Gremios de vigilancia advierten riesgo para 400.000 empleos

Los gremios de la vigilancia y la seguridad privada lanzaron una alerta sobre el futuro de 400.000 empleos formales en Colombia, al asegurar que recientes actuaciones y decisiones del Gobierno Nacional están afectando la estabilidad del sector. La advertencia cobra relevancia por el peso económico de una actividad que representa el 4% del empleo formal del país. A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones empresariales defendieron la legalidad y formalidad de la industria, integrada por trabajadores que prestan servicios de seguridad en el país. Señalaron que el sector aporta el 1,13% del Producto Interno Bruto (PIB) y moviliza cerca de $21 billones al año. Los gremios afirmaron que las medidas adoptadas por el Ejecutivo podrían comprometer la sostenibilidad de las empresas y, con ello, afectar miles de puestos de trabajo. En el documento insistieron en que se trata de una actividad regulada, con licencias, contratos laborales, afiliaciones a seguridad social y obligaciones tributarias plenamente establecidas. El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos a lo que consideran una estigmatización de la actividad. Según indicaron, se ha producido una asociación entre el sector formal y estructuras paramilitares sin que existan pruebas que respalden tales afirmaciones. Para las organizaciones, esto configura un proceso de deslegitimación con efectos directos sobre empresas y trabajadores. "Las actuaciones del Gobierno Nacional frente a nuestro sector configuran un patrón sistemático de deslegitimación con consecuencias reales sobre empresas y trabajadores", señalaron los gremios. Asimismo, reiteraron que su actividad se desarrolla dentro del marco constitucional y bajo los principios de la libre empresa, la seguridad jurídica y el Estado Social de Derecho. Otro de los puntos que genera preocupación está relacionado con los tiempos de respuesta en los trámites requeridos para ejercer la actividad. De acuerdo con el documento, existe una parálisis institucional que dificulta la obtención de acreditaciones por parte de miles de trabajadores en todo el país. Largas demoras Las organizaciones aseguraron que el tiempo promedio para resolver estos procedimientos alcanza los 391 días, mientras que algunos expedientes han llegado a registrar demoras de hasta 1.348 días. Incluso, advirtieron que algunos vigilantes han sido detenidos durante operativos debido a retrasos cuya responsabilidad atribuyen exclusivamente al Estado. A estas preocupaciones se suman dos decisiones recientes que el sector cuestiona por considerar que fueron adoptadas sin suficiente socialización previa. Una de ellas corresponde a la calculadora salarial, sobre la cual sostienen que presenta problemas de rigor técnico y ha generado incertidumbre entre trabajadores y empresas. La segunda medida corresponde a la modificación de la estructura tarifaria. Según los gremios, el cambio presenta deficiencias técnicas y omite el impacto derivado de la creación de un nuevo lunes festivo establecido por ley. A juicio del sector, esta situación podría alterar significativamente las condiciones bajo las cuales operan las compañías.