El Comercio, Perú
29 de junio de 2026
REPARTO
Cada voto emitido en las urnas no solo ha permitido definir a las próximas autoridades. También servirá para determinar cuánto dinero recibirán de parte del Estado los partidos políticos que lograron representación en el Congreso bicameral 2026-2031.Según un análisis del Instituto Aklla Perú, el Estado tendrá que destinar, a través de la figura del financiamiento público directo, más de S/222 millones para las seis agrupaciones políticas que lograron colocar senadores y diputados tras las elecciones generales 2026 [ver gráfica].En sentido estricto, ello significará un incremento del 185% respecto de los casi S/78 millones desembolsados para el período 2021-2026, que está ad portas de concluir. En el caso de las agrupaciones que vuelven a tener representación parlamentaria, el aumento llega incluso a superar el 400% respecto de lo recibido en el quinquenio anterior. ?Detrás de las cifras?Si bien el incremento está vinculado al retorno del sistema de dos cámaras, al que el país vuelve tras más de 30 años, responde específicamente a la Ley 32254, que fue aprobada en enero del 2025 por el Parlamento saliente y modifica a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Hasta entonces, se establecía que el financiamiento público se calculaba en función de los votos emitidos para elegir a los representantes al Congreso unicameral.Sin embargo, con la modificación, la norma pasó a tomar como referencia los votos obtenidos por cada organización política tanto en la elección de diputados como en la de senadores. De hecho, la propia ley precisa textualmente que si una agrupación obtiene representación únicamente en una de las dos cámaras, el cálculo se efectuará solo sobre los votos alcanzados en esa elección. En la práctica, se trata de una modificación al articulado del financiamiento público directo que cambia las reglas del juego, eleva significativamente el monto proyectado y sobre la cual la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá pronunciarse en las próximas semanas para oficializar la cifra definitiva.?Lo que ocurre es que siempre ha habido un cálculo de 0,1% de una UIT respecto de cada voto emitido durante una elección parlamentaria con Congreso unicameral. Ahora, en la modificación normativa a razón de la bicameralidad, se ha señalado que este 0,1% por voto emitido es por cada una de las dos cámaras; es decir, diputados y senadores. Si a esto le agregamos que la UIT del 2021 es diferente a la actual, cuyo 0,1% equivale a S/5,50, estamos sin lugar a dudas frente a una situación de por sí de incremento bastante importante, con lo que prácticamente casi se triplica el presupuesto?, explicó a El Comercio José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú. Consideró que el próximo Parlamento debería fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de esos recursos, para que el dinero no se termine ?festinando?.José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, opinó que el cálculo debería efectuarse en función de la votación más alta obtenida, ya sea en la elección de senadores o de diputados. ?Solo hay más de 20 millones de votantes. Debería ser por votantes, no por votos. Si se da esa interpretación por parte de la ONPE, se estaría yendo contra el erario nacional?, aseveró y refirió que el próximo Parlamento debería hacer precisiones. ?Malos antecedentes?La legislación dispone que no menos del 50% del financiamiento público directo debe destinarse a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. El porcentaje restante puede utilizarse para gastos de funcionamiento ordinario, adquisición de bienes y contratación de personal, entre otros conceptos. Sin embargo, el último quinquenio ha dejado una serie de cuestionamientos sobre el uso de millones de soles en financiamiento y el aprovechamiento de los vacíos de la propia norma. Este Diario reveló, por ejemplo, que Perú Libre utilizó parte de esos recursos para contratar a sus propios militantes y allegados con el fin de dictar ?ponencias? y capacitaciones.
