Instituciones para la incertidumbre climática

Julián López Murcia, DPhil
Lo más importante para un país no son sus líderes, sino sus instituciones. Son ellas las que garantizan, más allá del gobierno de turno, el bienestar de todos. Y hoy pocas pruebas les exigen tanto como la variabilidad climática extrema: lluvias más intensas, sequías más largas, eventos que ya no son la excepción sino el patrón. Colombia necesita instituciones a la altura de ese reto. La Corte Constitucional acaba de enviar un mensaje en esa dirección. En la sentencia C-191 de 2026, que revisó la emergencia declarada por las inundaciones de febrero, advirtió que cada fenómeno meteorológico no puede traducirse en un estado de excepción: esa, dijo, es una ‘ecuación inconstitucional’. A medida que la ciencia avanza, crece la capacidad de anticipar los eventos extremos y se estrecha el margen de lo genuinamente imprevisible. Por eso, las instituciones deben incorporar al ordenamiento, por las vías regulares, medidas ordinarias para enfrentarlos. Pero la Corte fue más lejos y constató debilidades en el sistema de gestión del riesgo y anunció que, en adelante, no le bastará al Ejecutivo con señalar la insuficiencia de los medios ordinarios: deberá demostrar cómo ha avanzado en fortalecerlos. En otras palabras: la falta de preparación no podrá invocarse como prueba de imprevisibilidad. ¿Y qué significa prepararse? En buena parte, garantizar la seguridad hídrica. Eso exige infraestructura gris —acueductos, alcantarillados y drenajes capaces de resistir extremos—, pero también infraestructura verde: soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de cuencas y humedales, que regulan los ciclos del agua y amortiguan inundaciones y sequías. En este frente, el cuello de botella no es solo de recursos, sino de escasez de proyectos. Colombia arrastra un déficit crónico de proyectos bien formulados, y sin proyectos financiables no llega la inversión, incluida la de los fondos internacionales que buscan dónde invertir en adaptación climática. Y aquí hay una oportunidad concreta. El Acto Legislativo 03 de 2024 elevará gradualmente el SGP —los recursos que la Nación transfiere a municipios y departamentos— hasta el 39,5% de sus ingresos corrientes, y su entrada en vigor depende de la Ley de Competencias que tramitará el nuevo Congreso. Esos recursos son de los territorios, y así debe seguir siendo. Pero la ley puede ordenar que una parte del incremento destinado a agua potable y saneamiento se use obligatoriamente en la formulación de proyectos a escala de cuenca. El agua no respeta límites municipales: formular proyectos fragmentados, municipio por municipio, es repetir el problema que cada emergencia pone en evidencia. Necesitamos instituciones -reglas de juego como la Ley de Competencias- acordes con la escala de los retos en el territorio.
Director de Nalanda Analytica.