¿Queremos ser Noruega?

La épica de Haaland y compañía eliminando a Brasil puso a Noruega en el centro de muchas conversaciones. Como era de esperar, la fama futbolera derramó rápido hacia la política: abundan los posteos que celebran el "modelo noruego" como prueba de que un Estado grande y generoso es el camino al desarrollo. Noruega efectivamente tiene un Estado de bienestar enorme, de los más generosos del mundo. Lo que suele omitirse, a veces por desconocimiento y a veces por conveniencia, es todo lo demás que hace posible financiarlo.

Noruega es una de las economías más libres del mundo. El índice de libertad económica de la Fundación Heritage la ubica novena, por encima de Estados Unidos: apertura total al comercio y a la inversión, regulación de calidad, facilidad para abrir y cerrar empresas, derechos de propiedad sólidos. En materia laboral tienen una regulación que ningún dirigente del PIT-CNT admitiría siquiera poner a discusión acá: no existe salario mínimo legal y la pauta salarial de toda la economía la fija el sector exportador, el que está expuesto a la competencia internacional. Los sindicatos noruegos son fuertes, pero asumen la restricción de competitividad como propia en lugar de ignorarla.

La forma de recaudar también incomoda algunos relatos. El gran financiador del Estado noruego es el IVA, con una tasa general de 25%: el impuesto más eficiente y menos distorsivo que existe. Su eventual regresividad se corrige por el lado del gasto, con transferencias a los sectores vulnerables. El impuesto a la renta empresarial es de apenas 22%, el impuesto a la herencia fue eliminado en 2014 y el impuesto al patrimonio que sobrevive es bajo, reconocidamente distorsivo, y su eliminación se discute abiertamente en el sistema político.

Noruega tiene, sí, muchas empresas públicas, incluyendo la petrolera Equinor y el mayor banco del país. Pero cotizan en bolsa, compiten comercialmente y tienen directorios profesionales elegidos por idoneidad; a nadie se le ocurriría usarlas para repartir cargos entre políticos. La renta petrolera no entra al presupuesto: va íntegra a un fondo soberano que la invierte en acciones y bonos de todo el mundo y que ya supera los dos billones de dólares. El presupuesto solo puede usar el rendimiento del fondo, alrededor del 3% anual. Con esa regla, que gobiernos de izquierda y de derecha cumplieron durante 25 años, el petróleo financia hoy un cuarto del gasto público sin que se toque nunca el capital.

Uruguay, con su histórica preferencia por la distribución, puede perfectamente mirar a Noruega como referencia. Pero conviene entender la relación causal del modelo: el Estado noruego no es viable simplemente porque es honesto y bien gestionado, sino porque descansa sobre una de las economías más libres del planeta. Sin esa libertad económica no hay eficiencia administrativa que alcance ni distribución que sea posible.

¿Estamos dispuestos a modernizar el mercado laboral? ¿A que las empresas públicas coticen en bolsa? ¿A abrir mucho más la economía? ¿A dejar de aumentar impuestos que castigan la inversión? ¿A dejar de trasladar ineficiencias de sectores no transables a los transables? No vale quedarse con el tamaño del Estado y descartar el mercado que lo financia.