Caso Penadés: a días del comienzo de una etapa crucial en la causa, Fiscalía exime de responsabilidad a Ghione

Luego de que Fiscalía abriera la investigación de oficio, Alicia Ghione fue la encargada de comenzar a investigar al senador más importante del Partido Nacional, Gustavo Penadés. Pidió su desafuero, luego su imputación por más de una decena de delitos sexuales y lo acusó de haber utilizado "el aparato del Estado para perseguir víctimas" de su caso. Sus modos en audiencia y actitudes que tuvo en la investigación le valieron críticas de las defensas de los imputados. Ellos pidieron que investigaran si ella se excedió en su función y cometió delitos. A pocos días del comienzo de una etapa crucial en el caso, la Fiscalía cerró la posibilidad de que Ghione sea sancionada penalmente por su proceder en el caso.

El fiscal Gilberto Rodríguez había archivado meses atrás la investigación y el caso fue reexaminado por su colega Enrique Rodríguez, quien coincidió con él, volviendo definitivo el archivo. Consideró que no quedaban evidencias útiles por recabar y que lo recolectado hasta el momento no permitía una solución diferente a la tomada. Además, destacó que si bien la vía penal y la vía administrativa son independientes, su decisión se ve "abonada por el archivo de todas y cada una de las investigaciones administrativas llevadas adelante" por la Fiscalía General de la Nación por denuncia de las defensas, surge del dictamen del fiscal.

De esta manera, Ghione fue exonerada de toda responsabilidad vinculada al caso. Sí fue sancionada por una denuncia realizada a partir de otro expediente, en el que archivó un caso de abuso sexual intrafamiliar sin haber informado debidamente a la víctima, a la que le había dicho inicialmente por medio de sus abogados que sí iba a imputar a los denunciados.

En el marco del caso Penadés, Ghione recibió denuncias penales por siete hechos. La original apuntaba a que la fiscal, teniendo conocimiento de que en el celular de Jonathan Mastropierro víctima en el caso Penadés había imágenes de explotación sexual infantil, lo escondió. Por otra parte, también fue acusada de violar la reserva y darle información de otras víctimas a Mastropierro, de mantener contactos inadecuados con Romina Celeste Papasso y otras víctimas, a las que tomó declaración en un bar, de haberle pedido a Papasso que rompiera su celular para destruir evidencias sobre un chat falso que la militante nacionalista creó, de no haber querido denunciar la naturaleza apócrifa de ese chat, de impedir arbitrariamente la designación de un abogado defensor y de entregar irregularmente chats a un testigo (esto último fue reportado por la actual fiscal del caso, Isabel Ithurralde).

Tras aproximadamente un año de investigación, el fiscal de Delitos Complejos Gilberto Rodríguez determinó que no había mérito para imputar penalmente a Ghione y que la causa debía archivarse. En una audiencia judicial posterior, el fiscal dijo que su colega tuvo "ciertas conductas desprolijas" pero no ilegales e indicó que en un primer momento les "generaban dudas". "Estuvimos en el límite entre considerar" si había delitos, pero terminó concluyendo que no.

Los defensores de Penadés y de Sebastián Mauvezín pidieron a la Justicia que ordenara que el caso lo revisara otro fiscal. Al analizar los fundamentos del archivo, la jueza suplente Gabriela Azpiroz entendió que eran de recibo los argumentos de Rodríguez, salvo en dos episodios en los que, dijo, creía que podía profundizarse más.

El primero es el que denuncia que Ghione conocía que Mastropierro tenía imágenes de explotación sexual infantil en su celular y no lo denunció. El análisis del fiscal Rodríguez era que si bien una fiscal de Flagrancia declaró que un policía le informó de ese material y ella se lo comunicó a Ghione, luego fue citado el mencionado oficial y declaró que él no recordaba haber informado nada y que no sabía de la existencia de esas imágenes. Eso, sumado a que la fiscal investigada aseguró no haber sido enterada, que sus colaboradores indicaron que ella no era la encargada de revisar los celulares (no sabía hacerlo) y que se mostró genuinamente sorprendida cuando se enteró de lo ocurrido, generó que no hubiera evidencia suficiente para acusarla de ese delito.

El segundo punto que Azpiroz consideró para ordenar el reexamen fue la posibilidad de que Ghione le hubiera dado un disco duro con el contenido de celulares a Federico Rodríguez, un policía condenado por la "trama" que fue testigo en el caso. La fiscal reconoció haberle dado el material, pero su abogado destacó que él ya lo tenía y tenía derecho a tenerlo por haber sido imputado en el caso. Sin embargo, la defensa de Penadés destacaba que se le otorgó "sin registro alguno". Tampoco había registros exactos sobre si él, cuando era imputado, efectivamente había accedido o no a ese material.

Por estos dos motivos ordenó el reexamen. El fiscal asignado para analizar el caso fue Enrique Rodríguez. Tras revisarlo, coincidió con su colega Gilberto Rodríguez en que la investigación debía archivarse. Esto lo vuelve definitivo. El primer fiscal había determinado que algunas de las conductas denunciadas no eran delictivas y sobre otras, no había pruebas contundentes que permitieran probar la culpabilidad de Ghione. Ahora, Enrique Rodríguez, opinó que esa valoración está "debidamente fundada" y que no existe la posibilidad de recabar más información que pudiera decantar en una solución diferente a la que se halló.

Ghione dejó el caso un año atrás por problemas de salud. Se encuentra desde entonces con licencia médica por motivos de salud mental. La sustituyó la fiscal suplente Isabel Ithurralde.