Más de $800 millones ganó banda transnacional por tráfico de migrantes, especialmente niños haitianos

En medio de la polémica que generó esta semana el reciente preinforme y el informe final de Contraloría, que cuestionan el trabajo de las instituciones encargadas de supervigilar el ingreso de niños haitianos a Chile mediante reunificación familiar, en particular, la labor del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), el Ministerio Público detuvo y formalizó ayer a dos ciudadanos de ese país, Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, alias "Johnn". Se les atribuyeron los delitos de asociación criminal para el tráfico de migrantes y lavado de dinero.
Si bien no tienen relación directa con los casos expuestos por el órgano contralor -puesto que solo se fiscalizó entre enero y abril de 2025-, la indagatoria da cuenta de cómo puede burlarse y cómo efectivamente se burló el sistema.
Las pesquisas, a cargo del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, y la persecutora de esa jurisdicción, Carolina Suazo, apuntan a que las operaciones de la organización trasnacional a la que pertenecían ambos imputados operó en territorio nacional, al menos, desde mediados de 2024 y hasta la fecha. Los extranjeros quedaron a disposición del tribunal, tras los allanamientos efectuados el miércoles por la Policía de Investigaciones (PDI) a dos agencias de viajes vinculadas con la red: MundoPam SpA, ubicada en Santiago Centro, y Cananeen SpA, en Pedro Aguirre Cerda, que servían para blanquear los fondos, de acuerdo con la indagatoria.
El grupo criminal, afirmaron los investigadores, "con ánimo de lucro, promovió y facilitó el ingreso ilegal de migrantes de nacionalidad haitiana, principalmente menores de edad, desde Haití a República Dominicana, para luego viajar a Chile".
Servicio por $3 millones, incluía "escolta"
Por estos traslados ilegales, los cobros oscilaban entre los $2,7 millones y los $3 millones, en pagos fraccionados que combinaban efectivo, depósitos y transferencias internacionales. En la mayoría de los casos, las familias habían migrado a Chile en 2017 y buscaban reunirse con hijos que permanecían en Haití, dijeron los persecutores.
Según el Ministerio Público, el "servicio" incluía el acompañamiento de un adulto designado por la red, el cual en la mayoría de los casos era desconocido tanto para los padres como para los menores trasladados. Además, las familias debían tramitar una autorización de viaje ante notario, documento que en ocasiones se falsificaba.
Los pagos podían ser en efectivo, por transferencias a cuentas bancarias de los imputados o a través de envíos a Haití. Para encubrir la operación, la red habría utilizado las agencias de turismo, por ejemplo. Y el monto total de las ganancias atribuidas a la organización asciende a unos $800 millones, apuntaron los fiscales.
La estructura de la red en el país y en el extranjero
El grupo mantenía una estructura con funciones distribuidas entre varios integrantes. A Rome, a quien se le imputa el liderazgo de la organización, se le atribuye la coordinación desde Chile y el ocultamiento del dinero, mientras que Dormeus -cuyo hermano, Edmon Emile, figura como contacto en Haití- habría cumplido tareas equivalentes. También, en algunos casos, habría tramitado los permisos de reunificación familiar.
La indagatoria identifica, además, a tres presuntos colaboradores con roles en el extranjero: dos de nacionalidad dominicana, a cargo de recibir y trasladar a los niños tras su ingreso a República Dominicana, y una ciudadana haitiana que, según la fiscalía, acompañaba a los grupos traficados y oficiaba de traductora del creole al castellano.
La ruta descrita por los investigadores comenzaba en Haití, continuaba con el ingreso ilegal a República Dominicana -cuya frontera permanece cerrada desde el 15 de septiembre de 2023- y finalizaba en Santiago.
Reunificaciones familiares que no se concretaron
La formalización detalla seis episodios ocurridos entre septiembre y octubre de 2024 que afectaron a menores de entre cuatro y 16 años. En todos ellos, según el Ministerio Público, miembros de la organización fueron detenidos en el aeropuerto de República Dominicana y los niños no pudieron continuar el viaje, debiendo permanecer meses en hogares de acogida en Santo Domingo. Algunos fueron luego deportados a Haití, sin que la reunificación familiar llegara a concretarse.
Respecto de estas detenciones, el fiscal Jacir expresó: "Actualmente, ellos se encuentran fuera del país. Han enfrentado procesos penales en República Dominicana, la mayoría de ellos, y todas las solicitudes (...) las vamos a canalizar a través de los conductos regulares y, posteriormente, haremos las peticiones que correspondan".
Agregó, en ese sentido, que tras esos arrestos en el extranjero "lo que correspondía en este momento, dado el avance de la investigación, era solicitar la detención, como ayer se hizo, respecto a estos dos imputados y pasarlos a control de detención, formalizarlo y solicitar las medidas cautelares más gravosas que nuestro ordenamiento contempla, que es lo que en definitivo hicimos el día de hoy".
Las empresas en las que se blanqueó parte del dinero
¿El lavado de dinero producto del tráfico de migrantes? A Rome se le atribuye haber recibido en sus cuentas al menos $475 millones, de los cuales unos $386 millones correspondían a movimientos entre cuentas propias de BancoEstado, con patrones de transferencias circulares, fraccionamiento de montos y uso recurrente de terceros.
En el caso de Dormeus, el Ministerio Público sostuvo que existían registros de ingresos por al menos $408 millones y depósitos en efectivo en la cuenta de Cananeen SpA por sumas muy superiores a las que la sociedad declaró ante el Servicio de Impuestos Internos. Así, mientras los ingresos informados para 2024 bordeaban $1,5 millones, los depósitos en efectivo de ese año superaron los $37 millones, por ejemplo. Esta estrategia se volvió a repetir en 2025, pues ese año declaró $16 millones, mientras que el total de depósitos fue de más de $84 millones. La fiscalía afirmó, además, que el imputado adquirió bienes usando el nombre de su esposa.
"Un peligro para la seguridad de la sociedad"
La organización a la que pertenecían, dijo el persecutor durante la formalización, "a sabiendas que el dinero y los bienes provenían directa o indirectamente del desarrollo de las actividades ilícitas de la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, agravado por afectar a niños, niñas y adolescentes, ocultó o disimuló estos bienes y/o el origen ilícito de los mismos. Asimismo, adquirió, poseyó, tuvo y usó dichos bienes, con ánimo de lucro, habiendo conocido su origen ilícito al momento de recibirlos".
Al término de la audiencia, el fiscal Jacir expresó: "El tribunal acogió en su plenitud los planteamientos del Ministerio Público, disponiendo la prisión preventiva respecto de ambos imputados, por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad".
DeportadosNiños fueron deportados a Haití por la detención de sus escoltas en República Dominicana. ONG vinculada con uno de los imputados recibió $20 millones de Interior y $30 millones del Gore RM, entre 2021 y 2025El imputado Jean Chery Dormeus, dueño de la Agencia Cananeen, representaba también a la ONG Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile (Odehc), la que desde 2021 hasta la fecha ha suscrito diferentes convenios con el Estado, recibiendo aportes tanto del Gobierno central como desde el Gobierno Regional Metropolitano.
En 2021, el entonces ministro del Interior Rodrigo Delgado firmó el convenio de transferencia de recursos entre dicha cartera y la ONG liderada por el actual imputado. Esto, con objeto de que desarrollara el Programa de Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante Vulnerable, que contaba con un presupuesto total superior a los $200 millones. Tras obtener una nota 6,2 en el proceso de evaluación, la Odehc se hizo de $15.150.000.
Luego, en 2024, en el marco del mismo programa, esta vez bajo la firma del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, se acordó una transferencia por $5 millones.
En cuanto al Gobierno Regional Metropolitano, se trata de tres convenios cercanos a los $10 millones, denominados "Integración e Inclusión Migrantes Haitianos comuna Pedro Aguirre Cerda", "Mejor Desarrollo Social Migrantes Haitianos comuna Pedro Aguirre Cerda" e "Integración Social Migrantes Haitianos comuna Pedro Aguirre Cerda".Aquello, entre 20224 y 2025.