Una propuesta compleja: nuevo SAE

Durante la campaña electoral, el Presidente Kast repitió varias veces su deseo de acabar con aspectos centrales del actual sistema de admisión escolar (SAE); en particular, la llamada "tómbola". Dicho sistema supone una postulación centralizada a los distintos planteles escolares, pero, como en una proporción de ellos existen más postulantes que cupos disponibles, se definió para esos casos criterios de priorización específicos. Sin embargo, ellos permiten asignar alrededor del 20 por ciento de esos cupos. El resto, efectivamente, se realiza por sorteo. Esto, porque al momento de legislarse esta reforma, en la segunda administración Bachelet, se estimó que no existían otros criterios valiosos y que tampoco era razonable que los colegios con exceso de postulantes pudiesen elegirlos. Este hecho ha provocado una gran frustración en las familias, muy visible en un sistema de admisión centralizado, sobre todo porque estiman que no tienen una oportunidad para mostrar su compromiso con el colegio que les interesa. Es esta sensibilidad la que el Gobierno quiere abordar.
Por ello, ha presentado un proyecto de ley que permite a los colegios que presentan sobredemanda incorporar, a partir de séptimo básico, el mérito académico en el proceso. Este es un criterio ampliamente compartido por la opinión pública y también alcanza una cierta transversalidad en el mundo político. Parece, en efecto, importante que exista una señal de que se valora el esfuerzo educativo de familias y de niños y adolescentes, porque no es solo capital cultural lo que está detrás de la heterogeneidad en los desempeños académicos.
Pero el proyecto introduce también la posibilidad de que esos planteles puedan incorporar otros criterios e influir así en la decisión de quiénes se suman a sus aulas. Para ello, se crea un subsistema de "elección mutua" que agrega criterios como adhesión al proyecto educativo, participación en reuniones informativas, distancia de la vivienda del estudiante al establecimiento o la comuna de residencia. Estos últimos, en ciudades territorialmente segregadas como las chilenas, conducen a desintegración. Es cierto que en la experiencia comparada son habituales, pero con las inequidades presentes en nuestro sistema educativo, resultan más discutibles.
Respecto de los otros criterios -y particularmente en el de adhesión al proyecto-, es difícil evitar decisiones arbitrarias, pero el Gobierno parece convencido de que la libertad de enseñanza exige la participación de los colegios en esta selección. Así, el mensaje sugiere que la libertad de organización de los colegios supone la posibilidad de elegir a los estudiantes que se matriculan en ellos. Es un argumento debatible. Por supuesto, hay tensiones en un sistema tan impersonal como el actual, pero para superarlas quizás baste con permitir a los directores utilizar hasta un 5 por ciento de las vacantes para atender casos extraordinarios. Ello fue recomendado por la mesa técnica del sistema de admisión y el proyecto lo recoge.
En cuanto a los colegios sin exceso de postulantes, se mantendrán en un sistema como el actual, pero se agrega un criterio de prioridad, que es no haber sido expulsado previamente de un establecimiento educacional. La idea ya fue declarada inconstitucional en el proyecto de Escuelas Protegidas y no parece conveniente reincorporarla aquí.
Con todo, más allá de estas discusiones -que van a ser intensas-, es importante que los dos subsistemas de admisión operen integrada y coordinadamente para optimizar las decisiones de familias y colegios. La ministra de Educación ha afirmado que esa es la intención. Sin embargo, el proyecto no la concreta plenamente. Por ejemplo, el nuevo artículo 7 quinquies que se propone, y que define el funcionamiento del mecanismo de elección mutua, no resuelve el caso de un estudiante seleccionado en dos establecimientos, posibilidad que se abre porque, en una primera etapa, los colegios preseleccionan a los estudiantes elegidos. Además, a quienes no están en estas listas se les permite reordenar sus preferencias, sugiriendo de nuevo falta de integración y coordinación. Hay otros aspectos que apuntan en la misma dirección. Estos son asuntos técnicamente complejos, pero muy relevantes para el buen funcionamiento del nuevo sistema de admisión escolar. Si no, abrirá la puerta a nuevas frustraciones.