El Estado busca desde hace décadas soluciones para un problema complejo, que no ha hecho más que crecer; varios programas trabajan en simultáneo, y procuran desde la relocalización hasta la regularización de las viviendas.
El
asentamiento Leopoldo Alas, en
Villa Española, se formó el 1 de febrero de 1950, según los
datos oficiales que obran en poder del
Observatorio de Asentamientos de la
Intendencia Municipal de Montevideo. Pasaron 76 años y está intervenido parcialmente por el
Plan Juntos, que allí lleva adelante un
proyecto de desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida de las
165 personas que aún viven en ese lugar. Es una muestra de lo complejo que resulta darle una solución definitiva a cada
asentamiento y que se trata de una problemática que la capital arrastra desde hace muchísimas décadas.
El Observatorio de Asentamientos de la Intendencia de Montevideo se nutre de informes institucionales, expedientes, información de campo, interpretación de imágenes aéreas o satelitales y relevamientos propios. Y revela que los asentamientos de la capital ocupan 1.200 hectáreas y allí viven 133.086 personas. Pero el dato de la población es seguramente mayor ya que el Censo 2023 ponderado elevó en 34.533 las personas que viven en asentamientos en todo el Uruguay, lo que hace prever que para Montevideo la cifra es mayor a la que está en poder de la comuna.
Antigüedad
La fecha de nacimiento de los asentamientos es exacta en algunos casos y estimada en otros a partir de relevamientos del Instituto Nacional de Estadística, Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), Ministerio de Vivienda, Google Earth, informes institucionales, expedientes y otras fuentes.
Los registros muestran que en Montevideo hay 345 asentamientos con la particularidad de que 252 surgieron antes de los años 2000. O, dicho de otra manera, tres de cada cuatro asentamientos en Montevideo tienen más de 25 años de antigüedad.
La base de la Intendencia cuando se divide por períodos de gobierno muestra que el mayor salto entre los asentamientos que siguen vigentes se dio en los años 90. Entre 1990 y 1994 surgieron 76 asentamientos que aún figuran activos. Entre 1995 y 1999 aparecieron otros 49. En total, 125 de los asentamientos vigentes nacieron en esa década. El segundo bloque relevante corresponde a los años 80. Se generaron 37 entre 1980 y 1984, y 26 entre 1985 y 1989. También es importante el número de asentamientos originados en décadas anteriores: 18 entre 1970 y 1974, 13 entre 1975 y 1979, 17 entre 1960 y 1964 y seis entre 1965 y 1969.
Más recientemente, entre 2005 y 2024 nacieron 46 asentamientos que siguen existiendo, casi la mitad entre 2015 y 2019.
Intervención
Desde la primera intervención hasta la erradicación de un asentamiento pasan varios gobiernos. Siempre y cuando esos asentamientos hayan tenido la suerte de ser elegidos para recibir el desembarco de algunos de los programas existentes.
De los 345 asentamientos registrados en Montevideo hay 227, es decir, dos tercios, que no tienen intervención prevista.
Otros 89 aparecen con "intervención parcial", 15 están "en proceso de regularización", nueve tienen una "intervención prevista" y cinco están "en proceso de relocalización".
Hay 37 asentamientos surgidos entre 1980 y 1984 que, al día de hoy, según los datos de la IMM, aparecen sin intervención estatal prevista. Lo mismo ocurre con 49 nacidos entre 1990 y 1994.
Intervenidos
Estado cuenta con varios programas dirigidos a los asentamientos con importante inversión de recursos humanos y materiales. El Programa de Mejoramiento de Barrios apunta a la regularización con el objetivo de integrar el asentamiento a la ciudad formal mediante obras de infraestructura, apertura de calles, saneamiento y regularización.
Los programas de relocalización apuntan al traslado de familias cuando la permanencia resulta inviable por razones ambientales, de seguridad o de ordenamiento territorial. Esas actuaciones son desarrolladas principalmente a través del Plan Nacional de Relocalizaciones.
Existen además programas enfocados en la mejora de infraestructura urbana, como el Programa Mejora Urbana y el Plan ABC Barrios, que pueden incluir obras de vialidad, drenaje, alumbrado, espacios públicos y otras mejoras destinadas a elevar las condiciones de vida de los residentes
El Plan Avanzar, por su parte, constituye una herramienta más amplia, ya que puede financiar tanto procesos de regularización como de relocalización, obras de infraestructura y otras actuaciones orientadas a la integración urbana.
Entre los asentamientos que sí aparecen como intervenidos, con incluso más de un programa involucrado y por eso no se pueden sumar, el Plan ABC Barrios figura en 52 casos, el Programa Mejora Urbana en 33, Plan Juntos en 26, el Programa de Mejoramiento de Barrios en 17, Plan Avanzar en 15, el Plan Nacional de Relocalizaciones en cinco, otros programas de diverso tenor en catorce.
El registro de la Intendencia releva asentamientos creados desde 1948 a la fecha, y del total registrados hay 100 que fueron dados de baja, es decir, para los que ese encontró una solución definitiva. Son 59 los que figuran como regularizados, 32 como relocalizados y nueve con la dimensión dominial resuelta.
Concentración
Los datos en poder de la Intendencia muestran que los municipios A (Casabó, Santa Catalina, Paso de la Arena y zonas rurales), D (Manga, Casavalle, Toledo Chico) y F (Punta de Rieles, Villa García) concentran 276 de los 345 asentamientos registrados, lo que equivale al 80% del total.
El Municipio A encabeza la lista, con 103 asentamientos distribuidos en casi 500 hectáreas de los que 66 no registran intervención estatal.
Le siguen el Municipio D, con 88 asentamientos en 206 hectáreas y con 63 sin intervención, y el Municipio F, con 85 asentamientos en 340 hectáreas y con 51 sin solución a la vista.
El Observatorio de la Intendencia se nutre de un conjunto de datos que provienen de relevamientos del INE y PIAI, a de la IM tomadas entre 1991 y 2021, imágenes satelitales de Google Earth, e informes de los Centros Comunales Zonales, municipios y divisiones departamentales.
El País, Uruguay
22 de junio de 2026
