Cómo el Tren de Aragua usó plataforma de criptomonedas para lavado de dinero y abrió dudas por controles financieros

Más de una veintena de órdenes de detención y múltiples allanamientos autorizó el 10° Juzgado de Garantía de Santiago a fines de mayo pasado, que hoy se conocen como "Operación Tokio", en que se indaga el lavado en Chile de más de $80 mil millones de una facción del Tren de Aragua, organización criminal transnacional de origen venezolano. El grupo se dedicaba, principalmente, a las extorsiones tanto de locatarios como de organizadores de fiestas clandestinas, y los dineros obtenidos de esas y otras actividades ilícitas -como homicidios o secuestros- eran los que posteriormente blanqueaban.
A la cabeza de toda la organización estaba el "Niño" Guerrero, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, quien habría sido ejecutado por Estados Unidos, según informó el Presidente Donald Trump (ver A6). Sin embargo, bajo él hay toda una estructura para la comisión de delitos en distintos países, que incluye "jefes de plaza", "brazos operativos", prestacuentas y testaferros, de acuerdo con la indagatoria local, que cruza antecedentes con pesquisas extranjeras y cuyos resultados fueron recientemente divulgados.
Tanto los arrestos en Chile como los allanamientos fueron ejecutados por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Brigada Contra el Crimen Organizado (Brico) de la PDI. Se detuvo a 17 de los 24 "blancos investigativos" incluidos en la resolución judicial, a la que accedió "El Mercurio".
Una pieza del engranaje para el blanqueo, según indagatoria
Sin embargo, uno de los investigados que no pudo ser aprehendido fue José Manuel Ríos Guaidó, a quien las pesquisas asocian con la plataforma Plusspay y con la que sería su matriz, Inversiones Plusservice, según la propia página web de la herramienta para realizar transacciones virtuales, por ejemplo, de criptomonedas.
La resolución judicial que autorizó las medidas intrusivas menciona que Ríos Guaidó "actualmente se encuentra en el extranjero". Su última ubicación sería Colombia.
El uso de Plusspay por la organización criminal abrió dudas en torno al control de este tipo de plataformas, dado que en el portal de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aparece Plusservice SpA con el número de inscripción 151 desde el 2 de enero de 2024. Aunque el regulador precisó que eso no significa que se le haya otorgado algún tipo de autorización (ver recuadro).
Los informes policiales identifican a Ríos Guaidó como parte del engranaje para el lavado de dinero en el país. Además, su LinkedIn lo describe como fundador y CEO de Plusspay desde agosto de 2021 a la fecha. Anteriormente, se lee que fue jefe de Operaciones en Agrosuper por cerca de un año y planificador y programador de mantenimiento en CMPC por el mismo período. Mientras que en su país se desempeñó como ingeniero de operaciones de PDVSA Petróleos de Venezuela S.A., por casi ocho años.
Incautaciones de dinero, bienes, vehículos y productos financieros
Además de las detenciones y allanamientos, la resolución judicial también visó incautaciones de dinero, de bienes y vehículos, así como cautelares sobre productos financieros.
"Se autoriza el congelamiento de cuentas y alzamiento de secreto bancario", consigna respecto de varios miembros de la organización. Dispone así "el congelamiento y alzamiento de cuentas de criptomonedas" de Ríos Guaidó, por ejemplo. También, de sus cuentas corrientes en distintos bancos, depósitos a plazo, vales vista y cuentas de ahorro. Y lo mismo respecto "de Inv. Plussservice SpA y Plusspay SpA", reseña el documento.
Prohíbe, a su vez, enajenar bienes de Ríos Guaidó, mencionándose una oficina, bodega y estacionamiento en Antonio Varas, en la comuna de Providencia.
Estas medidas cautelares se hacen extensivas a prácticamente todos los detenidos -los blancos investigativos que todavía no son arrestados- y sus sociedades relacionadas.
La moneda virtual para dificultar "trazabilidad, rastreo" y "sacarlo del país"
Para los investigadores, "los miembros de la organización criminal Tren de Aragua insertaron al sistema financiero formal el dinero obtenido de la comisión de múltiples delitos, como extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual y estafas, a través de depósitos en efectivo y transferido entre distintas cuentas bancarias con la finalidad de dificultar su trazabilidad y rastreo".
Así al menos se lee en el expediente, que añade que el dinero fue transferido y llegó "a cuentas bancarias de otras empresas, convirtiéndolo en criptomonedas y de esta forma sacarlo del país evitando que sus receptores finales fueran detectados".
PDI: "Como cualquier medio de transferencia de dinero, tiene pros y contras"
El subcomisario de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, Víctor Celis Contreras, explicó a "El Mercurio" que "el uso de las plataformas en general tiene un fin de poder transformar dineros fiduciarios a criptomonedas, distintos tipos de criptomonedas; las plataformas operan de distinta forma, según los servicios que ofrezcan". Dijo, a su vez, que, "como cualquier medio de transferencia de dinero, tiene pros y contras".
Indicó que, "por ejemplo, para la policía, en nuestra labor investigativa, una ventaja del sistema de criptomonedas es que todas las transacciones son públicas, por ende, yo como policía puedo explorar estas distintas blockchain y ver todas las transacciones". Sin embargo, advirtió, "las direcciones son o no se puede atribuir fácilmente a una persona o una entidad, y ahí esta la dificultad de lograr determinar la posición de las distintas direcciones, a dónde llegan estos fondos".
Aunque, comentó, al tener un "blanco investigativo" determinado, se facilita el cruce de datos para determinar las transacciones.
Estructura
El Tren de Aragua dividió funciones entre jefes de plaza, brazos operativos y testaferros para lavar dinero en Chile. CMF descarta haber autorizado a Plusspay y el gremio fintech se desmarca de su socioAunque la empresa aparece inscrita en sus registros, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) descartó haber autorizado la operación de la compañía Plusspay, dedicada a la compra y venta de criptomonedas y cuyo controlador es investigado en el marco de la "Operación Tokio" (ver información principal).
La sociedad Inversiones Plusservice SpA figura inscrita desde el 2 de enero de 2024 y también aparece listada en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros que creó la Ley Fintec. Sin embargo, aunque la empresa ofrece "liquidación instantánea entre pesos chilenos y stablecoins (un tipo de criptomoneda)", el catastro de la CMF no le asigna ninguna autorización vigente para operar en la intermediación de instrumentos financieros, ni ninguna otra actividad.
"La sola inscripción no habilita para operar, ya que es necesario el proceso de autorización", explican desde el regulador. En ese proceso de autorización, detallan, un paso fundamental son las obligaciones de entrega de información. Precisamente durante esa revisión, agregan, "se detectó que varias entidades no habían actualizado su información de inscripción, y por ende, no se habían ajustado a los requerimientos normativos vigentes. Entre ellas, Inversiones Plusservice SpA, otras entidades inscritas como intermediarios y custodios y otras 14 inscritas como asesores de inversión".
¿Socio de las fintech ?
Más allá de su situación regulatoria, Plusspay y José Manuel Ríos Guaidó, su "CEO y founder ", se vincularon con el principal gremio de la industria en el país, FinteChile. Aunque ya no es posible ver la publicación en LinkedIn, el gremio le dio la "bienvenida" como socio hace dos años, y lo describió como "un acceso seguro al mundo de las criptomonedas en Chile". En su sitio web no aparecen como "miembros" actualmente. Aunque "El Mercurio" consultó sobre su vínculo con la empresa, FinteChile declinó aclarar su estado actual.
En cambio, sí aseguraron que "FinteChile cumplió con los procesos internos de revisión y control que nos corresponden con la información disponible a la fecha. Lo relevante ahora es que la investigación pueda desarrollarse con total rigurosidad".
Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), en tanto, su gerente general, Luis Opazo, remarca que "determinados activos y plataformas presentan desafíos relevantes desde la perspectiva de la prevención del lavado de activos y exigen marcos de control acordes con esos riesgos". Especialmente, añade, resulta pertinente revisar si la ley del Sistema de Finanzas "consideró las capacidades regulatorias y fiscalizadoras necesarias" en este sentido.