Rendición tendrá cortes de grasa para dar más margen y cambio en transferencias que la oposición ya evalúa

Con varios temas en la agenda que el gobierno logró instalar esta semana y que van desde metas de gestión económica destacadas por el ministro Gabriel Oddone en la interpelación de este lunes, hasta la iniciativa de patrullar barrios peligrosos con vehículos del Ejército el gobierno de Yamandú Orsi está, ahora sí, en las etapas finales de redacción y ajustes de lo que será su primera Rendición de Cuentas propiamente dicha en este período.

Para eso tendrá una instancia importante, previo al vencimiento del plazo constitucional para presentar la iniciativa al Parlamento lo que, como todos los años, deberá hacerse antes del 30 de junio, este viernes, cuando el presidente convoque a un nuevo Consejo de Ministros con el objetivo de hacer una puesta a punto final de una iniciativa que, como es sabido, no tendrá un aumento de recursos al ya previsto en la Ley de Presupuesto, pero sí incrementos en áreas sensibles y prioritarias para el gobierno, como seguridad, empleo, personas en situación de calle y de esto se habló mucho en las últimas horas y ya se repasará de qué infancia.

En rasgos generales, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dio esta semana algunas pistas conceptuales del proyecto y de cómo se lograrán las necesarias reasignaciones ya adelantadas por Oddone. "Muchas de las cosas que estamos discutiendo dijo el jerarca de la Torre Ejecutiva, entrevistado por La Diaria tienen que ver con algunos gastos que vamos a recortar fuertemente, con algunos recortes de grasa que vamos a hacer".

Cambios en las transferencias y la postura de la oposición

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, aprovechó la instancia de la interpelación de su jefe este lunes para detallar lo que el gobierno planifica incorporar de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social y que tienen que ver con la protección económica de los hogares con menores de edad.

Lo que se va a tomar de allí, tal como se adelantó hace días, es la unificación de las transferencias que reciben las personas de hogares vulnerables, hasta los 18 años; es decir, centralizar en un solo programa las asignaciones familiares del Plan de Equidad, el Bono Crianza y la Tarjeta Uruguay Social.

Asimismo, se propondrá una suba del 82% para la población de cero a tres años y del 68% para la de cuatro a 17, como parte de una primera de varias etapas, e implicará un costo, dijo el subsecretario del MEF, de US$ 31 millones, "alineado con las metas fiscales".

Sin embargo, los dirigentes opositores aún esperan por la definición del gobierno sobre si quitar las condicionalidades de las transferencias, lo que también fue sugerido en el informe final del Diálogo Social y ha sido recurrente tema de debate político en los últimos años fue asunto cuestionado en campaña por el propio Orsi y Oddone, pese a lo cual se mantuvo hasta la fecha, y defendido y aplicado el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou.

En la oposición comparten la definición de unificar y aumentar transferencias, pero preocupa precisamente la duda no resuelta hasta ahora por el gobierno sobre si eliminar o no la obligatoriedad de asistir a clase como acción retributiva.

Robert Silva, senador del Partido Colorado, destacó en este sentido a El País el "esfuerzo de optimización" en cuanto a las transferencias y destacó que comparte "los criterios diferenciales". No obstante, el expresidente de ANEP afirmó que la eliminación de las condicionalidades sería un "error garrafal" y podría alterar el apoyo que, a priori, tiene hoy la de la bancada opositora la unificación y el aumento de transferencias. Insistió, así, en que la obligatoriedad es una medida "muy positiva" y que "los docentes evalúan positivamente", ya que conduce a las familias "que muchas veces no cumplen con sus obligaciones".

Consultado por El País, el senador blanco Sergio Botana, miembro interpelante este lunes, aseguró que seguir las recomendaciones del Diálogo Social sería "condenar a los niños a ser pobres y dependientes durante el resto de su vida por ignorantes".

Pablo Abdala, diputado también nacionalista, planteó a su vez algunas dudas acerca de los fondos para costear el aumento de transferencias: "El incremento de las prestaciones por supuesto contará con nuestro voto, pero queremos saber de dónde saldrán los recursos". "La promoción de la infancia y el combate a la pobreza infantil no requiere solo de prestaciones no contributivas, que por supuesto son necesarias. No cuestiono el asistencialismo, pero está claro que al asistencialismo hay que agregarle una perspectiva de soluciones estructurales y duraderas", agregó.

Sobre la posible eliminación de condicionalidades, el legislador remarcó que "sería criminal y un gravísimo error", pues "no implican poner una carga como contrapartida".

En la misma línea, el diputado colorado Gabriel Gurméndez manifestó que "las transferencias directas nunca van a ser la solución final del problema de la pobreza infantil", pero comparte "la prioridad de la pobreza infantil en los primeros mil días".

"Se debe medir cuál es el objetivo, garantizar la eficacia, que llegue realmente a los beneficiarios, que no destruya valor. Pero sobre las propuestas concretas, los principios cardinales para enfocar las transferencias que resulten más eficientes y garantizar la medida, la calidad del gasto y que realmente vayan los beneficiarios, son totalmente compartibles y preferimos opinar una vez que esté la propuesta concluida en la rendición", puntualizó.

También, el diputado colorado Conrado Rodríguez cuestionó "de dónde se sacan los recursos" para financiar "un incremento importante". "Está bien la asistencia para cuando amerite, pero hay que planificar cómo las familias van a salir de la pereza sin depender de un subsidio estatal", dijo a El País.

En Cabildo Abierto, mientras tanto, cuyos dos diputados son clave para el oficialismo en Diputados, no tienen posición tomada al respecto, según supo El País.