Urgente Ley de Patrimonio

En reciente entrevista con Artes y Letras, de "El Mercurio", el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, entregó las definiciones del Gobierno frente al proyecto de nueva Ley de Patrimonio. El subsecretario mostró plena conciencia de los problemas en este ámbito y de los inmensos costos que, por efecto de una legislación obsoleta, el país ha estado pagando. Él mismo mencionó como ejemplo el caso de la Línea 7 del metro, que debió destinar US$ 72 millones a la excavación de 24 sitios arqueológicos; con una definición más precisa del concepto, se habría tenido que excavar solo un tercio de aquello.
La protección del patrimonio es responsabilidad de toda sociedad consciente de su propia identidad. Sin embargo, cuando un marco normativo ha quedado obsoleto en sus definiciones, por lo extremadamente amplio de estas, se vuelve espacio de incertidumbre y obstáculo para el desarrollo, en particular si quienes aplican la normativa, sea por razones ideológicas o de otra índole, incurren en abiertas faltas de criterio. Así, proyectos socialmente relevantes quedan paralizados durante años por hallazgos de discutible valor que terminan apilados en bodegas. El costo lo pagan las comunidades que esperan mejores servicios, como ha sido emblemático en el caso de los hospitales.
Una legislación moderna debe establecer categorías claras, criterios técnicos objetivos y estándares de relevancia arqueológica. No todo vestigio antiguo puede tener el mismo tratamiento. Al respecto, el subsecretario adelantó la definición del Gobierno, coincidente con la de la administración anterior en cuanto a que deberían quedar protegidos los bienes del período precolombino y colonial, pero donde se pretende precisar mejor lo referido a la era republicana, limitándolo a la etapa preindustrial. El proyecto contempla plazos para todos los procedimientos y se agregaría una disposición transitoria, en la idea de lograr destrabar el cuello de botella hoy existente. Otra modificación importante es la diferenciación de tareas entre la Secretaría Técnica, que asumiría todo lo referido a autorizaciones de intervención, y el Consejo de Monumentos, que se focalizaría en las declaratorias y planes de manejo. Además, el Gobierno apuesta a reducir su número de integrantes, de modo de facilitar la adopción de decisiones, pero manteniendo una composición mixta, que incluya a funcionarios del Estado y miembros del mundo cultural y la sociedad civil, lo que parece adecuado.
El proyecto fue originalmente presentado en 2019 por el Presidente Piñera y, aunque hacia el término de su gobierno llegó a ser aprobado por la Cámara, la administración Boric paralizó su discusión para realizar una cuestionada consulta indígena y solo vino a reactivarlo en la segunda mitad del período. Los casi siete años de tramitación que lleva así la iniciativa son una demora que ya causa estupor y es de esperar que el actual gobierno logre cumplir el objetivo adelantado por De la Cerda, de lograr su despacho dentro de su primer año.