El contrato del Fondo Nacional de Café, en vilo por voluntades políticas

Un nuevo foco de incertidumbre comienza a tomar fuerza en el sector cafetero colombiano ante la proximidad del vencimiento, el próximo 7 de julio de 2026, del contrato mediante el cual la Federación Nacional de Cafeteros administra el Fondo Nacional del Café. La situación ha despertado preocupación entre distintos actores del sector debido a que, a menos de un mes de que expire el acuerdo vigente, todavía no se conocen avances concretos sobre una eventual renovación ni existe una posición del Gobierno frente al futuro de este mecanismo. La incertidumbre cobra más relevancia por las diferencias que han marcado la relación entre la administración del presidente Gustavo Petro y la Federación. Desde el inicio de su mandato, Petro ha expresado en varias oportunidades sus reparos frente al funcionamiento de algunos gremios económicos y, particularmente, ha cuestionado la forma en que se administran los recursos parafiscales del sector cafetero. Estas críticas han alimentado las dudas sobre el futuro del contrato y sobre la continuidad del modelo mediante el cual la Federación ha gestionado durante décadas los recursos aportados por los productores. En este contexto, la renovación del contrato de administración del Fondo, no se trata únicamente de un trámite administrativo, sino de una decisión que tiene implicaciones directas sobre el manejo de los recursos del sector, la operación de programas de apoyo y la continuidad de mecanismos considerados fundamentales para la comercialización del café. Según Andrés Valencia, exministro de Agricultura, uno de los mayores riesgos de que la administración del Fondo deje de estar en manos de la Federación tiene relación directa con la comercialización del café colombiano y con la preservación de la garantía de compra, considerada uno de los pilares históricos de la institucionalidad cafetera. De acuerdo con el exfuncionario, la existencia de una organización con presencia territorial, capacidad logística y conocimiento especializado ha permitido sostener durante décadas un esquema que brinda respaldo a los productores, especialmente en momentos de volatilidad de precios o de dificultades. A su juicio, trasladar la administración de estos recursos a una entidad pública podría generar riesgos operativos y afectar la eficiencia con la que actualmente funciona el sistema. "Se corre un riesgo de ineficiencia y politiquería, además de destinar los recursos para lo que no toca. Esto pone en calzas prietas la garantía de que los caficultores tengan una institución fuerte, que ha trabajado con ellos por más de 100 años", afirmó. Valencia también aseguró que actualmente no existe una entidad pública o privada que cuente con la estructura necesaria para asumir las funciones que hoy desempeña la Federación en la administración del Fondo Nacional del Café. A las preocupaciones institucionales se suma otro factor de peso y es la importancia económica del sector cafetero para el país. De hecho, el Fondo Nacional del Café tiene una característica particular frente a otros fondos parafiscales existentes en Colombia. Debido a la relevancia macroeconómica de la caficultura, el contrato de administración de estos recursos es negociado por el Ministerio de Hacienda y no por el Ministerio de Agricultura, como ocurre en otros sectores productivos. Una fuente conocedora del proceso y que pidió mantener en reserva su identidad aseguró que, desde el punto de vista técnico y jurídico, no existirían obstáculos para avanzar en una renovación del contrato. Según explicó, el acuerdo negociado hace una década dejó una estructura contractual robusta, ajustada a la normativa vigente y con mecanismos suficientemente desarrollados para facilitar una prórroga. "Lo que se negoció hace 10 años dejó un contrato completo y actualizado a la normativa. Renovarlo podría ser tan rápido y tardar unos minutos, pero para eso se necesita decisión política", señaló. Sin embargo, también existe inquietud por las consecuencias prácticas que podría generar una eventual demora en la renovación. Entre ellas figura la continuidad del recaudo de los aportes realizados por los productores, ya que para recibir esos recursos es indispensable que exista un contrato vigente. Además, la incertidumbre, podría terminar afectando aspectos clave relacionados con la comercialización del café y con el respaldo institucional. "Es prioritario que el Gobierno haga esa renovación oportunamente, porque de lo contrario las familias caficultoras tendrían una afectación clara, directa e inmediata", afirmó la fuente. Otro de los aspectos relevantes dentro del proceso parte de la visión de los exportadores. De acuerdo con Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, la ley es clara sobre que la administración del Fondo debe ser por parte de la entidad más representativa del sector, es decir la Federación. "Para los exportadores de café es importante que haya reglas claras en los procesos, además de que la recaudación y la estructura portuaria se mantenga para exportar el grano. En ese sentido, las reglas en este sector se definen con la firma del contrato del Fondo Nacional del Café", opinó. Los procesos Portafolio confirmó que la Federación, con la debida anticipación, le envió una carta al alto gobierno señalando la cercanía del vencimiento del contrato y, luego de varias semanas sin señales, la respuesta fue que se designaba a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, para avanzar en las condiciones de la renovación de un contrato que el gremio lleva administrando 99 años. Fuentes enteradas del tema señalaron que para este miércoles 10 de junio se programó una reunión clave con la funcionaria para analizar el tema y los caminos a seguir. Sin embargo, la preocupación principal radica en que no se logre llegar a un acuerdo, no solo porque queda menos de un mes, sino porque el tiempo se acorta porque finaliza la licencia que la Procuraduría General de la Nación le dio a la funcionaria como Procuradora Judicial Agraria. En medio de esta situación, uno de los temas es que si bien Carvajalino tiene una posición alineada con el proyecto político de la izquierda que representa el Pacto Histórico, y bajo ese contexto ha sido posible generar consensos basados en criterios técnicos (como el tema de los arroceros), las fuentes señalan que la funcionaria no ha estado de acuerdo con la reciente radicalización del discurso político, y preferiría retornar en firme a su cargo en la Procuraduría. Por esto, es que desde el sector cafetero hay incertidumbre por los efectos que generaría no refrendar el acuerdo del Fondo Nacional del Café con la Federación.