La otra cara del Filtro: los días en que Uruguay fue el blanco de ETA en Europa con copamientos y amenazas

Madrid, 23 de agosto de 1994

La secretaria de la embajada atendió y del otro lado estaba la amenaza en la forma de un ultimátum: si Uruguay procedía a la extradición de Mikel Ibáñez, Luis María Lizarralde y Jesús Manuel Goitia, automáticamente sentenciaba al embajador Julio Aznárez a muerte. Le daban 48 horas para que saliera de España. Un llamado similar había recibido el consulado en Barcelona.


Julio Aznárez no era político ni diplomático, sino un ingeniero agrónomo que conocía a Luis Alberto Lacalle desde la escuela y que estaba como jefe de misión en Madrid desde 1991 con el objetivo de solucionar obstáculos en la exportación de cítricos a España. Por supuesto que eso no era relevante para Euskadi Ta Askatasuna, la ETA, de la misma manera que el embajador se podía tomar la amenaza con la seriedad que correspondía a una organización terrorista que sabía cómo hacer daño. No era la primera vez que un embajador en territorio español era amenazado. En esa misma situación muchos habían decidido abandonar su misión.

Eso no fue lo que hizo Aznárez, quien habló con su esposa y llamó al presidente. "No me voy a ir, me siento protegido", le dijo. "Pensalo bien", le devolvió Lacalle. "Sabés cómo es la ETA", agregó.

Montevideo, 1985-1992

ETA había proclamado el independentismo y nacionalismo vasco con un sangriento prontuario en España. A fines de la década de 1980, Uruguay se había transformado en uno de esos santuarios de descanso, al igual que Venezuela o México, para los integrantes de la organización cuya estadía en Francia o España estuviera comprometida. Los anfitriones de acogida habían sido sus antiguos colegas sesentistas, el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, con quienes los unía cierta ideología socialista, un espíritu revolucionario y un profuso amor a lograr cambios políticos y sociales a través de la violencia. La literatura en la materia, en particular el libro póstumo de Antonio Mercader, El último golpe tupamaro, echó luz sobre las sinergias, convivencias y puntos de confluencia entre ambos en lugares como Cuba y Nicaragua, de cómo el MLN-T había ayudado a la ETA a entender la guerrilla urbana y sobre la financiación que los vascos proveían a sus antiguos camaradas. Era natural, entonces, que si había que llamarse a silencio y falsear identidades en un territorio de fronteras porosas para operar bajo la fachada de un par de restaurantes -Boga boga y La Trainera-, los vascos echaran a la mano de los tupamaros.

Madrid, 23 de agosto de 1994

Embajador, no sabe lo que tengo que agradecerle que permanezca y confíe en nuestro gobierno y nuestra democracia le dijo a Aznárez el presidente Felipe González mirándolo a los ojos en la Moncloa, aunque subrayó: De mi parte, si usted toma la decisión de regresar, yo lo seguiré considerando.

Aznárez le respondió que la decisión estaba tomada y que ya lo había hablado con Lacalle.

Tras la comunicación política de rigor, se reforzó la coordinación con el Ministerio del Interior que programó toda la seguridad ponderando desde los elementos clásicos -cambiar rutinas (horarios y rutas)- hasta educar a los uruguayos para identificar bombas lapa, con las que ETA se había hecho célebre. Aznárez rechazó la oferta del gobierno español de suministrarle un auto cada dos días y, en cambio, pasó el resto de su periodo en España con autos de alquiler que cambiaba de forma muy frecuente.

Aznárez reunió a todo el personal de la embajada, les explicó su decisión y el esquema de protección propuesto por los organismos de seguridad, dando la libertad de volver a quienes quisieran. La lista que habían armado con los servicios de inteligencia españoles que podían ser potenciales objetivos comprendía unos 40 uruguayos.

Montevideo, 1992-1994.

Los etarras sabían que los seguían de forma encubierta y pese a que pudieran sospechar de que existía cooperación entre las fuerzas de seguridad españolas y uruguayas, ignoraban el grado y alcance de esa colaboración, que incluso tenía agentes españoles en el terreno. Detrás de esa ingeniería estaba el secretario de Seguridad española, Rafael Vera, que había impulsado una campaña para detener y extraditar a miembros de ETA en América Latina, según han revelado documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La Operación Dulce, considerado el mayor golpe asestado a la organización fuera de España o Francia, detuvo en Uruguay a 30 personas de los cuales 13 eran vascos con documentación falsa. Mientras la justicia uruguaya actuaba en la línea de ese delito, España solicitó la prisión para diez de los detenidos y finalmente demandó la extradición de ocho. La Justicia uruguaya, sin embargo, autorizó únicamente la extradición de tres de ellos, acusados de homicidio y colocación de explosivos. En el horizonte había dos largos años con un obstáculo legal: con una causa penal abierta en Uruguay, la extradición a España no podía ejecutarse.

Madrid, 23 de agosto de 1994.

La penetrante mirada de Rafael Vera podía helar a cualquiera. El jefe de la Guardia Civil era un tipo parco y su prestigio en el combate a la ETA lo precedía. Aznárez lo había tratado socialmente y sabía lo que la mayoría podían decir de él: la organización terrorista le había matado a un hijo.

El objetivo de la reunión era hacer la coordinación de seguridad, pero el embajador uruguayo se sorprendió al ver que su interlocutor con fama de inconmovible le devolvía el mismo gesto que el presidente había hecho poco antes: "Usted no sabe lo que significa para nosotros que usted se haya quedado".

Vera, mejor que nadie, podía explicar que el grupo nacionalista vasco no tenía ningún interés en matar al embajador uruguayo. El logro, justamente, sería que Aznárez se volviera a su país ante el temor de no estar seguro en España. Entonces el mensaje se enviaría a la perfección: ETA tiene más poder que el gobierno español, que no es capaz de proteger a un embajador. Esa victoria política sería resonante en el contexto de una extradición que había levantado controversias transatlánticas.

"Le puedo dar seguridad que lo vamos a proteger con todo lo que tenemos, a usted y a su familia", le dijo Vera que respondió a la mano extendida de Aznárez con un abrazo.

En julio de 1998, Vera fue condenado por la justicia española por su participación en el secuestro de un ciudadano francés, atribuido a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y por malversación de caudales públicos para financiar los GAL, el grupo que practicó la "guerra sucia contra ETA".

nullCartagena de Indias, 14 y 15 de junio de 1994.

No importa qué hiciera o dijera, para el gobierno de Luis Alberto Lacalle era difícil salir bien parado de ese laberinto. Por un lado tenía la presión local que pedía por el asilo político de los etarras. Esa espada ni siquiera se limitaba al MLN o al Pit-Cnt, sino que había logrado captar la atención de 40 parlamentarios, incluyendo varios del oficialismo. Por otro lado, el gobierno nacionalista recibía todo el peso de la presión diplomacia española, cuyo principal brazo ejecutor era el embajador en Montevideo, Salvador Bermúdez de Castro, pero que también se hacía sentir en la península ibérica.

Para uno y otros la respuesta era la misma: poco (y mal) podía hacer el Poder Ejecutivo en un tema que era competencia exclusiva de la justicia. Pero las presiones no cesaban, llegando al punto de condicionar la aceptación de una visita al Uruguay del Rey Juan Carlos en caso que no se procediera a la extradición.

"Antes que se produjera todo el episodio tan difícil de la extradición estuvo presidido por algunos reclamos demasiado fuertes por parte del gobierno español, al que hubo que recordarle que en nuestro país una extradición tiene un procedimiento legal que teníamos que seguir y que seguimos", recuerda, a la distancia, el entonces presidente Luis Alberto Lacalle Herrera.

El reclamo llegó a presentarse en una reunión bilateral entre los presidentes y con participación de los cancilleres, Sergio Abreu y Javier Solana, en la IV Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en Cartagena de Indias. Lacalle y Abreu dijeron lo único que podían decir: el proceso se había iniciado en la órbita judicial, un poder independiente, y ahí terminaría en algún momento.

Madrid, 24 de agosto de 1994, 15.

La misión uruguaya no había dado cuenta a la policía ni había pedido asistencia, pero cinco minutos antes de que llegaran los vascos, se había desplegado el Grupo Especial de Operaciones (GEO) en la puerta de la embajada para recibir a la delegación de Herri Batasuna, que había pedido una reunión de urgencia.

Desde el inicio de la situación judicial con los etarras que el brazo político de ETA solía pedir audiencias en la embajada. La decisión de la cancillería había sido que en todos los casos los recibiera el segundo de la misión, que en ese momento era el ministro consejero, Juan José Arteaga. Hasta el momento los genes vascos de Arteaga habían logrado mantener esas reuniones dentro de parámetros de cordialidad.

Previendo que sería un encuentro difícil, Arteaga le pidió al consejero Oscar de María que lo acompañara. Los dos integrantes de Herri Batasuna versaron su protesta aludiendo a la protección de los derechos humanos. Pero cuando vieron que no había respuesta pasaron al ataque.

-Lo que pasa es que el presidente Lacalle le está pagando los favores que le dio España--, señalaron en referencia a un acuerdo por un crédito OCDE de US$ 200 millones que había negociado la cancillería y la OPP de manera trabajosa con el gobierno de Felipe González.

-Si usted piensa eso se retira de inmediato--, contestó Arteaga. --Esto no lo puedo admitir: primero debe saber que de acuerdo al orden constitucional uruguayo, el presidente no es el que decide sobre extradiciones. Así que si vamos a hablar de esta manera se retiran de inmediato-.

Cuando los vascos se fueron, el GEO desapareció.

Montevideo, 24 de agosto de 1994, 23:45.

El Boeing 707 del Ejército del Aire español, equipado como un CTI, estaba pronto para salir cuando el canciller Sergio Abreu llamó a Madrid para dar las últimas instrucciones. Ante la ausencia del embajador, habló con Arteaga, a quien le notificó que en el avión iba también el médico Carlos Escuder. Abreu le había transmitido a Lacalle que, aunque el avión fuera territorio español, no podían entregarle a los etarras a las autoridades sin un testigo.

Madrid, 25 de agosto de 1994, 17:00.

Los tres vascos llegaron a la base militar de Torrejón de Ardoz. En el informe que escribió a mano Arteaga esa noche desde su casa relató cómo los vio bajar caminando por la escalera del avión luego de declinar el uso de una silla de ruedas, lo cual contrastaba con un supuesto estado de salud precario como consecuencia de una huelga de hambre a la que se habían sometido los etarras en Uruguay. También consignaba que al médico solo lo llamaron cuando algún policía español se acercaba a interrogarlos y que todos pidieron algo de comer y tomar durante el vuelo.

Berlín, 6 de setiembre de 1994, 9:30.

El timbre interrumpió la rutina de Christel Reuter en Clara-Zetkin-Str. 97, a pasos de la puerta de Brandemburgo, donde solía estar ubicada la misión diplomática uruguaya en Berlín Oriental. La funcionaria local fue a recibir a los visitantes cuando 25 personas irrumpieron llevándose a la alemana por delante. Eran un grupo de apoyo a ETA y buscaban una forma de hacerle llegar un mensaje al Edificio Libertad.

La antigua embajada uruguaya ante la República Democrática de Alemania (RDA) no tenía los mismos recursos de los que había gozado antes de la caída del muro, pero estaba destinada a quedar ahí, como un testimonio de otra época, hasta que se concretara la unificación de la misión con la mudanza desde Bonn.

El personal diplomático y administrativo de la oficina en Berlín había visto, un día antes, cómo los militantes de ETA habían hecho manifestaciones con escraches en la embajada uruguaya en Berna. Estaba pendiente, sin embargo, una demostración de fuerza que algunos esperaban en territorio español o en alguna capital europea de peso.

Reuter, quien en la actualidad se desempeña como guía turística en Alemania, recuerda el susto del momento, las discusiones entre ellos y cómo huyó del quinto piso al segundo en donde se encontraba la embajada de España. Desde allí llamó a la Policía. En la oficina había quedado el consejero Ricardo Nario y otra funcionaria administrativa.

Una semana antes del copamiento, alguno de los integrantes de ese grupo había hecho una visita de reconocimiento al consulado bajo la apariencia de ser estudiantes alemanes interesados en tener información sobre Uruguay. Mayoritariamente eran hombres de entre 25 y 40 años, hablaban español y tenían aspecto alemán. Allí pudieron comprobar que la oficina no contaba con protección policial permanente.

Se hacían llamar "Internacionalistas de Berlín", según se supo a través de un comunicado que divulgaron luego, con las mismas protestas que había enviado a la Presidencia de la República desde el fax de la misión diplomática. La agrupación atacaba al gobierno uruguayo por no conceder el asilo político de los etarras.

El comunicado justificaba la toma del consulado como un "gesto de solidaridad" con el pueblo uruguayo y centraba su denuncia principal en la extradición de los vascos Goitía, Ibáñez y Lizarralde. Además acusaba al gobierno de Lacalle de haber "trocado la dignidad humana e integridad física de los tres vascos contra la ayuda militar y policial ofrecida por el Estado Español", un Estado al que calificaban de "torturador" de presos políticos vascos según organismos internacionales de derechos humanos.

El segundo eje del comunicado conectaba esa extradición con lo que describían como un "clima generalizado de represión interna" en Uruguay, en vísperas de elecciones. Mencionan el hecho que se había "disparado sobre manifestantes", que terminó con la muerte de Fernando Morroni, el cierre de las radios CX 44 y CX 36 -desde donde la dirigencia tupamara había convocado a la manifestación violenta-, y la "masacre" de Jacinto Vera como expresiones de una misma "lúgubre lógica de autoritarismo" que, según afirmaban, "reanuda con la arbitrariedad de la dictadura militar".

Cuando llegaron las fuerzas alemanas, el copamiento había terminado. Los Internacionalistas de Berlín se habían llevado un sello del consulado y una pequeña bandera patria.

Montevideo, 4 de junio de 2026

Más de 30 años después de los hechos, Lacalle Herrera recuerda la extradición de los etarras y los sucesos del Filtro como uno de los tres momentos más difíciles de su gobierno.