Imágenes de cámaras abren disputa por muerte de adolescente en allanamiento: familia contradice versión policial

La abogada de los familiares del adolescente de 16 años que murió tras recibir disparos de la Policía durante un allanamiento en el barrio Borro contradijo la versión brindada por los funcionarios actuantes y sostuvo que el joven no llegó a representar una amenaza, por lo que los disparos resultaron "desproporcionados".

El caso es investigado por la fiscal de Homicidios Andrea Naupp, que todavía no resolvió si pedirá una formalización o si archivará las actuaciones. La representante de la familia, Leticia Latorres, se reunió con la fiscal y fue convocada a presentar un escrito con su teoría del caso, así como los testigos y la prueba que pretende aportar a la investigación.

La muerte del adolescente ocurrió durante una serie de allanamientos realizados por personal de Inteligencia Policial en el barrio Borro y la zona de La Cancha. El operativo estuvo vinculado a una investigación por disparos registrados en la zona y fue autorizado a partir de información policial y datos obtenidos mediante el sistema ShotSpotter.

La versión primaria del Ministerio del Interior fue que, al ingresar a una de las viviendas, los policías se encontraron con un joven armado que intentaba escapar y "esgrimió una pistola en dirección a los efectivos". Según la reconstrucción de los policías, el adolescente pasó corriendo frente a uno de los funcionarios con el arma en la mano, mientras se dirigía hacia una zona donde estaba otro efectivo. El policía que disparó declaró que sintió amenazada su integridad física o la de su compañero.

En esa vivienda, según informó la cartera, se incautó una pistola Glock con la numeración limada con cargador extendido. Además, en el procedimiento fueron encontradas otras armas, cargadores y droga. Desde la familia argumentaron que el joven tenía la pistola para "defenderse", ya que anteriormente su hermano había sido atacado por una banda criminal.

Fuentes del caso dijeron a El País que el adolescente fallecido estaba en la mira de la Policía por múltiples hechos de violencia ocurridos en el barrio recientemente.

Tras acceder a registros del operativo, la abogada de la familia sostuvo que el video no respalda la versión de los policías. El adolescente tenía el arma en la mano derecha, pero "siempre hacia abajo" y nunca llegó a levantarla en posición de disparo.

Latorres afirmó que no hubo una advertencia dirigida al adolescente antes de los disparos. De todos modos, en los registros se escucha a otros funcionarios identificarse como policías al ingresar a la vivienda, aunque se encontraban en otra habitación. El funcionario que disparó pronunció la frase "Policía, soltá" luego de la ráfaga.
Ese punto será uno de los aspectos a analizar por Fiscalía. La Ley de Procedimiento Policial establece que, antes de usar la fuerza, el personal policial "debe identificarse y dar una advertencia clara con tiempo suficiente para que la persona deponga su actitud". Sin embargo, el mismo artículo prevé una excepción "cuando exista un peligro inminente para la vida o la integridad física del policía o de terceras personas". En ese caso, "el funcionario queda eximido de identificarse y advertir".

Por eso, la discusión central no estará únicamente en si hubo una voz de alto antes de los disparos, sino en si la situación configuraba un peligro inminente que habilitara al policía a actuar sin esa advertencia previa.

En uno de los videos al que accedió El País se escuchan tres doble taps (disparos dobles). Latorres evitó utilizar la expresión "gatillo fácil", pero sostuvo que la velocidad de la intervención fue "bastante impresionante". "No se le disparó a una pierna o a un brazo", indicó y señaló que todavía resta determinar mediante pericias si el adolescente recibió cinco o seis impactos en su cuerpo.

Otro de los puntos que la parte denunciante pretende analizar es la asistencia brindada luego de los disparos. Según Latorres, al minuto de ocurrido el hecho se pidió una ambulancia, pero unos seis minutos después los policías resolvieron trasladar al adolescente por sus propios medios. La ambulancia llegó minutos más tarde y terminó asistiendo al padre del joven, que había resultado herido al golpear un vidrio.

De todos modos, la abogada aclaró que la evidencia está a disposición de Fiscalía y que no cuestiona que falten elementos.

Negro y Clavijo se pronunciaron tras los hechos

El día de los hechos, el ministro del Interior Carlos Negro había pedido esperar el avance de la Fiscalía, aunque dijo que la existencia de cámaras corporales en el operativo le daba "gran tranquilidad" respecto del procedimiento policial y de la acción del efectivo que disparó contra el adolescente.

Al día siguiente, el nuevo jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, también respaldó el trabajo de los funcionarios. Dijo que se trataba de una zona con alta concentración de episodios violentos, que había evidencia en torno a la casa allanada y que allí circulaban armas y municiones.

"El procedimiento se ajustó al protocolo y en base a las normas que por un lado nos obligan a intervenir y por otro nos permiten defendernos", dijo Clavijo. Agregó que la interpretación final sobre si el uso de la fuerza fue "racional, progresivo y proporcional" deberá hacerla la Justicia.

Los policías que participaron del operativo continúan en funciones. Según pudo saber El País, el arma del funcionario que disparó fue retirada para ser periciada, como parte de las actuaciones de rutina. La investigación sigue abierta y la Fiscalía espera incorporar pericias, testimonios y el planteo formal de la familia antes de resolver los próximos pasos.

"Quedamos a lo que disponga Fiscalía", dijeron desde la cartera a El País tras consultar este miércoles.