Creciente proteccionismo de EE.UU.

Donald Trump insiste en imponer a toda costa aranceles al comercio exterior. En marzo de 2025, invocando la Ley de Emergencia Nacional, se atribuyó facultades extraordinarias para decretar tarifas prácticamente a todas las importaciones provenientes de cada uno de los socios comerciales de Estados Unidos. En febrero recién pasado, la Corte Suprema de ese país, por abrumadora mayoría, resolvió que la referida ley no habilitaba al Presidente para fijar aranceles, considerando estos como un impuesto que, como tal, requiere de la aprobación del Congreso.
Ante el fracaso, Trump recurrió a una disposición de la Ley de Comercio, la cual, frente a problemas graves en la balanza de pagos, habilita al Presidente para decretar aranceles temporales por 150 días; en el caso de Chile, son del 10%.
A menos de un mes de la expiración de ese plazo, sin haber logrado la prórroga por el Congreso para los aranceles temporales, el Representante para el Comercio anunció una investigación para determinar los países que no cumplirían la prohibición de comerciar con Estados que realicen prácticas de trabajos forzosos. Al término del procedimiento investigativo, que incluye audiencias públicas, el alto funcionario podría recomendar al Presidente imponer aranceles a las importaciones desde los referidos países. Acoger o rechazar la recomendación queda el arbitrio del mandatario. Chile está incluido dentro de más de 60 países sometidos a esas investigaciones, con una eventual recomendación de un arancel de 12,5% para nuestras exportaciones a EE.UU.
El Informe del Representante para el Comercio, sin fundamento alguno, afirma que "Chile ha fallado en imponer y aplicar de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso".
Es muy temprano para anticipar un desenlace de estas investigaciones, la eventual propuesta arancelaria y la decisión final de Trump. Por ahora, corresponde a la Cancillería organizar la defensa para omitir a las exportaciones nacionales de infundados recargos arancelarios. De fracasar en ese intento, queda la posibilidad de recurrir al Presidente para que rechace la propuesta arancelaria, lo que, sin embargo, sería improbable, dada su inclinación a favor de las tarifas.
Más aún, parecería que la investigación no es más que una excusa para imponer aranceles y que al Presidente Trump no le importan la legalidad, fundamentación, conveniencia y las negativas implicancias del proteccionismo para las relaciones con sus aliados y el encarecimiento que significa para los consumidores norteamericanos. También parecería que al mandatario le es indiferente honrar o transgredir los tratados de libre comercio suscritos por su país.
Preocupa esta investigación, que reafirma el sostenido proteccionismo de Estados Unidos, iniciado en la primera administración del Presidente Trump. Desde entonces, se ha usado y abusado de los aranceles como instrumento de presión para negociaciones comerciales, migratorias, políticas y de seguridad.