El proyecto de ley impulsado por el gobierno consta de 240 artículos que buscan agilitar trámites, desempapelar el Estado y abrir la competencia para productos de consumo de la canasta básica.
A última hora de este jueves, el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) remitió al
Parlamento el anunciado proyecto de
Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una de las iniciativas de
reformas microeconómicas más ambiciosas impulsadas hasta ahora por el gobierno de Yamandú Orsi. La propuesta, además, ha despertado una recepción inicialmente favorable de la
oposición y también de buena parte del sector privado.
El documento consta de 240
artículos, 160 páginas sin considerar la exposición de motivos y se divide en cuatro grandes
capítulos con varias subsecciones cada uno de ellos. Los grandes temas que abarca son: Agilización de trámites, Facilitación del Comercio Exterior, Promoción de la Competencia e Innovación y por último Aceleración de Inversiones.
"Una modesta pero importante reforma del
Estado", la definió el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al adelantar la
iniciativa legislativa que impulsa la cuarta administración del
Frente Amplio y que tiene al economista como una de las figuras centrales del
Poder Ejecutivo.
En la exposición de motivos, el gobierno destacó que durante las últimas décadas,
Uruguay ha realizado "importantes avances en la consolidación de su
estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento institucional, la responsabilidad fiscal, la solidez del
sistema financiero y la consolidación de una
inflación a niveles bajos históricamente".
No obstante, se reconoce que pese a que se ha generado un "mayor entorno de previsibilidad", "la
estabilidad económica, siendo condición necesaria para el
crecimiento sostenible, no constituye por sí sola condición suficiente para mejorar la competitividad de la economía ni para elevar el bienestar de la población" uruguaya.
El proyecto
Además de plantear algún artículo que se podría calificar como
insólito, como el de derogar una ley de 1941 que prohibía que las
carnicerías abrieran los domingos, el proyecto de ley busca avanzar en algunos aspectos
desregulatorios y de burocratización que permitan la "
agilización de trámites" mediante la "
simplificación administrativa".
"Las medidas regulatorias y exigencias
administrativas deberán ser idóneas, necesarias y razonables a fin de proteger el
interés sectorial y el nivel de riesgo involucrado, resguardando los derechos de las personas físicas o
jurídicas solicitantes del procedimiento, evitandóles cargas, costos o demoras innecesarias", plantea en términos genéricos el artículo 2 de la
iniciativa legislativa que será tratada primero en el Senado.
En aras de impulsar emprendimientos, se propone que para el "inicio o desarrollo de un proyecto o actividad", de
determinadas características, no se requerirá "autorización previa" de acuerdo a lo previsto por la normativa. A su vez, salvo excepciones, de no cumplir la
administración con los plazos previsto se aplicará para esos casos considerados de
bajo riesgo regulatorio "el régimen de silencio administrativo positivo". Es decir, en caso de no contar con la
autorización del Estado antes prevista, "la solicitud se tendrá por aprobada en pleno derecho".
En materia de agilización de trámites, se propone la creación de nuevo programa de
Calidad Regulatoria, que funcionará en el ámbito del MEF, a través de la
Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión. El objetivo, dice el proyecto, es "promover y coordinar la implementación de mecanismos de agilización de trámites en los organismos del Estado reduciendo
cargas administrativas, plazos y
costos para los solicitantes".
En esta dirección, se plantea la revisión temporal en la evolución del
impacto económico que se pretenden produzcan dichos cambios administrativos y como resultado de esa evaluación la posibilidad de hacer modificaciones, "sin que ello implique una disminución en
estándares de vigilancia sanitaria, técnica o
ambiental" que motivaron la regulación original. Además, se habilita a que "cualquier persona física o
jurídica" pueda solicitar la revisión de un
trámite que no entienda pertinente.
Entre otras medidas, ya anunciadas, el proyecto plantea la facilitación de i
mportadores múltiples para un mismo producto muy reclamado por la población por los altos costos de los bienes de
higiene personal y que se comience con la práctica de publicar los precios según unidad de medida, una propuesta similar a la que había hecho el exdiputado del
Frente Amplio fallecido Gustavo Olmos.
En materia burocrática, se establecerán registros únicos de apoderados para que las empresas no tengan que "
duplicar documentación", se creará la posibilidad de "
autodespacho aduanero" para aquellas empresas que califiquen y se impulsará un "d
esempapelamiento" en todas las oficinas del Estado, incluido en materia de
comercio exterior.
El bolsillo del ciudadano
En diálogo con El País, el director de
Asesoría de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, destacó que el objetivo buscado es "lograr un aumento de la
inversión".
"Un incremento de la inversión va a derivar en mayor
crecimiento económico, pero para eso no hay cuestiones directas para hacer. Por tanto, estamos simplificando los
trámites. El concepto es que durante todos estos años mientras no teníamos
estabilidad macroeconómica la discusión sobre ser más o menos competitivo se daba en torno al
precio del dólar. Entonces, cuando dejas de discutir sobre eso tienes que encarar las
reformas pendientes. Que los trámites sean lo más fácil y sencillo posible sin que eso implique menos control", resumió el economista, en referencia a ciertos equilibrios que también busca lograr el proyecto en materia de
desregularización y desburocratización.
En resumen, consideró que la transformación más importante para él en materia de costo de vida y "vamos a ver todos los ciudadanos en el bolsillo" es la del "
segundo importador".
"Va a haber menos requisitos a la hora de importar un
producto. Hoy en día las
habilitaciones son empresa - producto. Se habilita a que una empresa traiga tal producto. Ahora en caso de aprobarse el proyecto de ley se van habilitar a las
empresas por un lado y el producto por otro. En esos casos, por ejemplo, se abre la posibilidad de ir a comprar la
pasta de dientes no necesariamente a la empresa matriz, lo podés hacer en
Brasil o
Argentina. La idea es que alguien haga esos
negocios, que tendría que llevar mediante la racionalidad a una baja en el
precio de ese tipo de productos", afirmó.
En materia de mejora para la
competencia, el capítulo tres del proyecto de ley es junto al primero el que más artículos tiene y plantea modificaciones en el control de las
concentraciones, ajustes a "conductas anticompetitivas" o de posición dominante, inspecciones en cuando existan "indicios fundados de la existencia de
prácticas horizontales" (colusión), entre otras. Gran parte del articulado busca fortalecer, a su vez, la
Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia convirtiéndolo en un servicio descentralizado, en lugar de un órgano desconcentrado.
El País, Uruguay
20 de junio de 2026
