La expectativa en el gobierno con proyecto sobre la Fiscalía, dos nombres que se manejan y la postura de Manini

En el gobierno de Yamandú Orsi estudian atentamente el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto en las últimas horas y que tiene como única propuesta cambiar el sistema de elección del fiscal subrogante de Corte, cargo que desde inicios de 2024, y de forma ininterrumpida, ejerce Mónica Ferrero una figura que cuenta con un abroquelado respaldo de parte de blancos y colorados, pero cuyo desempeño no conforma en absoluto en la Torre Ejecutiva.

El objetivo de fondo de Cabildo Abierto, como declaró su líder Guido Manini Ríos (ver más adelante) y uno de sus dos diputados, Álvaro Perrone, es en verdad presionar al sistema político para que se siente a negociar un nombre que reúna la extensa mayoría requerida y el Parlamento pueda por fin no ocurre desde 2012, cuando se acordó la designación de Jorge Díaz elegir a un fiscal de Corte.

El diálogo está estancado desde el período anterior luego de la renuncia de Díaz en octubre de 2021 y sigue hasta estos días, a pesar de los actuales esfuerzos del Poder Ejecutivo y el Frente Amplio, que todavía buscan con insistencia superar este escollo.

Lo que propuso formalmente Perrone, el firmante de la iniciativa, generó una gran "expectativa" en el gobierno y en la bancada oficialista, y un enorme rechazo de parte de varios de los principales dirigentes de la coalición republicana, alianza que Cabildo Abierto integró en el período pasado y de la que, según volvió a subrayar el diputado en una de sus tantas respuestas a los cuestionamientos, ya no forma parte.

La reacción de sus exsocios fue furibunda. Porque el corazón de la propuesta que el fiscal subrogante de Corte sea elegido por "sorteo público" entre los fiscales penales de Montevideo, y que el cargo sea rotativo "cada seis meses" tiene por efecto principal desplazar a Ferrero hoy fiscal interina, porque la normativa vigente dispone que debe ejercer esa función el fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad. Y eso es inadmisible para senadores como Javier García, Sergio Botana, Graciela Bianchi (Partido Nacional), Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry (Partido Colorado).

"Una verdadera vergüenza", reclamó, por ejemplo, Botana, al ser consultado este jueves en rueda de prensa por el proyecto cabildante. "Es impropio de cualquier ciudadano que crea en el buen funcionamiento institucional del país; cómo es eso de andar rotando, cambiando de fiscal cada seis meses. Pero además es para generar una adulonería política con el gobierno, yendo además contra la enemiga del narcotráfico", dijo el senador nacionalista, que agregó, resumiendo los argumentos que ofrecieron los otros: "Acá hay una sola manera de estar contra el narcotráfico y de pegarle una buena abofetada y es nombrar definitivamente a Ferrero como fiscal de Corte".

"Sacar a Mónica Ferrero es dejar ganar al narcotráfico y no estoy dispuesto a claudicar en esta guerra contra el narco, porque debería ser el centro de nuestros desvelos", dijo, por su parte, Ojeda a Canal 10.

Removerla es "aceptar la injerencia política en la Fiscalía General de la Nación y ser funcional a una estrategia de control político" y, además, continuó Bordaberry, "es ceder ante los que atentaron contra ella y su familia y pretendían lo mismo: sacarla de su cargo; malo para la República".

García dijo lo mismo: "Sacar a Ferrero de la Fiscalía es lo que quiere el narcotráfico".

Ahora bien, el proyecto de Cabildo es visto con buenos ojos en el gobierno, porque permite, por la vía de los hechos, quitar a Ferrero con mayoría simple la alcanzaría con los dos votos cabildantes en Diputados y no con la trabajosa mayoría especial en el Senado 19 legisladores que la Constitución demanda para elegir a un fiscal de Corte titular.

No obstante, en el Ejecutivo también impera el espíritu de Cabildo Abierto de que el Parlamento llegue por "consenso" a la resolución de este problema, y por eso, en distintos diálogos que se tienen por estos días entre legisladores, hay dos nombres que el oficialismo ha manejado como posibilidades para el cargo.

Uno de ellos, y que también es visto positivamente por Perrone como informó ayer El País es el de Enrique Rodríguez, fiscal de Lavado de Activos. Ese en primer término. En segundo, señalaron fuentes políticas y parlamentarias, está el de Gilberto Rodríguez, fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Tercer Turno.

Todo esto, enfatizaron los informantes, está sujeto a las "negociaciones parlamentarias" que el oficialismo buscará promover con el convencimiento de que ambos Rodríguez son figuras con el potencial, justamente, de alcanzar el anhelado "consenso", y mientras en la Torre Ejecutiva continúa e incluso se profundizó un diagnóstico crítico con la conducción que lleva adelante Ferrero, más allá del respaldo institucional que se le ha dado la jerarca, y específicamente luego del atentado que sufrió la fiscal en su propia casa el pasado 28 de setiembre.

Manini y la "buena idea" que la ley rija "una vez que Ferrero haya terminado su mandato"

La senadora Bianchi, muy activa también, fue insistente en las últimas horas: "Como integrante de la Coalición Republicana y ferviente coalicionista, hay que exigirle a Guido Manini Ríos que se pronuncie si respalda o no la conducta de Álvaro Perrone. Ya está cayendo demasiado bajo y nada menos con la Fiscal Ferrero. Pasó todos los límites", escribió en uno de sus tuit.

Y Manini respondió: "A mí no me tiene que exigir nada, ni ella ni nadie", dijo el exsenador, para enseguida entrar en tema: "Lo que pasa actualmente en la Fiscalía, que no haya acuerdo en el sistema político y se alcancen las mayorías especiales, es un bochorno", valoró en diálogo con El País. También consideró, en esta misma línea, que "esta situación de fiscales subrogantes que duran años es en definitiva una evasión al espíritu de la ley". Y que, por tanto, lo que el proyecto busca es "que se presione al sistema político de una vez por para llegar" al necesario acuerdo que designe a un fiscal de Corte titular. Lo que pretende es que ese jerarca "no surja de una cuota política, porque hoy parece que el fiscal general tiene que ser simpatizante de un bloque u otro y con el sorteo propuesto al menos se aleja esa politización".

Ahora bien, consciente del fuerte rechazo que generó esta propuesta en la coalición opositora por considerar que era una señal de agravio a la figura de Ferrero, Manini también sostuvo que sentía por la exfiscal de drogas "mucho respeto por su trayectoria" y que entendía que era una "buena idea" que esta iniciativa "se apruebe y empiece a regir una vez que Ferrero haya terminado su mandato".