Cómo cumplir sin plata

El triunfador de hoy se verá obligado a mostrar que está dispuesto a poner la casa en orden para que los mercados no se pongan nerviosos, algo que podría traducirse en un encarecimiento

de los créditos que será necesario contratar y en una devaluación del peso.
RICARDO ÁVILA - ESPECIAL PARA EL TIEMPO @RAVILAPINTO
ANALISTA SÉNIOR
Aquella conocida expresión según la cual "el papel aguanta todo" volvió a validarse a finales de la semana pasada cuando el Ministerio de Hacienda dio a conocer la más reciente versión del Marco Fiscal de Mediano Plazo. El documento, que responde a un mandato legal, muestra no solo una radiografía de las finanzas públicas, sino que hace una proyección a diez años respecto a las cuentas gubernamentales. A primera vista, no hay mucho de qué preocuparse. Es verdad que actualmente hay un saldo en rojo importante, pero con el paso de los años este se volvería manejable, mientras la deuda se mantendría en niveles razonables, de acuerdo con la perspectiva oficial. El problema es que, como bien lo han señalado numerosos especialistas, el planteamiento del Ejecutivo va en contravía de lo que muestra la realidad. En contraste con las proyecciones optimistas respecto al comportamiento al alza de los ingresos estatales, junto con una evolución moderada de los gastos, lo sucedido en la primera parte de 2026 apunta a una estrechez creciente. Tanto, que entre las pocas certezas que existen por estos días, aparece la convicción de que el próximo Gobierno encontrará "la olla raspada". Los desafíos que asumirá quien arranque el próximo 7 de agosto comenzarán por asegurar que en la caja que maneja la Tesorería de la Nación haya disponibilidad para atender puntualmente obligaciones corrientes que incluyen los pagos de nómina y a proveedores. Como si eso no fuera suficiente, el año que viene será más desafiante, por decir lo menos. De un lado, la persona que asuma la Presidencia de la República tratará de hacer efectivas las promesas de campaña. Del otro, el triunfador de hoy se verá obligado a mostrar que está dispuesto a poner la casa en orden para que los mercados no se pongan nerviosos, algo que podría traducirse en un encarecimiento de los créditos que será necesario contratar y en una devaluación del peso. Aparte de apagar los incendios más amenazantes, el gran reto inicial será la discusión del Presupuesto de 2027, cuya primera versión será radicada antes de que termine julio por la administración saliente. Ello exige no solo tomar el toro por los cuernos con mucha rapidez, sino poder trabajar con el Congreso para que este acepte hacer las modificaciones del caso. Pasar dificultades Las dificultades en materia fiscal no son nuevas, pues desde hace tiempo se ha puesto en evidencia que el país se ha comportado como esas personas que llevan un estilo de vida que no es compatible con los medios de que disponen para sostenerlo. Así como un individuo recurre al "tarjetazo" y al fiado para verse próspero, aquí se ha hecho uso de medidas que rayan en la prestidigitación financiera para que las cosas no se vean tan mal. Un ejemplo de creatividad que permitió disimular la situación fueron las operaciones de manejo de deuda, a cargo de la Dirección de Crédito Público, gracias a las cuales el balance de 2025 acabó siendo menos desfavorable que los estimativos originales. Estas incluyeron la recompra de bonos en el mercado internacional y la contratación de un crédito en francos suizos a menor costo que el de las obligaciones en dólares, con lo cual al final se redujo en forma sustancial el giro correspondiente a intereses y el saldo nominal de las acreencias. No obstante, dicho respiro fue de carácter puntual, no definitivo. Para los propósitos del Gobierno actual acabó siendo muy útil pues le dio espacio adicional para aumentar las erogaciones, pero el que sigue tendrá que asumir las consecuencias, sin que queden muchas cartas bajo la manga. Tal como lo anotó un escrito del área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, "el alivio financiero no debe confundirse con consolidación fiscal". Agregó la entidad que "las operaciones de manejo de deuda pueden modificar el momento en que se reconocen algunos pagos, reducir temporalmente la carga de intereses y mejorar la disponibilidad de caja, pero no corrigen el desequilibrio entre ingresos permanentes y gasto estructural". Los números hablan por sí solos. De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el déficit fiscal en 2026 será de unos 106 billones de pesos que equivalen al 5,3 por ciento del producto interno bruto (PIB). Dicho faltante es dos décimas de puntos porcentual más elevado que el calculado por el plan financiero que el Ministerio de Hacienda dio a conocer en marzo, algo que este atribuye a la suspensión de un decreto que buscaba más recursos, por decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, los analistas van mucho más allá. La Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia le apunta a un saldo en rojo que llegaría al 6,5 por ciento del PIB por cuenta del ritmo observado de la ejecución presupuestal, que es muy alto. A su vez, Corficolombiana habla de 6,9 por ciento, es decir un agujero que bordearía los 140 billones de pesos. Comenzar a cerrar la brecha será todo un desafío. Para la administración Petro la solución es pasar un paquete tributario que incremente los ingresos gubernamentales en 30 billones de pesos, lo cual es más fácil de decir que de hacer. Cualquiera que sea el desenlace de las elecciones el nuevo Presidente tendrá que actuar ante una opinión polarizada, lo cual reducirá su margen de maniobra. Comenzar con un aumento de impuestos que superaría en magnitud a las reformas aprobadas en el Capitolio en los últimos tiempos sería una especie de suicidio político en medio de múltiples desafíos. Algo menos ambicioso podría resultar factible, pero tampoco será fácil asegurar las mayorías en la Cámara y en el Senado, dada la fragmentación que existe. Salidas posibles Aun así, cruzarse de brazos no es una opción. Como lo indicó un reporte hecho por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de mantenerse las tendencias actuales el panorama pasaría de castaño oscuro, pues a finales de la década tanto el déficit como la deuda pública serían insostenibles. Salir del círculo vicioso pasa por consultar a los especialistas. Fedesarrollo se refirió hace unos días a "la necesidad de un ajuste significativo (…) desde los presupuestos actuales, complementado con medidas que contengan la trayectoria creciente del gasto en algunos rubros". Además, no se puede olvidar que está vigente una reforma constitucional que aumenta en forma sustancial los dineros que la Nación les transfiere a los entes territoriales. Si bien todavía falta la Ley que reglamenta el nuevo esquema, saber ceder correctamente competencias y responsabilidades es todavía más crucial, dadas las circunstancias. Dentro de las propuestas que hay sobre la mesa, vale la pena examinar una hecha por el exministro Mauricio Cárdenas, quien ejerció durante 2.164 días la cartera de Hacienda en la administración Santos. El punto de partida es un diagnóstico todavía más ácido respecto a las finanzas públicas, pues el déficit en 2026 sería superior al 8 por ciento del producto interno si se sinceran una serie de pasivos y gastos urgentes. Es por ello que el economista bogotano afirma que se requiere un recorte neto equivalente a 2,4 por ciento del PIB, es decir una suma cercana a los 50 billones en pesos de hoy. Si bien el apretón comenzaría cuanto antes, vale la pena recordar que el campo de acción este año será limitado, entre otras porque quienes se van comprometen todo lo que esté a su alcance. Eso incluye la suscripción de contratos temporales que durarán meses en terminarse u obligaciones todavía más prolongadas. Hacer un inventario de lo que hay pasa por examinar el tema del personal. Según datos del Departamento Administrativo de la Función Pública, la nómina estatal pasó de 884.700 individuos en 2022 a 940.600 en marzo de 2026. Proporcionalmente el mayor incremento en los últimos diez años correspondió a los empleados públicos (47 por ciento) que ascienden a 202.700, aunque los grupos más grandes pertenecen a las Fuerzas Armadas y a los docentes. ¿Qué hacer, entonces? Cárdenas plantea disminuir la burocracia, lo cual traería ahorros de 13,3 billones en 2027 hasta alcanzar 25,9 billones en 2030. Los elementos de ese adelgazamiento incluirían reducir la nómina en 45.000 cargos, recortar lo que describe como "empleo militante" mediante una disminución del 30 por ciento en las órdenes de prestación de servicios y congelar los salarios en términos reales, con lo cual los aumentos de sueldo solo reconocerían la inflación del año precedente. Aparte de lo anterior, está la eliminación del Ministerio de la Igualdad, algo que ya quedó finiquitado después de que el Congreso no aprobó la ley que lo habría mantenido. Así mismo, debería haber un esfuerzo para sacar de la lista a quienes hoy se benefician injustamente de subsidios estatales. El punto ha sido mencionado en repetidas ocasiones e incluso el actual minhacienda, Germán Ávila, lo identificó durante la presentación que hizo ante la prensa del Marco Fiscal. El cálculo es que el próximo año se economizarían 6,3 billones que podrían llegar a 12,7 billones en 2030. Como tercer elemento habría que sincerar el precio de los combustibles, y en particular de la gasolina diésel, que está muy por debajo del valor de referencia que es su cotización internacional. Dado el forcejeo que algo de este estilo ocasionaría con gremios poderosos, como el de los transportadores, Cárdenas sugiere hacerlo a partir de 2028, lo cual ahorraría unos 4 billones de pesos anuales. Otro componente, no menos espinoso, es el de acabar con recursos que hoy tienen un componente de "politiquería". Esto comprende una serie de fondos públicos, algunas transferencias y gasto estatal encubierto como inversión. En total, aquí se salvarían 14 billones de pesos al final de la década. Actuar con determinación en la materia serviría para recuperar la hoy maltrecha credibilidad en la política económica. Decisiones que sean calificadas de responsables serían clave para mejorar el perfil de riesgo y de paso reducir el costo de endeudarse. Basta recordar que hoy el país paga el doble en intereses de lo que le vale a Chile un préstamo. Si ese margen es mucho menor el estimativo de Cárdenas es que habría una reducción en esos pagos de hasta 25 billones. Cualquiera que haga las cuentas verá que los menores gastos serían de 33,8 billones el año que viene, de 58,6 en 2028, de 69,5 en 2029 y de 82,7 billones de pesos en 2030. Lo interesante es que se abriría espacio para subirles el presupuesto a temas prioritarios y hacer inversiones productivas. También el exministro pone sobre la mesa el tema de reducir ciertos impuestos con el fin de impulsar el crecimiento. El propósito es que un sector productivo más vigoroso acabe contribuyéndole más al fisco, con lo cual lo que se deja de percibir por las menores cargas se recuperaría en parte a través de un mayor dinamismo. Como siempre sucede en estos casos, el compendio de ideas descrito genera alabanzas y críticas. Pero en lugar de entrar en la polémica individual sobre qué conviene más o no, el punto de fondo es que sí hay alternativas para evitar que el Estado colombiano avance inexorablemente hacia la quiebra. Y tal vez lo más importante es dejar en claro que, tras años de excesos, a la plata pública hay que cuidarla. Así suene obvio y tantos lo ignoren o les produzca indiferencia, nunca está de más recordar que el presupuesto nacional se financia con las contribuciones de todos y su propósito es el bien común, no el particular. Por eso el próximo inquilino de la Casa de Nariño, quien quiera que sea, estará obligado a tratar de la mejor manera posible este enorme problema de un déficit fiscal potencialmente explosivo. Si logra encontrar la salida, el éxito de su gestión quedará asegurado. En cambio, si lo ignora, descubrirá en cuestión de meses las secuelas de una de las herencias más perversas que deja la administración de Gustavo Petro, pues se la pasará los próximos cuatro años de crisis en crisis. O saltando matones, como decían las abuelas, porque el papel aguanta todo, pero la economía no.