La cuenta pendiente

El Banco de la República subió recientemente su tasa de interés a 12%, un incremento de 75 puntos básicos que muchos analistas atribuyen, sin matices, al repunte de la inflación a 6,14% en junio. Es una lectura incompleta. La Junta no solo responde a los precios: reacciona a un deterioro fiscal que el mercado lleva meses castigando con una prima de riesgo más alta. Colombia no tiene una crisis de inflación aislada: tiene una crisis de confianza en las cuentas del Estado y esa desconfianza también se paga en tasas. La señal ya no es solo doméstica. Fitch bajó la nota soberana de Colombia a BB, por debajo del grado de inversión, y S&P la ubica en BB-. Ambas calificadoras citaron la misma razón: la falta de un ancla fiscal creíble. Fitch proyecta un déficit cercano al 6,5% del PIB este año. La emisión de TES de esta semana, con una demanda de 4,1 veces lo ofrecido, muestra que el mercado sigue financiando al país. Pero financiar no es lo mismo que confiar sin condiciones: cada punto adicional de tasa es el precio que el inversionista cobra por la incertidumbre que genera un gobierno que ha intervenido buena parte del aparato productivo y social sin la transparencia que exige administrar recursos públicos. El caso de Nueva EPS es el más claro. Lleva más de dos años bajo intervención y solo ahora, por orden judicial, radicó sus estados financieros de 2023 y 2024. El resultado: pérdidas de $4,8 billones en 2024, pasivos por $22,5 billones, patrimonio negativo de $11,9 billones y facturas represadas a hospitales por $4,2 billones, un 266% más que el año anterior. Las cuentas de 2025 siguen sin conocerse. No es un caso aislado: son ocho las EPS bajo intervención con un déficit patrimonial conjunto que supera los $18 billones, en lo que la Contraloría calificó de deterioro crítico y sostenido. Lo mismo ocurrió con Air-e, la operadora eléctrica del Caribe. Cuando la Superservicios la tomó, en septiembre de 2024, la deuda con generadoras rondaba los $700.000 millones. Tras seis interventores y 21 meses de intervención, esa deuda escaló a $2,3 billones y el propio Gobierno terminó anunciando su liquidación, con riesgo real de apagones en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Hace apenas tres días, la Supersubsidio ordenó la intervención total de Comfamiliar Atlántico, una de las 13 cajas de compensación, de 42, que hoy operan bajo alguna medida cautelar. El patrón se repite: el Estado toma control prometiendo orden y transparencia, y entrega deudas más grandes y peor servicio que el que recibió del sector privado, con información que llega tarde, incompleta o bajo orden de un juez. Eso no es un detalle contable, es una señal de que el mercado lee con precisión al calcular el riesgo de prestarle a Colombia y que termina en la tasa que paga cada hogar. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro insiste en trasladar la responsabilidad. Propuso esta semana que la Nación asuma $11 billones de la deuda de Nueva EPS y culpó a la junta directiva anterior, presidida por Enrique Vargas Lleras, de un desfalco de facturas represadas. Puede haber responsabilidades previas, y la Contraloría debe establecerlas con rigor. Pero el hallazgo de casi 10 millones de facturas sin contabilizar desde 2008 salió a la luz bajo la administración interventora, no antes, y el deterioro financiero más agudo, en Nueva EPS, en Air-e y en las cajas, ocurrió después de la toma estatal, no antes. Las cosas hay que ponerlas en su sitio. La factura de este experimento la pagaremos los colombianos durante décadas, en tasas más altas, en tarifas de energía más costosas y en subsidios familiares en riesgo. Y buena parte de ese hueco fiscal todavía ni siquiera está bien contabilizado.