Una firma en veremos

El esquema vigente durante más de tres cuartos de siglo ahora oscila

en la cuerda floja, lo cual plantea múltiples interrogantes frente al futuro de una actividad de la cual viven unas 561.000 familias en cerca de 600 municipios.
ricardo ávila pinto- especial para el tiempo- @ravilapinto
analista sénior
No hace falta poder predecir el futuro para asegurar que el próximo 9 de julio la agenda del presidente de la República no incluirá el evento que, justo el mismo día de 2016, fue descrito como el más destacado de la jornada. En aquel entonces, el mandatario Juan Manuel Santos dedicó buena parte de un sábado para desplazarse al municipio de La Mesa, en Cundinamarca, con el fin de celebrar la firma del contrato de administración del Fondo Nacional del Café entre el Gobierno Nacional y la Federación que reúne a los cultivadores del grano. Pero en algo más de cinco semanas, cuando se cumplan diez años de la fecha mencionada y expire el texto pactado, Gustavo Petro no estaría presente. Uno de los motivos posibles es que quizás no haya nada que celebrar, pues la refrendación de un acuerdo suscrito por primera vez en 1940 se encuentra en veremos. Incluso si el convenio se prorroga, el actual inquilino de la Casa de Nariño tomaría distancia por cuenta de las diferencias que ha mantenido con un gremio lejano a sus afectos. Más allá de que se programe el acto o no, las dudas sobre lo que viene rondan al sector. La razón es que se encuentra en entredicho la piedra angular de un arreglo institucional que llegó a parecer inexpugnable. El esquema vigente durante más de tres cuartos de siglo ahora oscila en la cuerda floja, lo cual plantea múltiples interrogantes frente al futuro de una actividad de la cual viven unas 561.000 familias ubicadas en cerca de 600 municipios. Así, la economía colombiana se haya diversificado, el café sigue siendo clave. Aparte de ocupar el segundo renglón de las exportaciones al registrar ventas por 5.788 millones de dólares el año pasado, el ramo representa cerca de una quinta parte del producto interno bruto agrícola. Más significativo aún es que la producción depende en una alta proporción de pequeños y medianos propietarios asentados en zonas de ladera, muchas de difícil acceso. Contar con todo un aparataje que va desde la asesoría técnica hasta la garantía de compra de la cosecha, pasando por una serie de apoyos directos, permite entender por qué los índices de pobreza entre los cultivadores del grano son bien inferiores a los del resto de las áreas rurales. Por esa razón, el riesgo de que venga un cambio radical en las condiciones existentes no debería ser tomado a la ligera. A mediados de agosto de 2023, durante una visita a Pitalito, en el Huila, Petro señaló que "ese contrato va a finiquitar", tras lo cual sostuvo que "si la Federación no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café". De tiempo atrás Lo que está en vilo es una arquitectura que viene desde hace décadas y cuya base legal más reciente es la Ley 788 de 2002, que creó una contribución obligatoria de 6 centavos de dólar estadounidense por cada libra de café verde vendido al exterior. Sin entrar en honduras técnicas, se trata de un aporte de naturaleza parafiscal constituido con recursos públicos y que se asemeja a los que existen para otros productos del campo. Quienes dieron origen al modelo buscaron que, mediante esta especie de impuesto con destinación específica, se pudieran acumular recursos con el fin de soportar los vaivenes de los precios internacionales y hacer inversiones con vocación de largo plazo, tanto orientadas al bienestar social como a la investigación y el desarrollo de nuevas variedades y presentaciones. Tras periodos de auge y crisis, la estructura actual es menos ambiciosa de lo que llegó a ser, pero sigue siendo crucial para un país que hace énfasis en la calidad de su grano. Dentro del discurso institucional se habla en forma reiterada sobre "los bienes públicos cafeteros". Estos comienzan con la seguridad que se le da al agricultor de que nunca dejará de vender al contado lo que produzca, sin importar la geografía en donde habite y a un valor que refleje las cotizaciones globales. Contra lo que pudiera creerse, la mayor parte de las adquisiciones las realizan entes privados. Pero la presencia de cooperativas en medio millar de puntos del territorio sirve para evitar potenciales abusos de posición dominante. Desde comienzos de este siglo se ha demostrado que gracias a esa circunstancia el productor recibe casi todo el equivalente del precio internacional, una proporción que supera con creces lo que se observa en otras naciones exportadoras. Aparte de esa garantía, se encuentra el servicio de extensión que comprende 1.500 técnicos presentes en el terreno, cuya función es la de prestar consejo para mejorar la productividad de las parcelas y transmitir conocimientos. Parte de esa función incluye transmitir los avances de Cenicafé, responsable de innovaciones que han hecho los cultivos más resilientes a enfermedades como la broca y la roya, y que ahora trabaja en desafíos como el de contar con plantíos más resistentes al cambio climático. Programas de renovación y reconversión productiva de cafetales también se encuentran vinculados a la misma fuente, además de construcción de infraestructura que incluye vías terciarias. Un elemento adicional es la promoción en el exterior y el crecimiento en mercados con gran potencial, como es el caso de China. Dentro de los gastos, no se pueden olvidar las herencias del pasado. Ese es el caso de las obligaciones derivadas de la liquidación de la Flota Mercante Grancolombiana, que cesó de operar en 1997 y dejó como legado un pasivo pensional que asciende en promedio a $ 70.000 millones anuales. Tampoco faltan las urgencias. Cuando tuvo lugar el más reciente ciclo ascendente de precios, una serie de cooperativas incumplieron sus compromisos de entrega de futuros en las cantidades y a los valores acordados, lo cual puso en entredicho la credibilidad construida durante años. Para solucionar la emergencia, fue necesario asumir pérdidas por cerca de $ 300.000 millones y hacerles préstamos de largo plazo a 17 entidades por un valor superior a los $ 237.000 millones, lo cual exigirá la debida supervisión a través del tiempo. Vale la pena anotar que no todos los dineros que gestiona la Federación salen de la contribución cafetera que se aplica a exportaciones. Tanto la comercialización del grano -que comprende el almacenamiento o la producción de café soluble y liofilizado- como las regalías del uso de la marca Juan Valdez por parte de Procafecol nutren a la misma cuenta. En 2025, por ejemplo, casi una cuarta parte de los $ 513.000 millones que ingresaron al Fondo Nacional provinieron de orígenes distintos al parafiscal. Desde un comienzo Los hechos referidos muestran que, en medio de realidades cambiantes, las cosas han venido avanzando. A pesar de los costos crecientes o de los altibajos del mercado global, Colombia sigue siendo un referente importante en el mundo del café e intenta dar pasos adicionales. Para citar un caso concreto, hay un esfuerzo en marcha orientado a vender más grano tostado con el fin de aumentar el componente de valor agregado y efectuar a nivel local procesos industriales que hoy se adelantan en otras latitudes. Tanto los desafíos de corto, mediano y largo plazo, como los dilemas estratégicos que enfrenta la actividad, merecerían un diálogo fluido entre el gremio y el Gobierno. Entenderse es fundamental, entre otras porque el máximo órgano supervisor del Fondo Nacional del Café es el Comité Nacional de Cafeteros, en el cual tienen asiento permanente cuatro ministros y donde se exige el voto favorable del de Hacienda para cualquier determinación. Sin embargo, las relaciones son frías, por decir lo menos. En contra de lo que pasaba en otros tiempos, cuando había reuniones mensuales en las que se intercambiaban puntos de vista, ahora los encuentros son esporádicos y, en más de una ocasión, virtuales. Incluso en el terreno técnico se ha dado marcha atrás. El presupuesto para un asesor cafetero de alto nivel que usualmente asesora a los representantes gubernamentales acabó usándose para pagarle a una docena de personas nombradas a dedo. Semejante distanciamiento está directamente relacionado con las señales enviadas desde la Casa de Nariño. Al comienzo de su administración, Gustavo Petro buscó poner a alguien cercano a la cabeza de la Federación, lo cual condujo al retiro del gerente de entonces por presiones de quien era su mano derecha, Laura Sarabia. No obstante, a la hora de designar un reemplazo, José Antonio Ocampo -quien ocupó la cartera de Hacienda hasta abril de 2023- apoyó el nombre de Germán Bahamón, quien tenía el apoyo mayoritario de los comités departamentales. Desde un primer momento, el mandatario puso el grito en el cielo y acusó a su ministro de haberlo traicionado. Tras una serie de amenazas que incluyeron la no renovación del contrato de administración del Fondo del Café, el Ejecutivo pasó a la ofensiva. Aparte de calificar repetidamente de "oligarquía" a la dirigencia del gremio, Jhénifer Mojica, quien fuera la segunda ministra de Agricultura de la actual administración, trató de construir una alternativa. Ese era uno de los objetivos de la gran Alianza Nacional por el Café que se lanzó a comienzos de abril de 2024 en Bogotá con bombos y platillos, sin lograr ningún tipo de tracción. Fuera de que la idea tuvo casi ninguna acogida en la base, el momento coincidió con un repunte importante en las cotizaciones internacionales del grano. Una conjunción de eventos climáticos en Centroamérica, Brasil y el sudeste asiático condujo a un apretón en la oferta mundial de café. Como resultado, los precios llegaron a superar los cuatro dólares por libra y el valor interno de la carga alcanzó un máximo histórico de más de $ 3,1 millones. Ese buen comportamiento coincidió con un buen desempeño de la producción que en 2025 alcanzó los 13,7 millones de sacos. Incluso ahora, cuando el tamaño de la cosecha muestra una reducción apreciable debido a factores climáticos y la carga se ubica en cerca de $ 2,2 millones, el ambiente sigue siendo positivo. No faltan los descontentos, claro, pero las diatribas presidenciales tienen menos eco. Así quedó comprobado hace unas semanas, cuando Petro volvió a lanzar dardos en contra de "la federación de cafeteros (sic) manejada por godos de alta sociedad que permitió el exministro Ocampo". Insultos aparte, hace unas semanas el tema de la renovación del contrato del Fondo del Café fue planteado en una carta dirigida por el gerente de Fedecafé a la Casa de Nariño. La respuesta fue delegar el tema en los ministros de Hacienda y Agricultura, aunque todavía no se han convocado las mesas de trabajo solicitadas para revisar planteamientos de uno y otro lado. A nivel informal se sabe que el Gobierno insiste en asegurar la representatividad en los órganos del sector. La respuesta del gremio es que existe una democracia participativa desde la base, que comienza con la entrega de la cédula cafetera a los cultivadores que cumplan con unos requisitos mínimos de área sembrada y producción. Por ejemplo, en las elecciones de 2022 había 336.803 personas habilitadas para votar. De 16.400 candidatos inscritos se escogieron 4.824 representantes en el ámbito municipal, a partir de los cuales se conformaron los comités departamentales cuyas cabezas llegan al comité nacional. Aunque las comparaciones pueden ser odiosas, lo cierto es que la participación alcanzó 55 por ciento, un índice que supera el de los comicios legislativos del pasado 8 de marzo. Ahora la expectativa es que ese número sea más alto en septiembre próximo, mes en el cual, como cada cuatro años, volverán a celebrarse elecciones cafeteras. Dicho lo anterior, hay opiniones a favor de algunos ajustes. Por ejemplo, el experto Guillermo Trujillo habla de "modificaciones en los estatutos para profundizar la democracia y la transparencia". Una de las propuestas concretas que hace es que "no puede seguir gobernando en función de la producción, sino en función del número de productores". Hacer cambios puntuales es algo muy diferente a acabar con un esquema que puede tener algunas imperfecciones, pero que ha funcionado bien. Por tal motivo, el Gobierno debería aplicarse a hacer la tarea y cerrar el tema para que no reine la incertidumbre. El peor escenario de todos es darle un portazo a la Federación o abrirle la puerta a un limbo que podría convertirse en un infierno, justo en vísperas de que Gustavo Petro entregue el poder. Tampoco sería bueno que la discusión se politice, dada la coyuntura actual. Suficientes presiones ya enfrentan el sector para salir adelante, sin necesidad de agregarle a la taza un chorro de oportunismo que amargaría al que es, y merece seguir siendo, el café más suave del mundo.