La Nación, Costa Rica
3 de junio de 2026
El FMI advierte sobre la erosión fiscal en Costa Rica en su informe 2026 y propone una ruta con reformas al IVA, renta y eliminación de exenciones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido una clara advertencia sobre la trayectoria fiscal de Costa Rica: las recientes modificaciones políticas han erosionado la base de recaudación de impuestos del país, limitando su capacidad futura para financiar áreas prioritarias.
En su más reciente informe correspondiente a la Consulta del Artículo IV de 2026, el organismo multilateral realiza un exhaustivo análisis del sistema tributario costarricense y presenta una hoja de ruta enfocada en la eliminación de incentivos fiscales, la ampliación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y ajustes en el impuesto sobre la renta.
El FMI sostiene que una reforma orientada a aumentar los ingresos no solo mejoraría la progresividad del sistema, sino que dotaría al Estado de los recursos necesarios para incrementar el gasto en capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales.
El peso del "gasto tributario" y las exenciones del IVA
El informe del FMI subraya que Costa Rica mantiene más de 400 gastos tributarios (exoneraciones, reducciones y beneficios fiscales), una cifra que duplica el promedio de América Latina y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para el año 2024, estas concesiones representaron una renuncia fiscal estimada en un 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
El organismo es contundente al señalar que estas exenciones son "demasiado amplias" y, en muchos casos, no están bien focalizadas, beneficiando de manera desproporcionada a los sectores de mayores ingresos. Ante este panorama, el FMI recomienda medidas específicas en el IVA:
Para mitigar el impacto regresivo que tendría el IVA a la canasta básica sobre las poblaciones vulnerables, el Fondo subraya que el diseño de esta política debe ir acompañado de mayores transferencias sociales dirigidas a compensar a los hogares más pobres.
Ajustes en el Impuesto sobre la Renta y salarios del sector público
En materia de tributación directa, el reporte de 2026 establece que Costa Rica debe modernizar y ajustar su estructura del impuesto sobre la renta tanto para personas físicas como jurídicas.
Por el lado corporativo, el FMI sugiere introducir una tasa única para el impuesto sobre la renta de las empresas, acompañada de un régimen simplificado para los pequeños contribuyentes, lo que rendiría un 0,1% del PIB.
En cuanto a los ingresos personales, el organismo recomienda reducir los umbrales exentos del impuesto sobre la renta para los trabajadores asalariados y, al mismo tiempo, aumentar la tasa marginal para las personas con los ingresos más altos. Esta medida aportaría otro 0,1% del PIB.
Asimismo, el informe aborda las remuneraciones en el sector estatal, recomendando que los bonos y el pago del decimocuarto mes (salario escolar) que reciben los empleados del sector público estén sujetos al pago de impuestos, lo cual inyectaría un 0,3% del PIB a las arcas del Estado.
Tributos ambientales y modernización administrativa
El informe del FMI también aborda el área de los incentivos con impacto ambiental. El organismo pide reconsiderar los beneficios fiscales otorgados a los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y transporte que generan un impacto ambiental negativo. Además, sugiere la pronta aprobación de un esquema de tarifas y rebajas (feebate) basado en las emisiones de los vehículos para incentivar la transición hacia flotillas eléctricas.
Finalmente, el organismo reconoce que no todo recae en la creación o modificación de leyes. El informe destaca que los esfuerzos continuos en la administración tributaria ya están dando frutos. La consolidación del sistema "Hacienda Digital", la digitalización de procesos, el control de la evasión y una mejor gestión de los cobros en mora generaron una recaudación adicional estimada en un 0,3% del PIB durante el año 2025.
Para el FMI, la culminación del proyecto de Hacienda Digital será vital para facilitar el cruce de información entre agencias, reducir los costos de recaudación y garantizar que el sistema tributario de Costa Rica sea tan eficiente como equitativo en los años venideros.
