La Justicia entendió que había riesgo de que el imputado intimidara o influyera sobre la víctima y testigos, ya que todos viven en una ciudad pequeña.
El
Tribunal de Apelaciones Penal de 1º Turno revocó una resolución de primera instancia y dispuso la
prisión preventiva de un joven de 19 años que había sido formalizado por
lesiones graves,
violencia doméstica y
tráfico interno de armas de fuego, luego de que fuera imputado por dispararle al hijo de su pareja en Río Branco.
En primera instancia, la jueza Eloisa Lago había dispuesto que el imputado cumpliera 180 días de
arresto domiciliario total con colocación de dispositivo electrónico. Pero la Fiscalía departamental representada por Stella Da Silva apeló la decisión al entender que esa medida no era suficiente para asegurar la investigación.
El hecho ocurrió el 15 de mayo, próximo a las 8:00, en una vivienda ubicada en el barrio
Islas das Cobras. Según la versión de Fiscalía recogida en la sentencia a la que accedió El País, ese día se generó un incidente familiar entre el imputado y la víctima, un hombre de 27 años que es hijo de la pareja del ahora formalizado.
La discusión, de acuerdo con el relato fiscal, se dio en un contexto de "
mal relacionamiento familiar". Los problemas habrían comenzado meses atrás, cuando el imputado fue a vivir con su pareja. Familiares de la mujer declararon que había insultos casi a diario y que, entre otras situaciones, el joven cerraba un portón con candado y no le permitía a la víctima sacar su moto para ir a trabajar.
Ese último episodio fue señalado como el origen del conflicto que derivó en el disparo. Según Fiscalía, tras los insultos, el imputado ingresó a la vivienda, tomó un arma calibre 22 indocumentada y modificada, regresó al frente de la casa y disparó contra la víctima.
El herido fue trasladado a un centro asistencial de
Melo. Entre otras lesiones, se constató una lesión vertebral y una "alta probabilidad" de secuela motriz permanente en los miembros inferiores. Las lesiones implicaron
peligro de vida y un tiempo de curación e inhabilitación superior a 90 días.
El imputado fue detenido cerca del lugar. En su vivienda, la Policía encontró el arma, municiones, cinco cartuchos y una vaina percutida en la recámara del arma.
Fiscalía pidió prisión preventiva por 180 días. Argumentó que existía
riesgo de fuga por la gravedad del hecho y la eventual pena, pero también riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado conocía a la víctima, a su madre y a otros familiares que podían declarar como testigos.
La defensa se opuso. Sostuvo que el joven tenía 19 años, trabajo estable, familia y que podía cumplir medidas cautelares en la casa de su madre, no necesariamente en el domicilio de su pareja. También señaló que una denuncia previa de violencia doméstica no había prosperado.
El
Tribunal de Apelaciones descartó que la gravedad del delito y la pena eventual fueran suficientes para justificar un riesgo de fuga por sí solas. En ese punto, sostuvo que Fiscalía no había aportado elementos concretos que permitieran presumir que el imputado intentaría ocultarse.
Igualmente, los ministros entendieron que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación. Para el Tribunal, se trata de una persona que accede a armas de fuego, mantiene vínculo con la madre de la víctima y conoce a los familiares que pueden ser testigos. Además, valoró que todos viven en distintos puntos de una
ciudad pequeñaFinalmente, los ministros concluyeron que existía una "clara probabilidad" de que el imputado pudiera
intimidar o influir sobre testigos, e incluso sobre la propia víctima, para que no declararan o lo hicieran de forma reticente o falsa.
Por ese motivo, revocaron el arresto domiciliario y dispusieron la prisión preventiva, reduciendo el plazo a 120 días.
El País, Uruguay
10 de julio de 2026
