Un modelo virtuoso

Por estos días, las Asociaciones Público-Privadas (APP) han estado en el centro de la discusión pública. El reciente anuncio del Gobierno, en el sentido de que la ANI rechazaría la Iniciativa Privada Conexión Centro -un corredor estratégico para conectar al Eje Cafetero- reavivó el debate. Pero más allá de discusiones coyunturales o consideraciones técnicas de un proyecto u otro, el momento plantea una reflexión de fondo sobre el modelo de infraestructura que necesita Colombia y sobre el papel que ha cumplido la participación privada en la transformación del país. El debate es legítimo, pero debe partir de la evidencia. Durante más de tres décadas, las APP han demostrado ser un instrumento eficaz para cerrar brechas, conectar regiones, generar empleo y acelerar inversiones estratégicas. Su impacto no puede medirse únicamente en kilómetros de vía o indicadores financieros. La infraestructura cambia vidas. Las cifras son contundentes. Por cada peso invertido en obras civiles se generan 2,25 pesos en productividad, 2,46 en salarios y 4,9 en impuestos. También impacta positivamente el mercado laboral: por cada 1 % del PIB que se invierta en infraestructura se reduce en promedio la tasa de desempleo en 0,6 puntos porcentuales. Esto implica que, de mantenerse esa inversión constante, se generarían año a año 283.000 empleos. Esta cifra es similar al número de habitantes que hoy tienen Popayán, Armenia o Sincelejo. La infraestructura también reduce la tasa de pobreza monetaria: por cada 1 % del PIB que se invierta en infraestructura, dicho indicador se reduce en 0,8 puntos porcentuales. Es decir que cerca de 434.000 personas podrían salir de esta condición. O en otras palabras: estamos hablando de un número equivalente a los habitantes que, en promedio, tienen ciudades como Villavicencio, Montería, Valledupar y Santa Marta. En este contexto resulta especialmente importante entender el alcance de las Iniciativas Privadas (IP), justamente el mecanismo bajo el cual se presentó el mencionado proyecto Conexión Centro. Las IP permiten que el sector privado estructure, financie y ejecute proyectos con recursos 100 % privados, trasladando al inversionista buena parte de los riesgos del proyecto y liberando recursos públicos para atender necesidades urgentes, por ejemplo, en salud, educación o seguridad. Todo esto ocurre, además, dentro de un marco normativo robusto, que hoy es referente en la región. Por eso resulta fundamental preservar la estabilidad de las reglas de juego. Los países compiten por capital, conocimiento y capacidad de ejecución. Cuando las señales son ambiguas o las decisiones se apartan de los marcos establecidos, no solo se afecta un proyecto puntual: se erosiona la credibilidad del entorno en el que se toman las decisiones de inversión. Y la confianza, una vez perdida, es muy difícil de recuperar. De cara a la discusión electoral, el país necesita ahora una conversación serena y técnica sobre el futuro de su infraestructura. Colombia no puede darse el lujo de plantear falsas dicotomías entre lo público y lo privado. La experiencia ha demostrado que cuando ambos trabajan de manera articulada los resultados llegan más rápido y el impacto social es mayor. En últimas, la discusión sobre las APP no es sobre un mecanismo de contratación. Es una reflexión sobre la capacidad del país para convertir consensos en resultados, visión en ejecución y necesidades en soluciones concretas. Y la conclusión salta a la vista: cuando se construyen instituciones que trascienden gobiernos, los proyectos estratégicos se convierten en políticas de Estado. * Presidenta ejecutiva de la Cámara

Colombiana de la Infraestructura
APP
María Consuelo Araújo Castro*