Para utilización de blindados del Ejército en patrullaje, gobierno necesita autorización de Estados Unidos

La decisión del presidente de la República, Yamandú Orsi, de recurrir a vehículos blindados del Ejército Nacional para patrullar los barrios con mayores índices de criminalidad de Montevideo volvió a poner de manifiesto una de las múltiples contradicciones que coexisten dentro del Frente Amplio.

No obstante, Orsi reafirmó este miércoles que la utilización de los blindados para apoyo al patrullaje policial es "una decisión tomada" y que se conversarán los detalles en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

"Acá no es un tema de imagen, es de acción. Hay que resolver. Lo que cada uno piense lo profundizaremos en el próximo gabinete. Pero es clarísimo, la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y no podemos escatimar ningún esfuerzo. Todos los recursos que tengamos serán puestos para que la gente mejore. No es un tema de imagen ni de sensación, sino de resolver un problema que es internacional: el crimen organizado viene con todo y no nos podemos detener", se reafirmó el presidente, aunque aclaró que hay temas "jurídicos" a resolver para implementar la medida. Entre ellos, la autorización del país presidido por Donald Trump.

Según supo El País, aunque el presidente ya afirmó que la decisión está tomada y que es quien lidera las gestiones para utilizar los blindados en apoyo al patrullaje policial, aún restan algunas "formalidades" que podrían impedir su puesta en funcionamiento. De todos modos, en el gobierno son optimistas y entienden que no habrá inconvenientes para concretar la medida.

Los 14 vehículos Mamba MK7 con "equipos de comunicación multibanda, paquete completos de mantenimiento, sistemas y seis cursos de entrenamiento operacional" fueron donados en el período pasado, según surge de una resolución firmada por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García. El valor total de los bienes que recibió el Estado uruguayo por parte del norteamericano fue por la suma de US$ 13.900.000.

Sin embargo, el objeto de dicha donación tenía como propósito "colaborar con el Comando General del Ejército, a los efectos de cumplir con los estándares requeridos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), brindándole a Uruguay la oportunidad de continuar con el despliegue en las Misiones de Paz".

Por tanto, confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa, el gobierno uruguayo deberá contar previamente con la autorización expresa de, al menos, la Embajada de Estados Unidos para concretar el uso de los blindados con fines de patrullaje anunciado por el Poder Ejecutivo.


En un documento interno, al que accedió El País, se recuerda que la donación tiene como fin específico la utilización de las unidades militares para operaciones de paz de la ONU o regionales.

"Consecuencia práctica: Los Mambas MK7 no pueden ser desplegados en operaciones nacionales de seguridad interna (represión de disturbios, operaciones policiales, control de fronteras con función de seguridad interna) sin renegociación formal del acuerdo del uso final con el Departamento de Estado de Estados Unidos", detalla un documento relacionado a las restricciones legales hay otras para el uso de las tanquetas.

Según confirmó una fuente del Ministerio de Defensa, en caso de que su uso se concrete está pendiente el trámite con la Embajada de Estados Unidos. Se indicó que también restan definir mecanismos de instrumentación de la operativa, así como aspectos normativos vigentes a tener en cuenta.

Asimismo, se señaló que las dimensiones y características de estos vehículos puede dificultar su ingreso a determinados lugares, por lo que su uso se prevé como una medida "temporal" de apoyo al Ministerio del Interior en zonas de acceso más complejo, hasta que la Policía cuente con unidades propias adecuadas para ese tipo de patrullaje.

Desde la cartera encabezada por Carlos Negro confirmaron que está prevista una compra de vehículos de esas características y que el convenio con Defensa se instrumentará bajo la modalidad de préstamo.

Hasta el momento, desde la embajada norteamericana dijeron a El País que no había habido comunicación con el Poder Ejecutivo, pero desde el gobierno se entiende que no va a haber "ningún problema" para obtener la autorización pertinente.

"Imagen en las calles"

Aunque no constituye ninguna novedad las diferencias que existen en el Frente Amplio respecto al papel de las Fuerzas Armadas, con posiciones que incluso abogan por su eliminación, como la de la senadora Constanza Moreira, la medida volvió a exponer esas discrepancias internas, incluso de parte de un ministro de Estado.

El histórico dirigente del Partido Comunista y ministro de Trabajo, Juan Castillo, volvió a separarse de la línea del gobierno que integra y planteó sus reparos con lo anunciado en línea con lo que era esperado sucediera desde el sector que hoy tiene como secretario general a Óscar Andrade.

De cara al Consejo de Ministros que tendrá lugar este viernes para ajustar detalles con respecto a la Rendición de Cuentas que ingresará al Parlamento en los próximos días dijo que en primer término lo "impactó la noticia" y que no le han gustado algunas declaraciones que se han hecho al respecto.

"Me quedo con lo que más me gusta. La de la ministra de Defensa que ha dicho que es un tema que todavía no está resuelto. De todas formas, convengamos que para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camionetas del Ejército no es una buena cosa", dijo entrevistado en Arriba Gente (Canal 10).

Advirtió, en esta línea, que "hay que tener mucho cuidado en la frontera entre las responsabilidades que tiene la Policía en materia de seguridad pública y la del Ejército en defensa de la soberanía" nacional.

"Hay que tratar de no confundir roles", resumió Castillo, que además cuestionó la forma en que comunicó la resolución incluso a la interna del propio gabinete.

Discusión política en el FA

Además de la de Castillo, las primeras reacciones de algunos dirigentes del Frente Amplio fueron de sorpresa y cuestionaron nuevamente la comunicación incluso a la interna del gobierno.

El senador Óscar Andrade, por ejemplo, dijo que se enteró de la medida en medio de la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone, y que, según entendió inicialmente, la idea era utilizar vehículos militares para tareas de vigilancia y no desplegar personal de las Fuerzas Armadas, extremo que posteriormente fue aclarado por el gobierno.

"Tenemos nuevamente problemas de comunicación. Te dicen que no será personal, que serán solo vehículos y después un montón de gente dice que el chofer sí va a ser un militar. Creo que sí son vehículos, sin personal, descomprime mucho la discusión política. Lo que vamos a pedir es que vengan a la bancada y den la fundamentación. Que se explique cuáles serían las razones la posibilidad de esta utilización logística; si es inevitable, si es temporal mientras se reparan autos del Ministerio del Interior", planteó Andrade como interrogante en Sarandí. .

Por su parte, la senadora Constanza Moreira dijo en La Diaria Radio que, aunque aún resta conocer los detalles de la propuesta que ha estado centrada en que los vehículos sean manejados por personal militar, la participación de los militares en tareas de seguridad pública es una posición que tanto el Frente Amplio como ella misma han rechazado históricamente.

"¿Por qué no? En una frase porque la militarización de un conflicto implica pasar a una lógica de guerra, cuando en una sociedad vivimos bajo la lógica política. El control del crimen organizado tiene que ser civil. Por tanto, toda política que apunte a la militarización de seguridad pública no contará con mi apoyo ni el de Casa Grande (su sector). Además, tampoco los militares se quieren ocupar de la seguridad pública, lo que hace a Uruguay una excepción con respecto a otros países de América Latina", adelantó la senadora, que al igual que Castillo y Andrade cuestionó la forma "de comunicación y la asimetría de información que manejan unos y otros" que ha caracterizado este período.

"Sin dudas, se subestimó la valoración negativa que una medida como esta iba a tener sobre todo en el electorado frenteamplista", valoró políticamente.