ejecutivo planeó con anterioridad. "Es evidente que hay una coordinación entre el Gobierno y republicanos para acusar a Grau", dijo el diputado Gonzalo Winter. "Pretender que el partido del Presidente actúa contra el Presidente, utilizando información elaborada por su propia administración, es simplemente insultar la inteligencia", añadió.
Su tesis es compartida tanto por la bancada de diputados como por los senadores del FA.
La incógnita por la demora del Informe de Finanzas Públicas
Incluso hay sectores que consideran que La Moneda lanzó los resultados del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de este año, el lunes recién pasado, solo cuando se sintió en un camino sin salida. Según el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), el Ejecutivo retrasó la entrega de esos antecedentes -cuyos efectos, advirtió, endurecerán la reforma del Gobierno- mientras, al mismo tiempo, aceleraba la discusión legislativa del proyecto de reconstrucción.
"Ellos se negaron a entregar en tiempo y forma oportunamente el informe de política fiscal, sabiendo que esto podía tener un impacto negativo en las votaciones de la Cámara (...). Hay que resolver dos incógnitas. La primera es si el Gobierno ocultó deliberadamente información a la Cámara de Diputados y aceleró al máximo la tramitación de este proyecto o, segundo, si esto es parte de un tongo, una cortina de humo, para distraer el fracaso económico y de seguridad que enfrenta el país", afirmó.
Desde la oposición ya han advertido que la ofensiva contra Grau surge en un mal momento para el Gobierno, que, se supone, está enfocado en buscar los votos necesarios para aprobar su iniciativa clave en el Senado.
Otro factor que irrita a la oposición es que este embate también salpica la gestión de Mario Marcel, antecesor de Grau en Hacienda, un personero muy cercano al PS y a la ex-Concertación, lo que enciende alarmas entre senadores del PPD y la DC, supuestamente los más abordables para La Moneda. Estos legisladores -salvo Pedro Araya (PPD)- ya han anticipado su rechazo al proyecto si es que el Ejecutivo no introduce cambios de contenido sustantivos ni flexibiliza los plazos de tramitación, pues en su opinión estos últimos no corresponden a un texto de esta magnitud.
Punta Peuco, otra vez
A esto se suma una medida de La Moneda que la oposición ve como un nuevo intento por "borrar" el legado del Presidente Boric: el traslado de tres reos comunes desde Punta Peuco a otros recintos penitenciarios.
Hace seis meses y 16 días, el entonces mandatario había instalado al primer reo común en la cárcel construida para uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, en una decisión que justificó en los privilegios que allí tendrían respecto de otros penales.
Boric había anunciado el fin de la exclusividad de Punta Peuco -un viejo anhelo de la izquierda- en su última Cuenta Pública, el 1 de junio de 2025.
Luego del traslado conocido este miércoles, las recriminaciones opositoras no tardaron en llegar. "Los defensores del dictador y sus crímenes, los partícipes, algunos de ellos, de estos crímenes, hoy vuelven a demostrar que la impunidad y la libertad de los genocidas es solo un pendiente para este Gobierno. Han vuelto a transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel especial para criminales. Hemos oficiado al ministro de Justicia para que explique cuáles son las razones para esta nueva aberración", acusó la diputada Lorena Pizarro (PC).
El diputado César Valenzuela se sumó desde el PS: "Al parecer, el único plan de seguridad que tenía el Gobierno era proteger a los delincuentes de Punta Peuco". Además, cuestionó que mientras "hay hacinamiento en las cárceles y opera el crimen organizado, la preocupación del Gobierno es proteger a los mayores criminales de la historia de Chile".
Los diputados del FA ven un golpe directo a la administración Boric. Sin debate previo, aseguran, "hemos conocido que, de facto, el penal de Punta Peuco está volviendo a ser una cárcel de privilegios para los condenados de lesa humanidad. Y quiero decirle al ministro de Justicia que estas cosas se hacen de frente, no con la opacidad y la falta de transparencia que han tenido en materia de derechos humanos", sostuvo la diputada Lorena Fries.
Conversaciones serán "trabadas y tensas"
Que estas dos situaciones se hayan dado de manera casi simultánea no es casual, comentan en la izquierda, que acusa al Ejecutivo de instalar una "cortina de humo" para ocultar sus propias debilidades y conflictos internos, como la declaración del ministro de Seguridad, Martín Arrau, sobre la suficiencia de la política nacional del sector heredó el Gobierno anterior y que seguirá aplicando. Por eso, expresan desde los partidos opositores, La Moneda tiene que "tirar la pelota a nosotros y a lo hecho cuando nosotros estábamos al mando".
En el sector resienten lo que consideran una intención del Poder Ejecutivo de tensionar aún más el clima político, sobre todo con temas especialmente sensibles para la izquierda, como Punta Peuco y las violaciones a los derechos humanos. "El Gobierno ha demostrado que no sabe dialogar ni menos escuchar, y eso termina afectando mínimos para cualquier discusión relevante en el Congreso", manifiesta la diputada Nathalie Castillo (PC).
En la oposición concluyen que, más allá de sus reales propósitos, La Moneda los está haciendo trabajar y opinar como un bloque unido, a contramano de su pretensión de aprobar la Ley de Reconstrucción en el Senado. En esa línea, adelantan que las conversaciones serán "trabadas y tensas".
También hay quienes creen que las decisiones del Gobierno guardan directa relación con la Cuenta Pública del lunes y un supuesto temor a no tener cifras ni anuncios "que sacar a relucir". Por ende, según precisa un dirigente opositor, La Moneda está buscando "excusas y culpables" en la oposición y la vía que definió es justamente "tensar el debate hasta más no poder".
Paso previo   El proyecto de Reconstrucción Nacional fue aprobado por la Cámara el 20 de mayo.
''Pretender que el partido del Presidente actúa contra el Presidente, utilizando información elaborada por su propia administración, es simplemente insultar la inteligencia".
GONZALO WINTER DIPUTADO FA
''El Gobierno ha demostrado que no sabe dialogar ni menos escuchar, y eso termina afectando mínimos para cualquier discusión relevante en el Congreso".
NATHALIE CASTILLO DIPUTADA PC

''Ellos se negaron a entregar en tiempo y forma oportunamente el informe de política fiscal, sabiendo que esto podía tener un impacto negativo en las votaciones de la Cámara (de Diputados)".
JAIME ARAYA DIPUTADO IND.-PPD.