Censo 2025

La semana pasada el INEI publicó los primeros resultados del Censo 2025, confirmando procesos que ya se venían observando, y revelando cambios que debemos considerar para reorientar nuestras políticas públicas y urbanas. Algunas de las tendencias identificadas eran previsibles. La población continúa concentrándose en los territorios con mayor dinamismo económico, mientras que el crecimiento demográfico sigue siendo moderado y se ha visto particularmente influenciado por los flujos migratorios internacionales recientes. Sin embargo, el censo también revela cambios menos visibles, pero con implicancias mucho más profundas para la planificación urbana. En apenas ocho años, la población mayor de 60 años se incrementó en 3%, mientras que la menor de 14 años se redujo en 4%. Estamos frente a una transformación demográfica que plantea desafíos urbanos, económicos y sociales que no podemos seguir postergando. El Perú está envejeciendo y nuestras instituciones no parecen advertirlo, debido a que la mayor parte de las políticas sociales, sanitarias y territoriales fueron diseñadas para un país más joven. Lo mismo ocurre con la planificación urbana. La gestión municipal y la normativa urbanística consideran a la población infantil y juvenil al momento de definir equipamientos y aportes urbanos, pero el censo nos muestra que los adultos mayores constituyen un grupo cada vez más relevante. Esa realidad debería reflejarse en la provisión de servicios. Por ejemplo, el Ministerio de Educación se ocupa de la infraestructura educativa desde los primeros años de vida, y la normativa urbanística exige reservar suelo para ese fin. Pero ¿qué institución se ocupa de planificar los equipamientos y servicios que requieren los adultos mayores? Pese a su creciente importancia demográfica, sus necesidades siguen siendo escasamente consideradas. Además, muchas personas mayores cumplen un papel fundamental en las redes de cuidado familiar, apoyando en la atención de los más pequeños, una contribución poco visible pero esencial para miles de hogares. Otro tema crítico es la accesibilidad urbana. Nuestras ciudades han crecido principalmente de manera informal y, por ello, no ofrecen condiciones adecuadas para el desplazamiento seguro de los adultos mayores, personas con discapacidad y niños. El problema se manifiesta con especial crudeza en Lima, donde miles de familias habitan en las laderas de los cerros, y dependen exclusivamente de escaleras para acceder a sus viviendas. Mientras tanto, el Reglamento Nacional de Edificaciones mantiene estándares mínimos para el peatón, y continúa priorizando la circulación vehicular por encima de la accesibilidad universal. La misma lógica se observa en el transporte público y, en general, en muchos de los servicios que ofrecen nuestras ciudades. Por su parte, tan importante como un adecuado sistema sanitario es que nuestras ciudades cuenten con parques accesibles y equipados. La evidencia muestra que estos espacios cumplen una función clave que suele pasar desapercibida. Para muchos adultos mayores son el lugar más cercano y seguro para caminar, encontrarse con otras personas y mantenerse activos, reduciendo el sedentarismo y el aislamiento. Su ausencia no solo afecta la calidad de vida urbana, también impacta en la salud física y mental de quienes más los necesitan. Esta debería ser una prioridad para las nuevas administraciones ediles. En línea con ello, las normas urbanísticas deben vincular los procesos de densificación con la provisión de espacios públicos, promoviendo mecanismos como los espacios privados de acceso público (EPAP) y la adquisición de suelo mediante la venta de derechos de edificación. Asimismo, resulta necesario revisar la distribución de los aportes obligatorios de las nuevas urbanizaciones, priorizando la recreación pública y los equipamientos de proximidad que contribuyen directamente a la calidad de vida de los vecinos. El censo 2025 nos entrega mucho más que datos estadísticos, nos muestra cómo está cambiando el Perú. La tarea ahora es utilizar esa información para orientar las políticas públicas, priorizar inversiones y adecuar nuestras ciudades a una nueva realidad demográfica de la cual todos somos parte.