Ante cambios en la macrozona sur, expertos abordan efecto del traslado de fiscales entre una y otra región

Así como el 20 de junio comenzó a regir el "mando unificado" para el estado de excepción en Biobío y La Araucanía, en la macrozona sur, durante este segundo semestre ambas jurisdicciones tendrán un cambio de sus fiscales regionales.
Al cumplir su mandato de ocho años, la jefa del Ministerio Público en Biobío, Marcela Cartagena, dejará su cargo el 8 de agosto y será reemplazada por el actual fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, luego de ganar el concurso, al que se presentaron 12 candidatos, entre los cuales la Corte de Apelaciones presentó una terna al fiscal nacional, Ángel Valencia.
En las próximas semanas, Garrido deberá renunciar al puesto que asumió en 2021 y cuyo mandato se extendía hasta 2029. Debido a esto, en cuanto se concrete su salida, se abrirá un concurso para que la Corte de Temuco escoja tres nombres y los presente a Valencia.
Dentro de quienes se mencionan para postular a suceder a Garrido aparece el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle.
"El Mercurio" consultó a abogados sobre los efectos que podrían tener para la persecución penal, en especial para causas por hechos de violencia, estos cambios en la macrozona sur.
"El nombramiento de Garrido en Biobío es una buena señal para la región y para la macrozona sur, considerando que actualmente existen causas de alta relevancia que se desarrollan en dicho territorio y que requieren una conducción con experiencia comprobada en el tema", dice Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la U. Andrés Bello.
Advierte que "si bien Garrido deja la región, permanece un equipo compenetrado y con experiencia que, independientemente de quien asuma, puede desempeñarse al más alto nivel".
Neftalí Carabantes, exsubsecretario de Carabineros y director del Centro de Estudios en Seguridad de la U. Central, no es contrario a los cambios o enroques en las fiscalías. Advierte que "la salida de un fiscal, aunque sea el regional, no debiera afectar, en lo más mínimo, el avance de los casos", y recalca que "no es una persona la que investiga, sino que el Ministerio Público, en aplicación de los principios de continuidad y eficiencia, estipulados en su ley orgánica".
El factor de las "sillas musicales"
Felipe Harboe, exsenador e investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la U. San Sebastián, recuerda que, "en su momento, esto fue materia de discusión en el Congreso, porque algunos planteaban que esto era como las sillas musicales. Por el contrario, yo sostenía que la experiencia de un fiscal regional que termina su período de ocho años no debiera ser desechada por el Ministerio Público. Creo que es bueno que haya fiscales regionales que puedan postularse de una zona a otra".
Con todo, añade que "el sistema de selección debe ser muy riguroso, y junto a la terna que presentan las cortes y la decisión del fiscal nacional, deben considerarse antecedentes objetivos". Al respecto, menciona estudios que evalúan el desempeño de las fiscalías en distintos tipos de delitos.