Así avanza la evolución digital de la justicia

La Resolución de Disputas en Línea (ODR, por sus siglas en inglés) surge no solo como una solución tecnológica, sino como una reforma estructural para modernizar la relación del Estado con el ciudadano y el empresario. Su esencia es la eliminación de la fricción procesal. Ya no se trata de acudir a un estrado, sino de gestionar conflictos mediante plataformas digitales que permiten negociar, mediar y arbitrar con inmediatez. Jorge Enrique Peralta, director jurídico de Peralta y Asociados Abogados, subraya que la diferencia fundamental radica en la autonomía. "A través de plataformas digitales, las partes pueden mediar, negociar e incluso acudir a un arbitraje, todo desde la pantalla de un computador o un celular. Lo interesante es que combina la agilidad de la tecnología con los mecanismos clásicos de solución de controversias, lo que termina ahorrando tiempo, reduciendo costos y abriendo las puertas a personas que, por distancia o por recursos, antes lo tenían difícil para acceder a la justicia", explica. Y agrega que, con la Inteligencia Artificial (IA) y su capacidad de aprendizaje automático (‘Machine Learning’), estas plataformas pueden albergar el conocimiento legal necesario para resolver casos de familia o civiles. "Resolver un divorcio en minutos es totalmente viable bajo estas plataformas digitales, lo que evidentemente cambiará el paradigma legal de nuestros tiempos". Esta eficiencia, estima el abogado, podría reducir los tiempos procesales hasta en un 90% frente a la justicia ordinaria. El reto de la

seguridad jurídica La adopción masiva de tecnología plantea dudas sobre la certeza jurídica. ¿Cómo garantizar que un proceso digital tenga la misma validez que una sentencia emitida por un juez de la República? Santiago Cruz, socio del área de Resolución de Conflictos de Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, asegura que la arquitectura normativa ya está lista. "Colombia cuenta con la Ley 527 de 1999 sobre la validez jurídica de los mensajes de datos y la firma digital, el Decreto 491 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, que consolidó el uso permanente de tecnologías en actuaciones judiciales y procesos arbitrales", afirma Cruz. El experto explica que el verdadero desafío de las plataformas ODR no es demostrar que lo digital puede producir efectos jurídicos, sino asegurar que el proceso sea tan verificable como en un escenario presencial. "Colombia debe construir una cultura de ODR, apoyada en legitimación institucional, pedagogía jurídica y desarrollo jurisprudencial. Ese desarrollo, será decisivo para dotar de certeza y legitimidad a las decisiones emitidas en plataformas ODR", añade el socio del área de Resolución de Conflictos de Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. A su turno, Lorenzo Villegas Carrasquilla, socio de SerranoMartinez CMA, aporta una perspectiva técnica crucial sobre la solvencia del sistema. Para el experto, el éxito de las plataformas ODR depende de la equivalencia funcional y la solidez legal del debido proceso en un procedimiento automatizado. Esto implica un blindaje probatorio inequívoco. "Los algoritmos y la mediación asincrónica deben diseñarse para garantizar el derecho de defensa y la debida notificación. El éxito radicará en que las decisiones resultantes gocen de un mérito ejecutivo incontrovertible y tránsito a cosa juzgada", advierte Villegas. Brecha digital: la trampa de la exclusión Uno de los riesgos latentes es que la justicia digital amplifique las desigualdades preexistentes. Alejandro Castellanos, socio de López & Asociados, sostiene que la experiencia post-pandemia dejó una lección clara: la tecnología es una herramienta de acceso, siempre que sea flexible. "El secreto ha sido la flexibilidad en el sentido de establecer los medios virtuales o electrónicos como regla general pero sin descartar los medios físicos y presenciales cuando situaciones como la dificultad de acceso a medios tecnológicos así lo aconsejen, esta flexibilidad permite resolver situaciones imprevistas por la norma impidiendo que la tecnología sea una barrera para que el ciudadano acceda a la administración de justicia", explica. Para cerrar esta brecha, los expertos coinciden en un modelo de acceso asistido. Cruz recalca que la política pública debe integrar a los consultorios jurídicos y casas de justicia como puntos de apoyo para quienes carecen de habilidades digitales. Por su parte, Villegas sugiere que las notarías y alcaldías deben fungir como nodos físicos donde el ciudadano sin conectividad pueda acceder a la plataforma, transformando la infraestructura tradicional en un soporte para la nueva justicia virtual. Impacto en la economía y el clima de negocios Más allá de la resolución de conflictos individuales, el despliegue de las ODR promete un impacto macroeconómico positivo en el país. Por ejemplo, la resolución ágil de disputas comerciales reduce la incertidumbre. Castellanos destaca que el impacto en el clima de negocios es doble: "Primero, brinda agilidad en la resolución de los conflictos tanto a empresarios como a ciudadanos. Segundo, permite la descongestión del aparato judicial, permitiendo concentrar su operación en los conflictos más difíciles de resolver. La heterocomposición de la conflictividad por parte de la rama judicial debe ser la excepción y no la regla como hasta ahora sucede en nuestro país". Villegas complementa esta visión señalando que la adopción de mecanismos ODR para resolver disputas de consumo o comerciales en días, en lugar de años, posicionará a Colombia mejor en los índices de competitividad internacional. "Un país con mecanismos ágiles, verificables y ejecutables para resolver disputas de bajo valor, ofrece mayor previsibilidad regulatoria y menor costo de transacción", concluye el experto. Si bien el reto es transformar la cultura jurídica y garantizar la equidad en el acceso, los expertos consideran que los beneficios, como menores costos, mayor rapidez y una justicia descongestionada, sugieren que, más que una opción, la ODR será la columna vertebral del ecosistema legal colombiano en la próxima década.