Mayor emisión de deuda

El ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley que solicita un mayor endeudamiento para el fisco en el presente ejercicio, es indicativo de la deteriorada situación fiscal en que el gobierno anterior dejó el país. La sobreestimación de ingresos y la subestimación de gastos por parte de esa administración han llevado ahora al gobierno del Presidente Kast a tener que anticipar un déficit superior al estimado en el Presupuesto que se aprobó a fines de 2025; esto, aun después del esfuerzo de racionalización del gasto que ha impulsado el Ministerio de Hacienda.
Pero la presentación de este proyecto también es llamativa desde una perspectiva histórica. Con la excepción de la pandemia, no ha existido en el pasado reciente una petición extraordinaria del Gobierno al Congreso por mayor deuda. Ello no obedeció a la ausencia de situaciones críticas o inesperadas. La crisis financiera de 2009 o el terremoto de 2010 son dos ejemplos. En esas circunstancias, los gobiernos hicieron uso de fondos soberanos, cuyo empleo no requería de la autorización del Congreso. De este modo, tanto la existencia misma de esos recursos como la (inexplicable) asimetría en las posibilidades de financiamiento del déficit (el uso de los referidos fondos no requiere permiso, pero la emisión de deuda sí) permitieron tener gastos en exceso sin mayor debate público. El severo drenaje sufrido durante los últimos años por nuestros fondos soberanos configura así el escenario en el cual la actual solicitud de endeudamiento se produce.
Es por todo eso que resulta inentendible la negativa que algunos parlamentarios de oposición han expresado frente a este proyecto. Su aprobación no solo es necesaria para financiar el trabajo regular del Estado, sino que se trata del efecto sobreviniente de una muy mala ejecución y proyección fiscal realizada por la administración anterior, la que esos parlamentarios apoyaron.
Hay aquí, además, una dimensión política que no debe olvidarse. El rechazo a esta iniciativa generaría sin duda un costo importante para este Gobierno, toda vez que la imposibilidad de financiar una parte del presupuesto obligaría a una reducción agresiva de los gastos y, considerando los montos involucrados, tendría un efecto negativo sobre la actividad económica. Ello, posiblemente, redundaría en un deterioro en el apoyo a la actual administración. Sin embargo, esta aparente victoria opositora bien podría terminar en una gran derrota, toda vez que el Gobierno se vería obligado a hacer un ajuste importante en programas públicos que la oposición defiende, en parte, por su dependencia de las asociaciones de empleados públicos como base de apoyo. Así, un ajuste impulsado por la negativa de la izquierda a permitir el endeudamiento del Gobierno se volvería contra ese mismo sector político y haría insostenibles sus críticas.